La tensión entre el gobierno y el parlamento se atizó hoy en Venezuela, ante la medida del presidente Hugo Chávez de devolver una ley que le concede poderes especiales en materia económica, por considerarlos insuficientes.
Chávez dijo que, tal como le fueron concedidos esos poderes, solicitados en febrero poco después de llegar al poder, le será imposible enfrentar el mayor deficit fiscal de la historia, y planteó al Congreso que reflexione y no sabotée al gobierno.
La oposición parlamentaria replicó que el presidente "busca disculpas para no gobernar y parece tener como único alimento el conflicto", mientras adelantó que no hará las modificaciones solicitadas este mismo miércoles por el gobierno, durante el acto de devolución formal de la llamada ley habilitante.
El presidente alertó que podría decretar el estado de emergencia y tomar las medidas sin pasar por el Congreso, tal como le faculta la Constitución, si la oposición se niega a revisar y ampliar los poderes que le concedió el 28 de marzo.
Chávez dijo también que "si el Congreso se coloca en una actitud de sabotaje al proceso (de enfrentamiento de la crisis), bien disuelto estaría", por parte de la Asamblea Constituyente que aprobará la población el día 25 en un referendo.
Pero el gobernante, un carismático teniente coronel retirado de 44 años que atrae a una población hastiada de los políticos tradicionales y los barrió del gobierno, usó un tono mucho más conciliador de lo habitual al pedir los cambios en la ley.
"La crisis que estamos pasando es la más profunda, la más pronunciada de todas las crisis en este siglo", dijo Chávez, al pedir al Congreso que "me habilite y no me inhabilite" para solventar la situación que se sintetiza en 80 por ciento de la población en pobreza y un desempleo de 15 por ciento.
Omar Barboza, senador del opositor partido Acción Democrática, el mayor de oposición, afirmó que si el presidente lo que quería "es la habilitación tal como la planteaba, para eso no hace falta que exista Congreso".
La situación atrasa la adopción de medidas que Chávez y la oposición coinciden que son urgentes para enfrentar una situación económica de grave parálisis, combinada con un empeoramiento de una situación social calificada como "cercana a la explosión".
El presidente solicitó al Congreso una ley habilitante para legislar por decreto durante seis meses en aspectos fiscales, administrativos y financieros, en lo que constituye una práctica habitual de los gobiernos venezolanos en momentos de crisis.
Entre los puntos en que el gobierno solicitó autorización para legislar de urgencia estaba la creación de impuestos temporales y la revisión del sistema tributario actual, la reorientación del gasto y la fusión o eliminación de ministerios y otras entidades administrativas.
También pidió permiso para recurrir al crédito interno y externo hasta por 12.000 millones de dólares, la mitad de la deuda pública externa, pero para un periodo de tres años, según precisó la ministra de Hacienda, Maritza Izaguirre.
El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles, dijo este miércoles que el Congreso aprobó la ley en un tiempo récord de 40 días, como una muestra de su comprensión por la situación económica desesperada en que esta el país.
Capriles, un independiente socialcristiano de 26 años, nuevo en la política, con que el criticado Poder Legislativo busca limpiar su imagen, afirmó que se le aprobaron al gobierno en torno a "80 por ciento de sus solicitudes".
Añadió que la oposición estaba dispuesta a discutir y aprobar por la vía ordinaria los puntos excluidos, pero que considera que el parlamento no podía renunciar a legislar sobre ellos. Por ello, se excluyó el tema del refinanciamiento, explicó.
Pero Chávez adujo que la ley aprobada "es una camisa de fuerza con la cual no podemos marchar ni hasta la esquina", y en la cual sólo 26 por ciento de sus solicitudes fueron aprobadas sin reservas.
Según su contabilidad, 48 por ciento fueron aprobadas con grandes limitaciones y 19 por ciento fueron negadas de plano, lo que totaliza que "en 68 por ciento se me negó la habilitación".
Chávez calificó la ley aprobada como "un garabato, es decir, difícil de descifrar", si bien precisó que cuando decía garabato se estaba refiriendo a una jugada propia del beisbol, que resulta imposible de atrapar, y no a algo mal hecho.
Aseguró que con lo aprobado sólo se podría eliminar 1,6 por ciento del deficit del producto interno bruto (PIB), que se eleva a nueve puntos, equivalente a nueve mil millones de dólares.
Citó como ejemplos el hecho de que sólo se le permite fusionar cuatro ministerios en dos, lo que ya hizo en la práctica, pero se le impide avanzar en el proceso de ordenamiento de otros ministerios y de corporaciones de desarrollo cuyo presupuesto se consume en más de 99 por ciento en personal.
Dijo que tal como se le aprobó aplicar nuevos impuestos, el gobierno obtendrá más recursos manteniendo los actuales, mientras se le negó el integrar y ordenar el sistema administrativo de los recursos, que hace poco controlable su uso y desordena y enlentece todo el proceso burocrático.
Capriles precisó que el Congreso revisará las revisiones solicitadas en una sesión bicameral especial, tras lo cual diferentes comisiones volverán a analizar el proyecto, antes de pasar de nuevo a las cámaras y aprobarse otro texto.
El presidente podría volver a vetar el texto de la ley habilitante y devolverla por segunda vez al Congreso, que tendría entonces la atribución de refrendarla sin ratificación del Poder Ejecutivo.
Pero, de llegarse a esa situación, Chávez habría suspendido temporalmente las garantias económicas y comenzado a instrumentar su plan de emergencia por décreto, sin respaldo del Congreso, según dio a entender ahora. (Fin/IPS/eg/of/99
