La Corte Suprema de Justicia de Venezuela demandó hoy al presidente Hugo Chávez el cese de la hostirlidad en su contra y le alertó sobre su decisión a usar todos los recursos, incluidos los internacionales, para preservar el orden jurídico en el país.
El máximo tribunal respondió con un duro comunicado a las expresiones de Chávez, el domingo, en las cuales puso en duda "la autoridad legitima y moral" de los otros dos poderes democráticos, dentro del pulso que ha echado con el Congreso por la concesión de poderes económicos especiales.
Chávez planteó en una población a 150 kilómetros de Caracas este mismo lunes, antes de conocer el pronunciamiento de la Corte, que cuando habla de los problemas de los tres poderes públicos, es porque reconoce la existencia de los tres.
Pero el presidente subrayó que nadie duda en Venezuela que al Poder Judicial hay que depurarlo y restructurarlo, comenzando por la Corte Suprema de Jusiticia, dentro de la restructuración y relegitimación general de los poderes que la población exige.
La presidenta de la Corte Suuprema, Cecilia Sosa, expresó al dar a conocer el comunicado de sus 15 magistrados, que las expresiones de Chávez, además de ser hostiles, "no reflejan la actitud que el máximo tribunal ha tenido ante el país".
Sosa dijo que la Corte espera que el presidente entienda "sobre la necesidad de tener mesura en nuestras declaraciones, porque el respeto entre las ramas del poder público es lo que garantiza que logremos ese cambio que todo el país espera".
Chávez afirmó este mismo lunes que la necesidad de depurar el poder judicial comienza por la propia selección de los magistrados de la Corte Suprema, que son elegidos mediante pactos políticos entre las cúpulas de los partidos tradicionales.
La actual batalla política, que más allá de las declaraciones belicosas del gobierno y la oposici'on se mantiene dentro de los cauces legales, se origina en la entrega del Congreso de poderes muy restrictivos para sortear la llamada mayor crisis financiera del siglo, con que Chávez se encontró al llegar al poder.
Chávez devolvió al Congreso una ley que le habilitaba para tomar medidas por decreto y exigió que le sea aprobada en los términos solicitados, mientras que amenazó con instaurar un estado de emergencia económica, si ello no sucede.
También prohibió a sus ministros comparecer ante el Congreso para las interpelaciones reglamentarias, algo obligatorio legalmente, pero ofreció que se reunan comisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo para acelerar el proceso de decisión.
Carlos Canache, presidente del partido Acción Democrática, el que más veces ha gobernado el país y principal de la oposición, aseguró este lunes que esa medida colocaba a Venezuela "en la antesala de un golpe de Estado".
Chávez también dijo el domingo que en caso de haber querido dar un golpe de Estado ya lo hubiese hecho, e insistió que su determinación es hacer los cambios que el país requiere en democracia. Pero, alertó, que no permitirá el sabotaje desde el Congreso, donde está en minoría, a las medidas de emergencia.
La Corte Suprema parece haber reaccionado en términos especialmente duros a las afirmaciones de Chávez sobre su legitimidad que no son nada nuevo, como una respuesta indirecta a una ambigua carta que le fue enviada por el presidente.
En esa carta, Chávez celebra que la Corte Suprema "se encuentre en el camino de la revolución", al haber apoyado en enero la facultad de un referendo consultivo de decidir sobre la celebración de su prometida Asamblea Constituyente.
Ese referendo está previsto que se realice el día 25, lo que abriría el camino a la elección de 131 constituyentistas a fines de junio, que este mismo año redactarán una nueva Carta Magna, mediante la cual se establecerá una democracia "participativa y social" en lugar del agotado modelo representativo actual.
Chávez llegó en febrero a la presidencia, con la promesa de promover una "revolución pacífica y democrática", destinada a refundar políticamente el país a través de una Asamblea Constituyente, que es apoyada por 88 por ciento de la población, según los sondeos.
El presidente, un teniente coronel retirado de 44 años que hace siete años intentó dar un golpe de Estado, gobierna con una alianza de casi toda la izquierda y antiguos golpistas, que barrió del poder a los partidos tradicionales, y según los últimos sondeos tiene un apoyo popular superior a 90 por ciento.
Pero en su carta a la Corte, Chávez también subraya "el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado" e insiste en que el pueblo cuando lo eligión la, también votó por una Constituyente con poderes originarios, un carácter que la Corte le habría negado en una segunda setencia.
Sosa no escondió que el comunicado respondía a esa misiva, hasta este lunes desconocida por la opinión pública.
Especial referencia a la carta haría, según dejo entrever la magistrada, el alerta de la cúpula judicial sobre que no renunciará a preservar el ordenamiento jurídico vigente, "con los medios de que dispone en el ámbito nacional e internacional". (Fin/IPS/eg/99
