Organizaciones campesinas, ecologistas y sociales de 12 países latinoamericanos demandaron hoy en esta capital el control ciudadano sobre el uso de plaguicidas, con renovadas denuncias sobre los daños que causan los agroquímicos en la salud y el ambiente.
El tema es abordado desde este martes hasta el jueves en un seminario convocado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG).
En el encuentro participan unas 300 personas, entre dirigentes, expertos, académicos y víctimas del uso masivo de plaguicidas y pesticidas, entre las cuales se incluyen madres campesinas que dieron a luz hijos con malformaciones.
La chilena María Elena Rozas señaló como principal objetivo del seminario el de propiciar la participación ciudadana en el control y fiscalización de los agroquímicos y en la elaboración de leyes a ese respecto.
El encuentro hará propuestas para normar regionalmente el uso de plaguicidas, pesticidas y fungicidas, y elaborar guías sobre estos productos y las consecuencias de su uso, añadió Rozas, coordinadora de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida.
La globalización, con la apertura de mercados y metas de mayor productividad agrícola, aumentó en los últimos años el comercio de estas sustancias hacia América Latina, que es la región de más rápido crecimiento en la importación de agroquímicos.
Según datos de organismos especializados, en 1996 las ventas globales de agroquímicos crecieron 5,5 por ciento, pero en América Latina el incremento fue de 16 por ciento, indicaron los organizadores del seminario.
Los procesos de armonización de reglamentos al interior de los bloques comerciales contribuyen a debilitar las leyes nacionales e incluso a bloquear las acciones que en el marco del ejercicio de la democracia apunten a regular los plaguicidas, añadieron.
El peruano Luis Gomero, coordinador de RAPAL, planteó la necesidad de contar con programas y acuerdos regionales para impedir que se anulen los avances logrados con el dictado de leyes marco sobre ambiente y de control de plaguicidas.
RAPAL, como red regional de ONG, busca crear mecanismos concretos para una participación efectiva de la ciudadanía y conseguir que la sociedad civil tenga los instrumentos necesarios para la fscalización y control de los agroquímicos.
Rozas y Gomero subrayaron que el desarrollo de una agricultura sostenible es la respuesta adecuada de América Latina no sólo para disminuir el uso de plaguicidas y sus efectos sobre la salud de las personas, sino también para preservar el ambiente.
Alfonso Espinoza, dirigente nicaragüense de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), afirmó que una reforma agraria integral, la preservación ambiental y la conservación de la fauna y flora son parte de un mismo proceso.
Espinoza sostuvo que se culpa injustamente a la agricultura de subsistencia de los campesinos sin tierra de la degradación de los suelos, en circunstancias de que la mayor responsabilidad es de las transnacionales que imponen políticas de monocultivos.
Las transnacionales buscan compensar los bajos precios de las materias primas agrícolas con mayor productividad, para lo cual aplican agroquímicos en gran escala, lo que va provocando los daños a los ecosistemas, advirtió el dirigente.
En América Central, el embate sucesivo de los fenómenos de El Niño, la Niña y el huracán Mitch demostró que los daños fueron menores allí donde hubo anteriormente preocupación por preservar la flora y la fauna, indicó Espinoza.
Joao Roquett, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, señaló que el desarrollo de la agroecología entre los campesinos es "extremadamente revolucionario", ya que es una respuesta al círculo vicioso en que se debate el medio rural en su país.
La falta de acceso a la propiedad de la tierra lleva a la exclusión del campesino y genera problemas ambientales y sociales, no sólo en el campo, sino también en las ciudades. Por ello "la reforma agraria es una lucha de todos", dijo Roquett.
Sostuvo también que 40 a 60 por ciento de los créditos que se dan en Brasil para pequeños productores campesinos se invierten en semillas híbridas y agroquímicos, lo cual significa que se alimenta "la víbora debajo de la cama".
Roquett, quien dirige un programa de producción de semillas ecológicas en el MST, advirtió además que en nombre de la eliminación de los plaguicidas se están introduciendo los cultivos transgénicos, que representan otro grave peligro.
"No necesitamos transgénicos, queremos tierras", expresó el dirigente, quien subrayó que estos tipos de cultivos, basados en la manipulación genética, constituyen una amenaza que se suma al empleo de semillas híbridas y de agroquímicos. (FIN/IPS/ggr/ag/en/99
