El gobierno de Venezuela replicó hoy a Estados Unidos que "no debe existir ninguna duda acerca de la voluntad democrática" del presidente Hugo Chávez, ante un pronunciamiento de Washington sobre la tensa situación interna.
El canciller venezolano, José Vicente Rangel, emitió un comunicado en respuesta a al planteamiento del portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, James Foley, en que planteó el interés en que Chávez "gobierne de manera acorde con la Constitución y tradiciones democráticas".
Rangel, veterano político de la izquierda moderada, precursor en la defensa de los derechos humanos en el país y famoso periodista de denuncia, dijo que "valoramos la preocupación que sobre Venezuela expresa el Gobierno de Estados Unidos".
Pero añadió en un documento leido por él mismo que la voluntad democrática de Chávez ha sido "suficientemente demostrada", desde que asumió la presidencia, el 2 de febrero, tras una contundente victoría electoral, gracias al apoyo de las capas máas pobres y frustradas de la población.
Rangel declaró que "en Venezuela se lleva a cabo el proceso político más auténtico, profundo y realmente democrático de su historia contemporánea", para transformar el modelo político mediante lo que el ex presidente estadounidense James Carter calificó como "una revolución pacífica", en diciembre.
Añadió que la posición del gobierno venezolano en materia de libertades públicas, derechos humanos y repeto a los principios democráticos "es inmodificable e irreductible" y que no está condicionada ni depende de reconocimientos externos.
Tampoco se rige por "consideraciones ajenas a la propia determinación del pueblo venezolano en ajercicio pleno de su soberanía", dijo Rangel en el comunicado.
Añadió a periodistas que fuera y dentro del país es necesario que aprendan a convivir con un periódo en Venezuela de confrontación y áspero debate entre los protagonistas del viejo modelo político y el nuevo que se pretende hacer surgir.
Venezuela vive días de crispación política después que el presidente se pronunció contra la legitimidad del Congreso y la Corte Suprema de Justicia y propuso que sean disueltos una vez que se instale la proyectada Asamblea Constituyente, en julio.
Eso se produjo después que el Congreso le aprobó sólo parcialmente una Ley Habilitante para instrumentar por decreto medidas urgentes en materia económica, a fin de poder aliviar el mayor deficit fiscal de la historia del país.
Chávez amenazó con adoptar un estado de emergencia económica, lo que contempla la Constitución, si el Congreso no le aprueba sin restricciones los poderes especiales, un recurso habitual de los gobiernos venezolanos, para agilizar la adopción de medidas.
El gobierno no cuenta con mayoría en el parlamento, que es controlado por los partidos tradicionales, barridos del poder tras 40 años de dominio en la conducción política por la alianza de izquierda y antiguos militares golpistas que apoya a Chávez, un teniente coronel retirado de 44 años, que se alzó en 1992.
Tampoco tiene parcelas en la cúpula del Poder Judicial, cuyos 15 magisrados fueron elegidos por las direcciones de los partidos dentro de un acuerdo de la anterior legislatura parlamentaria, una forma de elección que Chávez critica.
La confrontación entre los tres poderes subió aún más de tono cuando la Corte demandó a Chávez el cese en la hostilidad e irrespeto del Poder Judicial, y fijó que la Asamblea Constituyente no tendrá carácter originario, por lo que no podrá disolver los poderes constituidos mientras esté funcionando.
Dentro del parlamento, algunas figuras denuncian que Chávez pretende dar un "autogolpe", al amparo de esa Asamblea y resaltan que el presidente ha subrayado que espera que en la nueva Constitución se contemple la reelección de los mandatarios.
Rangel aseguró al gobierno de Estados Unidos que el presidente se propone "con el apoyo abrumadoramente mayoritario del pueblo venezolano, legitimar los poderes públicos mediante el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, siempre y cuando así lo decida la voluntad popular".
El canciller recordó que el día 25 se realizará en el país un referendo consultivo sobre si la población quiere que se instale la Asamblea y que en seis meses redacte una nueva Carta Magna, para establecer una democracia "participativa y popular".
Sólo algún grupo político marginal pide el voto por el "No", lo que ha aumentado la apatía por el primer referendo en la historia del país, y el propio Rangel reconoció a corresponsales extranjeros que con el tormentoso clima de estos días, Chávez busca movilizar a los partidarios del "Sí".
El referendo es visto como un trámite por los partidarios de la Asamblea, que superan el 80 por ciento según los sondeos, mientras la oposición de los partidos tradicionales y nuevas organizaciones se ha plegado a la iniciativa, tratando de limitar sus alcances mediante recursos jurídicos ante la Corte.
Desde el martes, cientos de maniffestantes rodean la sede del Congreso, en el centro histórico de Caracas, en demanda de que se apruebe la Ley Habilitante y de que se disuelva ese poder, y este miércoles impidieron el ingreso de los legisladores a su sede por varias horas.
Los manifestantes son militantes del Movimiento Quinta República, el partido de Chávez, y también han extendido su protesta, aunque en forma más limitada a la sede de la Corte.
El presidente criticó la noche del martes, durante una rueda de prensa televisada, ese tipo de manifestaciones e hizo un llamado a no obstaculizar la labor del Congreso, pero su llamado no fue oído por sectores radicales de sus adeptos. (Fin/IPS/eg/ip la/99
