Delegados de comunidades y ambientalistas de América Latina manifestaron en la capital de Colombia su oposición a los planes de privatización del servicio de agua que se aplican en la región con el apoyo de la banca multilateral.
La discusión remitió a la pregunta de si la privatización convierte el agua en una simple mercancía sin que se considere su condición de fuente de vida y recurso natural que se agota.
En el trasfondo de las deliberaciones pesaron pronósticos tan sombríos como los de los expertos del Banco Mundial que han dicho que en el siglo XXI las guerras no serán por tierra sino por agua.
Las críticas a las privatizaciones, en particular a proyectos de acueductos y represas, se expresaron en El Taller del Agua, que congregó en Bogotá entre el martes y el jueves a delegados de países de América Latina.
La conferencia fue convocada por el Instituto del Tercer Mundo y la Redbancos, con sede en Uruguay, y auspiciado por el Centro de Investigación y Desarrollo del Canadá (CIID), como parte del proyecto "Investigación participativa sobre la banca multilateral del desarrollo".
La coordinación estuvo a cargo del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Ilsa), con sede en Bogotá.
La oposición a que los Estados dejen en manos de empresas privadas la producción, almacenamiento y distribución de agua potable llegó a afirmaciones como la de que constituiría "otro motivo de guerra en El Salvador", según el delegado de ese país, David Grijalba.
Grijalba representó a la Unión Nacional de Ecologistas de El Salvador y sustentó la tesis de que el agua debe ser considerada con una mirada integral en América Central, independientemente de las fronteras.
Para dimensionar la animosidad de los sectores populares centroamericanos contra la desestatización de los servicios públicos, Marilyn Dieguez, de la Universidad de Panamá, afirmó que solo la oposición a la privatización del agua concitó la unidad de todos los sectores políticos a fines de 1998.
La Confederación del Agua del Ecuador, que agrupa a 12 comunidades quichuas, habitantes de la Sierra en el norte de ese país andino, anunció un paro para julio en oposición a una ley de reforma que se impulsa en el parlamento desde 1995.
Según la abogada ambientalista Margarita Florez, de Ilsa, el gran interrogante en torno al manejo del agua es cuáles son las prioridades en la asignación de este recurso: la industria, las hidroeléctricas, o la satisfacción de las necesidades sociales del agua para consumo humano y los cultivos de subsistencia.
Florez dijo a IPS que el principal cuestionamiento a los planes de privatización de este sector es que "reduce el agua a una mercancía y le quita su calidad esencial como fuente de vida".
La abogada dijo que "la privatización está diseñada para que sea el gran capital el que pueda hacer los negocios, lo que conduciría a un monopolio del servicio".
En apoyo a esta afirmación, el chileno, Pedro Serrano, delegado de la organización ambientalista El Canelo de Nos, señaló que las privatizadas empresas de electricidad prefieren pagar multas a prestar el servicio en casos de emergencia.
Serrano se refería a los efectos del fenómeno climático de El Pacífico, que paralizó hidroeléctricas y suspendió la distribución, ante lo cual la empresa privada no puso en marcha un sistema termoeléctrico alterno, más costoso, por lo que fue sancionada.
Los grandes proyectos hidroeléctricos, cuestionados hace varias décadas por la alteración de ecosistemas y el desplazamiento de poblaciones que causan, también fueron blanco de las críticas.
El brasileño José Uliano Camilo, representante del Movimento de Atengidos des Barrangens, afirmó que "ningún dinero puede pagar a las comunidades desplazadas por los proyectos hidroeléctricos la ruptura de la organización social anterior".
"Nosotros no queremos plata, queremos tierra", dijeron delegados de la comunidad emberá-catíos del norte de Colombia, afectados por el proyecto hidroeléctrico de Urrá, zona ubicada en una de las zonas de mayor biodiversidad próxima al Darién, en la frontera con Panamá.
Hay ambientalistas que estiman que los efectos negativos del proyecto, que incluye cambio del cauce de ríos, son equiparables a los de la apertura de la carretera transamazónica en Brasil.
Dentro del amplio espectro de casos presentados al Taller del Agua, hubo algunos que expresaron soluciones alternativas tanto a la privatización como a los megaproyectos.
Tal es el caso expuesto por David Barkin, de México, quien relató como desde 1993 una organización de campesinos e indígenas de las etnias chontal, zoque, tzotzil y zapotec, del estado de Guajaca, surten de agua al complejo hotelero de Huatulco, en el litoral Pacífico.
La organización que agrupa unos 70.000 miembros de las comunidades nativas ha logrado imponer un modelo de desarrollo sustentable que conserva las cuencas y garantiza el suministro de agua potable.
Reforestando un bosque de 15.000 árboles de maderas preciosas, administrando 12 cabañas turísticas de diseño y materiales ecológicos, y la producción de papel artístico, los nativos de Huatulco derrotaron la propuesta de una planta desalinizadora.
También, de alguna manera, están cobrando cuentas del pasado cuando en la década del 80 los enfrentamientos por la construcción del complejo hotelero y la expropiación de tierras costó la vida de 150 nativos.
Barkin dijo a IPS que la planta desalinizadora costaba 60 millones de dólares y su mantenimiento, cinco millones, sin contemplar los costos ambientales y sociales. ((FIN/IPS/mig/mj/en/99
