La pugnacidad con la que Venezuela avanza hacia un nuevo modelo político alcanzó una tregua, después que el gobierno y el opositor Congreso lograron un acuerdo sobre una ley para enfrentar la emergencia financiera.
El parlamento, controlado en dos terceras partes por fuerzas opuestas al presidente Hugo Chávez, aceptó ampliar los poderes que había otorgado previamente al gobierno, para que pueda decretar una serie de medidas tributarias, financieras y de reforma administrativa, destinadas a limitar el deficit fiscal.
La polémica sobre la llamada Ley Habilitante elevó la tensión entre los dos poderes en la antesala del día 25, cuando se realizará un referendo que decidirá si en julio se instala una Asamblea Constituyente, con la tarea de redactar en seis meses una nueva Carta Magna y rediseñar políticamente el país.
Chávez logró mayor libertad de acción para atajar el mayor deficit fiscal de la historia del país, cercano a 9.000 millones de dólares y equivalente a casi la mitad del presupuesto, mientras 80 por ciento de la población vive en pobreza.
El disidente dirigente socialista Teodoro Petkoff, ministro de Planificación en el anterior gobierno, afirmó que Chávez utilizó con el Congreso, en la pugna por la ley, el sistema de "ducha escocesa", con chorros sucesivos de agua caliente y fría.
Con esa estrategía el presidente triunfó en obtener que "la Ley Habilitante no fuese en realidad inhabilitante", como la oposición impuso en la primera versión, aprobada el 27 de marzo y devuelta para su reconsideración por Chávez el día 6.
El vespertino El Mundo, que pasó a ser dirigido por Petkoff esta semana, calificó este viernes la explosiva tensión de los últimos diez días entre el gobierno y el parlamento como "un juego de equívocos", con el final previsible del acuerdo.
Pero analistas como Luis Vicente León o el politólogo Angel Alvarez, percibieron también en la apuesta de la confrontación que jugó Chávez con el Congreso, la intención de agitar a sus partidarios, para motivarlos a concurrir al referendo.
Cuando se descuentan los días para la celebración del primer referendo en la historía democrática del país, hay una total falta de ambiente electoral en el país, por cuanto sólo dos grupos muy minoritarios han planteado votar por el "no".
Más de 85 por ciento de la población favorece la realización de una Asamblea Constituyente, como la vía para renovar la democracia venezolana y sus instituciones, sumidas en el decrédito por la corrupción, el colpaso de los servicios y la brutal caída en las condiciones de vida.
La Asamblea fue la gran promesa electoral de Chávez, quien supo encarnar la frustración de la mayoría depauperada por los errores de la llamada partidocracia, gracias a sus ideas nacionalistas y al hondo contenido social de su discurso.
Chávez es un teniente coronel retirado de 44 años que hace siete años intentó tomar el poder por las armas, lo que mantiene en sus acciones la sombra de intenciones autoritarias, que los partidos tradicionales buscan poner en relieve con "triquiñuelas parlamentarias", según planteó Petkoff.
Pero la falta de opositores en la arena electoral ha generado la apatía ante el referendo y Andrés Caleca, presidente del Consejo Nacional Electoral, teme que la abstención "sea enorme", después que en los comicios presidenciales ya sumó 35 por ciento.
Una escualida participación de los 11 millones de elctores pondría "plomo en el ala" en el proceso constituyente, según reconocen miembros de la comisión presidencial sobre el tema.
En lugar de utilizar su potente popularidad para inducir a una masiva participación en el referendo, Chávez escogió la confrontación con el Congreso para movilizar a sus partidarios. Los primeros dos meses de gestión obtuvieron 84 por ciento de apoyo, según un sondeo difundido este viernes.
El canciller José Vicente Rangel reconoció a corresponsales extranjeros que la dura confrontación con el Congreso, respondía a la necesidad de agitar la calle para "motivar a votar" a la población el día 25.
El presidente, en otro encuentro con la prensa extranjera, coincidió con el canciller que la confrontación política va a marcar un período que Chávez define como "una revolución pacífica y democrática" y que el mundo deberá acostumbrarse.
Chávez amenazó al Congreso con decretar un estado de emergencia si no se le eliminaban las restricciones con que fue aprobada su solicitud de poderes especiales, un recurso habitual en este país que han tenido la mayoría de los presidentes en los 41 años del ciclo democrático que está en fase terminal.
También reiteró su apoyo a que sea disuelto por la Asamblea una vez que se instale, algo que la Corte Suprema de Justicia ha hecho imposible esta misma semana, cuando limitó sus funciones a reescribir la Constitución.
En la práctica, la campaña contra la Asamblea se ha dado en el plano jurídico y no electoral y político, con impugnaciones a la convocatoria al referendo con que Chávez inaguró su gobierno y a las bases comiciales para elegir a los constituyentistas.
Cientos de enardecidos manifestantes se mantuvieron por tres días ante el Congreso, en exigencia de que se aprobase una segunda versión de la Ley Habilitante y de que se cierre el Poder Legislativo, la institución que concentra el mayor rechazo popular, según sondeos de la firma Datanálisis.
También pidieron el cierre de la Corte Suprema, después de su pronunciamiento contra los poderes plenipotenciarios para la Asamblea, mientras el máximo tribunal exigió al presidente el cese de la hostilidad y el irrespeto en su contra.
Chávez dijo a la prensa extranjera el jueves que su propuesta de que la Asamblea tenga facultades para asumir funciones de los tres poderes democráticos, incluido el presidencial, busca evitar que el Congreso y la Corte pongan obstáculos a los acuerdos que vaya alcanzando, durante los seis meses de sus labores.
Tal como ha sucedido en otros países latinoamericanos, como Colombia y Ecuador, se adelanta que la Asamblea determinará que los miembros del Congreso y la Corte deberán ser reelegidos en cuanto entre en vigor la nueva Constitución, para asumir cambios en sus funciones y forma de escogencia.
Luis Vicente León, director de Datanálisis, dijo a IPS que más allá de la tormenta verban que azotó la política venezolana, "Chávez hasta ahora lo que ha hecho es negociar, mediante la imposición de la fuerza de su popularidad".
El ex presidente Carlos Andrés Pérez, al que Chávez intentó derrocar en 1992, ratificó este viernes su apoyo a la Asamblea y dijo que Chávez tiene mucha razón en que hay que abrir un nuevo ciclo histórico.
Pero adujo que en realidad el presidente lo que busca es imponer "una dictadura" así sea a cámara lenta, y que las amenazas de Chávez contra los demás poderes y el lanzamiento de "huestes callejeras" fueron esta semana una indicación clave de ese objetivo. (Fin/IPS/eg/ip la/99
