Un sistema que ofrezca protección a testigos en el exterior, a través de leyes y acuerdos de cooperación entre los países de América Latina, podría contribuir mucho a la lucha contra el narcotráfico, afirmó hoy un legislador de Brasil.
El diputado brasileño Moroni Torgan, relator de una Comisión Parlamentaria de Investigación en materia de narcotráfico defendió esta idea ante Parlamento Latinoamericano, en reuniones realizadas el viernes y sábado.
El combate se hace mucho más dificil si no se ofrece seguridad a las personas cuyo testimonio puede llevar a la detención y condena de traficantes, argumentó.
Eso se aseguraría con la posibilidad de que un testigo brasileño se pueda refugiar en Venezuela, un peruano en México o viceversa, explicó a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado del Parlatino.
Torgan ilustró la dificultad de conseguir pruebas contra la delincuencia organizada, como es el caso del narcotráfico, con un caso aparecido en su Comisión Parlamentaria de Investigación.
Un fiscal dijo disponer de dos testigos, pero que no puede presentarlos porque eso causaría su asesinato, como ocurrió con los últimos que hicieron conocidos.
La "quema de archivos" es una expresión muy común en Brasil, donde existe una elevada mortalidad entre los que "saben mucho" en el mundo de la ilegalidad.
Al presidente de la Comisión especializada del Parlatino, el diputado boliviando Miguel Harb, le preocupa el lavado del dinero del narcotráfico. Es una actividad que se desarrolla principalmente en los grandes mercados consumidores, como Europa y Estados Unidos, señaló.
Argentina, Brasil, Chile y Panamá son países latinoamericanos donde "se blanquea mucho" de esas ganancias ilegales, junto con las islas caribeñas de Caymán y Bahamas, anadió.
El lavado en los países productores es mínimo, solo 60 millones de dólares en un total mundial de 400.000 millones, sostuvo, atribuyendo los datos a un estudio efectuado en Gran Bretaña.
Harb acusó Alemania y Suiza de "dificultar el rastreo del dinero sucio", al mantener un rígido secreto bancario y permitir "cuentas falsas, anónimas y con clave", incluso por el interés de sus bancos en quedarse con las fortunas por la muerte de sus dueños, frecuente por los riesgos de la actividad.
Por problemas de ese tipo, los países tienen que darse cuenta de la necesidad de "una legislación globalizada" para el éxito del combate al crimen organizado, que cruza las fronteras y escapa a las leyes nacionales, observó la argentina Silva Martínez, vicepresidenta de la Comisión.
Un plan de acción conjunto de América Latina y el Caribe, contra el narcotráfico será discutido en un seminario entre el Parlatino y responsables gubernamentales de esa área, según una propuesta aprobada en la Comisión.
Torgan criticó la política brasileña, similar a la de muchos países, que se concentrarse en la represión y conceder escasa atención a la prevención y recuperación de drogadictos. Una ley establece desde 1973 que los hospitales deben tener un sector para tratamiento de adictos, pero no se cumple, ejemplificó.
Tampoco las escuelas de Medicina contemplan asignaturas sobre prevención y tratamiento de la drogadición. La información sobre el problema está ausente también de la enseñanza primaria y secundaria, donde están las principales víctimas, se lamentó el diputado. (FIN/IPS/mo/mj/ip/99
