Casi tres meses después de asumir como presidente, Hugo Chávez comenzó a sumergirse hoy en el gobierno económico de Venezuela, al promulgar una ley que le otorga poderes extraordinarios para equilibrar las cuentas fiscales.
"Tenemos habilitante", dijo el presidente al anunciar que aceptó la segunda versión aprobada por el Congreso, y anticipó que el martes podría firmar los dos primeros decretos-leyes, referidos al ámbito tributario.
El presidente anunció también que este lunes firmó el decreto que incrementa los salarios de los trabajadores públicos en 20 por ciento y pidió a los empresarios que adopten una medida similar inmediata, durante una alocución televisiva.
Chávez explicó que se propone decretar con urgencia un tributo temporal a los débitos bancarios, necesario para pagar el incremento salarial al millón de empleados públicos. El otro decreto transformará en un IVA el impuesto a las ventas al mayor, que tendrá una tasa de 15,5 por ciento.
En el plano financiero, los poderes extraordinarios le permiten también endeudarse hasta por 7.790 millones de dólares, de los cuales 4.545 millones en el extranjero.
Además reorganizará despachos de la administración pública para ahorrar gastos, podrá modificar leyes de licitaciones, concesiones y sobre los fondos de seguridad social, y fijará nuevas pautas para desarrollar las industrias nacionales de hidrocarburos "aguas abajo" y la electricidad.
La adopción de la ley cierra la pulseada inicial entre Chávez y los partidos tradicionales atrincherados en el parlamento, donde reúnen mayoría, y que se tradujo en la aprobación de una primera versión de Ley Habilitante que el Ejecutivo rechazó por considerar que le ataba de manos.
En paralelo con la pulseada corrió la convocatoria de Chávez a un referendo realizado este domingo acerca de convocar a una Asamblea Constituyente que proveea al país de un nuevo marco para su ordenamiento jurídico.
Tras ganar el Sí en el referendo, la Asamblea se elegirá en junio y se instalará el julio. "Mientras, debemos dedicarnos a los otros temas, como abatir la inflación", observó Francisco Natera, presidente de la organización empresarial Fedecámaras.
"Una de las principales batallas del gobierno sale de combate. Ahora hay que atender problemas como salarios, desempleo, seguridad social, hambre e insalubridad", dijo Carlos Navarro, secretario general de la principal central sindical.
De los indicadores que Venezuela tiene en rojo, uno que demanda atención urgente es el déficit fiscal, estimado en 9.000 millones de dólares (nueve puntos del producto interno bruto, PIB), equivalentes a casi la mitad del presupuesto anual.
Para enjugarlo e incluso satisfacer un alza prevista de 20 por ciento en los salarios de casi un millón de empleados públicos, el gobierno busca combinar los ahorros en los gastos con nuevos impuestos y más endeudamiento, sin apostar, como en el pasado, a ingresos producto de alzas en los precios del petróleo.
El Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor o "Iva disfrazado", que rige desde hace cinco años y tiene una alícuota de 16,5 por ciento, se establecerá sobre el universo consumidor con una tasa de 15,5 por ciento.
La mayor polémica en el parlamento entre el oficialismo y la oposición fue la ardorosa defensa que la segunda hizo de la obligación de entregar 20 por ciento de lo recaudado por IVA a un fondo que nutre las gobernaciones de los estados. Al final quedó una banda de entre 15 y 20 por ciento.
El impuesto al débito bancario, que ya se practicó en Venezuela en 1994 y 1995, gravará esas transacciones con una tasa de 0,50 a 0,75 por ciento. La idea de buscar más recursos con impuestos a los combustibles fue desechada.
En el exterior se buscarán créditos con multilaterales, bajo el paraguas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que enviará una misión a Caracas el 10 de mayo. Entre sus bazas, el gobierno tiene la excelente relación de su ministra de Hacienda, Maritza Izaguirre, con el Banco Interamericano de Desarrollo.
También se acudirá a mercados de capital, en tanto dentro del país el endeudamiento será a base de Letras del Tesoro y títulos de deuda interna, aunque también se tocará a proveedores.
El conjunto del nuevo endeudamiento alcanza a ocho puntos del producto interno bruto (PIB), sobre una deuda pública cuyo componente externo equivale a un cuarto del PIB y consume casi 20 por ciento del presupuesto anual de gastos. Chávez aboga por reprogramar una parte de ese servicio.
La reducción de gastos fusionando o reorganizando despachos públicos no ofrece resistencia en el nivel político, pero sí en el laboral: se necesitan enormes recursos para pagar indemnizaciones a los empleados que sean pasados a retiro.
Las reformas a las leyes de la seguridad social seguirían la prédica de Chávez, adversario del "neoliberalismo salvaje" y de que la creación de fondos previsionales con administración privada pueda dejar fuera de los circuitos asistenciales a gruesos sectores de la población.
Los decretos-leyes que producirá Chávez facilitarán un entendimiento directo entre el gobierno y los inversores para desarrollar el sector eléctrico privado, tanto con la venta de plantas en manos del Estado como en acordar tarifas en las distintas fases de generación y distribución de electricidad.
Las reformas en las leyes de concesiones y licitaciones buscan animar negocios referidos a la construcción y operación de la planta física y los sistemas de transporte. El sector privado ha respaldado esta iniciativa gubernamental que agregaría rapidez a la transparencia requerida para los procesos.
En minas y energía, y en lo referido a la industrialización de hidrocarburos, el parlamento rehusó entregar a Chávez poderes para que reestructure todo el sector y pactó con el gobierno la aprobación por la vía legislativa más rápida de un abanico de leyes específicas, más una de tipo marco. (FIN/IPS/jz/eg/la/99
