Poco más de 11 millones de electores decidirán este domingo en Venezuela si quieren que una Asamblea Nacional Constituyente rediseñe políticamente el país, la forma en que se eligirían sus miembros y los alcances de su tarea.
Es la primera ocasión en que los venezolanos utilizan el mecanismo de un referendo y fue convocado por Hugo Chávez, al asumir la presidencia el 2 de febrero, para cumplir lo que fue su gran promesa para impulsar el cambio que exige la población.
El referendo tiene dos preguntas y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, admitió que hay "un vacio sobre qué hacer" en el caso de que gane el SI a la primera y el NO a la segunda, a lo que apuestan los opositores de Chávez.
La primera pregunta consulta sobre si se convoca a una Asamblea "con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, que permita el funcionamiento efectivo de uan democracia social y participativa".
El agotado modelo democrático que rige en el país desde que se derrocó en 1958 la última dictadura, y fue sancionado por la más longeva Constitución venezolana, de 1961, es representativo y basado en el dominio de los partidos de la vida pública.
La segunda pregunta fue objeto de polémica desde que Chávez emitió el decreto, porque inicialmente pedía facultar al presidente a fijar posteriormente las bases comiciales, tras una consulta con todos los sectores del país. Una fórmula que juristas y opositores consideraron antidemocrática.
Chávez rectificó y fijo públicamente las bases, tras 200 horas de consultas con dirigentes políticos, económicos y sociales, lo que evitó que prosperase una cadena de impugnaciones ante la Corte Suprema de Justicia contra esa pregunta.
Pero la Corte sí ordenó al CNE la revisión de esas bases y su inclusión en el referendo. En una segunda sentencia hace diez días, cuando las boletas de votación ya estaban impreas, ordenó reformular la base que fija los limites de la Asamblea, pero sin necesidad de hacer cambios en los textos impresos.
El punto es vital porque el planteamiento de Chávez es que la Asamblea tenga poderes plenipotenciarios y pueda asumir funciones de los poderes instituidos, incluido el ejecutivo, lo que permitiría cerrar temporalmente el Congreso y la Corte.
En cualquier modo, se da por descontado que las normas transitorias de la nueva Constitución forzarán la elección en el año 2000, de acuerdo a nuevas reglas y funciones, de los miembros de los poderes Legislativo y Judicial.
Por el contrario, en el caso de Chávez, la nueva Carta Magna sería el vehículo para alargar más de cinco años su permanencia en el poder, porque se incorporaría la reelección inmediata, que no se contempla en la Constitución actual.
Chávez ha anticipado que pretende permanecer en el poder hasta el 2009, apoyado en un respaldo popular que según sondeos de este mes supera el 80 por ciento, porque ese es el tiempo que dice requerir para impulsar "la revolución pacífica, democrática y humanista" que requiere el país.
El resultado de la dísputa sobre la segunda pregunta es un texto hermético, donde las bases no están explícitas, mientras la campaña para difundirlas ha sido un gran fallo del CNE, lo que ha generado una alta confusión, que atenta contra el SI.
Los sondeos fijan más de 70 de apoyo para la primera pregunta y en torno a 56 por ciento para la segunda, el mismo porcentaje qeu Chávez obtuvo en los comicios presidenciales de diciembre.
La alianza de casi toda la izquierda y antiguos militares golpistas que respalda a Chávez bajo el nombre de Polo Patriótico no ha hecho ninguna campaña para aclarar las confusiones, mientras la oposición se ha afincado en ellas para impulsar el voto por el NO en la segunda pregunta.
Esa pregunta inquiere al elector: ?Está usted de acuerdo con las bases prpuestas pro el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Cosntituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral", el 24 de marzo y publicadas en una gaceta del organismo?.
Las bases propuestas por Chávez fueron apoyadas por la mayoría de los impugnadores, menos uno que impulsó las dos sentencias de la Corte para dejar claro que la Asamblea no tendrá carácter originario, lo que le resta poderes plenipotenciarios y limita su función a reescribir la Constitución.
La primera base fija que no se requerirá una mayoría superior al 50 por ciento de electores para que el referendo y el resto del proceso constituyente tenga validez, como pedía la oposición.
Caleca explicó a IPS que un quorum mínimo no puede exigirse cuando la abstención es muy alta en el país en todos los comicios y hay dudas sobre cuanta responde a las fallas del registro electoral, cuya depuración está pendiente después que los partidos fueron alejados en 1998 del control del CNE.
La segunda fija en 131 miembros a los constituyentistas y la tercera fija que la escogencia será en forma personalizada, por nombre y apellido, mediante tres formas de selección: 24 por circuito nacional, 104 por las regiones y tres por los indígenas.
La cuarta base establece que los candidatos podrán postularse por tres vías: por iniciativa propia, de los partidos o de cualquier sector de la sociedad civil, y requerirán 20.000 firmas si van en la lista nacional y porcentajes de la población en los 24 circuitos electorales si van en las listas regionales.
Paradójicamente son los partidos tradicionales los que más rechazan que los partidos aparezcan postulando y comandan el avance de la campaña para que no se detalle en los listados la organización a la que pertenecen, a sabiendas que el electorado rechazará a sus candidatos.
En cambio, las fuerzas del gobierno requieren que sus menos conocidos postulados sean apuntalados por la identificación de "chavistas" para que la población los seleccione, mientras que grupos de electores y partidos opositores consideran que eso sería "entubar una Asamblea sumisa al presidente".
La quinta base detalla que la Asamblea funcionará por 180 días y la sexta que los elegidos responderán a los requisitos de elegibilidad de la actual Constitución: tener 21 años y ser venezolano por nacimiento.
Esta regla es adversada por los inmigrantes nacionalizados y es una de los grandes argumentos opositores a la segunda pregunta, mientras el gobierno no ha sabido explicar que la regla es impuesta por el orden jurídico que quiere cambiar.
La séptima base fija que los constituyentes deberán dedicarse a tiempo completo a su tarea y que deberán renunciar a cualquier cargo público cuando se convoque a la elección, mientras la novena establece que la Constitución que se redacte deberá ser aprobada por otro referendo, seguramente en febrero del 2000.
La base más controvertida ha sido la octava, en que se establece que la Asamblea dictará sus propios estatutos, pero tendrá como límites los valores y principios republicanos, el cumplimiento de los tratados internacionales, los acuerdos de la República, los derechos humanos y las garantías democráticas, "dentro del más absoluto respeto a los compromisos asumidos".
La Corte fijó que no rige en esa base la parte que define a la Asamblea como "poder originario que recoge la soberanía popular", y que debe quedar claro que la Constitución calificada por Chávez de moribunda estará vigente hasta que haya otra. (Fin/IPS/eg/ip/99
