Los poderes públicos en Venezuela superan sus diferencias sobre la conducción inmediata del Estado, al asomarse la recta final para el referendo del día 25 sobre convocar una Asamblea Constituyente, pero sostienen para el mediano plazo su duelo de vida o muerte.
El presidente Hugo Chávez, acusado por la oposición de mantener intenciones de dar un "autogolpe" con disolución del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, descartó de plano esa posibilidad y se comprometió a respetar la legalidad "para que nuestra victoria sea más contundente".
"Sería muy fácil sacar a la calle 20 tanques y unos cuantos batallones, pero nuestra intención es derrotar a los adversarios de la transformación en su propio terreno y con sus propias leyes. Aquí no habrá violencia", dijo Chávez, un teniente coronel retirado de 44 años.
Pero, agregó, "yo sí estoy de acuerdo con que la Asamblea Constituyente debe disolver el Congreso, para elegir otro, con otros métodos, que sea legítimo. Y agrego a mis convicciones que también debe disolver a la Corte Suprema de Justicia".
Chávez dio una rueda de prensa la noche del martes para deplorar una decisión de la Corte que, pocas horas antes, estableció que la asamblea que se elija no podrá actuar como "poder constituyente originario", por lo que deberá limitarse a redactar una nueva Constitución.
El efecto político es inmediato. Chávez no oculta, desde su campaña electoral en 1998, que desea una constituyente que apenas instalada concentre poderes del Estado, incluido el suyo, para "refundar la república".
Los partidos tradicionales (el socialdemócrata Acción Democrática y el socialcristiano Copei), así como nuevas formaciones conservadoras, que entre todas reúnen casi dos tercios de escaños en el Parlamento, se oponen a la disolución que pregona Chávez.
La decisión de la Corte les ha favorecido, pero han debido pagar el precio de demoledoras críticas del presidente a los partidos y al Congreso, una sostenida matriz de opinión pública adversa, manifestaciones populares en su contra y el posible retiro de las bancadas oficialistas.
Sin embargo, y aunque adversa a una de las tesis de Chávez, la decisión de la Corte consolida el llamado a referendo, cuestionado hasta que lo avaló una decisión previa suya en enero, y permite su realización en la fecha prevista.
La figura del referendo es inédita en Venezuela y el del día 25 será el primero en su historia. Paradójicamente, sólo grupos muy minoritarios y algunas individualidades han pedido votar "No" y figuras que adversaron frontalmente la idea constituyente anuncian que se presentarán como candidatos.
La victoria previsible del "Sí", a caballo de la popularidad de Chávez -más de 80 por ciento de aceptación según encuestas que, sin embargo, encuentran a sólo uno de cada cuatro venezolanos interesado en el referendo- alentó el debate ya concluido sobre las "bases" de la nueva asamblea.
Otra confrontación inmediata ya en vías de solución es la generada por la solicitud de Chávez al Congreso para que, con una Ley Habilitante, le facultase para tomar medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de reorganización de la administración pública.
El gobierno buscó con la ley disminuir el déficit fiscal, previsto para 1999 en nueve puntos del producto interno bruto (PIB) o 9.000 millones de dólares, equivalentes a casi la mitad del presupuesto anual ordinario.
El proyecto de ley originó un enfrentamiento tras el cual Chávez exigió que le aprobasen el texto tal como lo solicitó o en su defecto decretaría un estado de emergencia económica para tomar las medidas por vía de excepción.
Otros presidentes en el período democrático (desde 1958) han recibido amplios poderes para legislar por decreto mediante leyes habilitantes, y han declarado situaciones de emergencia, pero en el contexto de confrontación de 1999 la oposición presentó esa opción como nueva vía a un golpe de estado.
Las organizaciones de empresarios terciaron en ese flanco del debate para dar más razón al presidente que al Congreso, apoyar la reducción del inflacionario déficit fiscal y explicar la mala imagen del país de cara a los inversores externos si se decreta un estado de emergencia.
Chávez incluso ordenó a sus ministros desobedecer los llamados del Congreso a interpelaciones a propósito de la Ley Habilitante, pero luego gobierno y parlamento se avinieron a encontrar un camino para discutir la aprobación o no de la ley en pocos días.
Pero las confrontaciones de largo aliento persisten. La Corte ha demandado "cese de la actitud hostil e irrespetuosa" del presidente, y éste mostró en la rueda de prensa cómo los magistrados produjeron un comunicado en su contra basándose en declaraciones que le atribuyeron pero que no dijo.
El Congreso, que aporta algunas caras nuevas como portavoces de oposición, ha sido hasta ahora -junto con los medios de comunicación y la recurrencia a la Corte- la tribuna de los partidos tradicionales, visiblemente incapaces de reunir manifestaciones de calle en su favor.
Chávez le ha hecho blanco constante de sus críticas a las cúpulas políticas "desprovistas de legitimidad". En cuanto a los partidos tradicionales, el presidente los ha llamado "nidos de víboras".
"Los inversionistas", comentó el canciller José Vicente Rangel, "tendrán que acostumbrarse a que este país ofrecerá garantías para la inversión pero con debate político, enfrentamiento y cuestionamiento".
El martes, antes de conocerse los pronunciamientos de la Corte y de Chávez, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, James Foley, manifestó la esperanza de Washington de que "Chávez gobierne de un modo consistente con la Constitución". (FIN/IPS/jz/eg/ip la/99
