El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, exasperado por las que considera demoras del Congreso para extenderle una ley que lo habilite para tomar urgentes medidas económicas, ordenó hoy a sus ministros que se abstengan de acudir a interpelaciones parlamentarias.
"Estoy dispuesto a reunirme y conversar, con las autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, en el palacio de gobierno o en el Congreso, pero no voy a prestarme al juego de perder tiempo en discusiones estériles", dijo Chávez tras presidir un acto castrense en una plaza de Caracas.
Anunció que por ello "he ordenado que ningún ministro asista a interpelaciones sobre la Ley Habilitante, y si el Congreso quiere, que me enjuicie". Chávez aludió así al artículo 199 de la Constitución, que prevé la obligación de los ministros de acudir a interpelaciones parlamentarias.
Como trasfondo de la polémica está la posición del presidente de que la Asamblea Constituyente que impulsa pueda, si así lo decide, disolver el actual Congreso, lo que rechazan las fuerzas políticas opositoras, que pueden reunir mayoría en ambas cámaras.
Al mismo tiempo, Chávez quiere que la Asamblea apruebe la reelección presidencial inmediata, y reiteró que, si el pueblo quiere, pretende gobernar hasta el año 2009, porque es el margen mínimo que requiere para sacar al país de su crisis actual.
Mientras Chávez es dueño de la calle, con una aceptación popular que supera 80 por ciento "y con tendencia a aumentar en caso de confrontación", según diversas encuestas, sus opositores se han refugiado en las tribunas del parlamento y los medios de comunicación social.
En ese clima, el mandatario presentó el 17 de febrero, dos semanas después de asumir, un proyecto de Ley Habilitante para, mediante decretos-leyes, establecer nuevos impuestos, renegociar deuda y reorganizar dependencias del Estado a fin de reducir gastos.
El propósito es enjugar parcialmente el déficit fiscal para 1999, estimado en nueve puntos del producto interno bruto (PIB) o 9.000 millones de dólares, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto ordinario.
Recordó el mandatario que leyes habilitantes han sido otorgadas a casi todos los presidentes del período democrático iniciado en 1958, "y en tiempos de bonanza, cuando la crisis no tenía la duración, ni la profundidad ni la gravedad que ahora tiene".
El Congreso aprobó una Ley con abundantes modificaciones respecto de la propuesta de Chávez, quien deploró que apenas se satisfizo 32 por ciento de su solicitud. El mandatario -conforme a la Constitución- devolvió el texto al parlamento hace una semana para una nueva elaboración.
"En verdad, la ley es inhabilitante para el presidente", señaló el ex líder socialista y ex ministro de Planificación hsta febrero, Teodoro Petkoff, quien en 1998 renunció al Movimiento al Socialismo, que fundó en 1971, por oponerse al apoyo que ese partido dio a la candidatura de Chávez.
Chávez argumentó que si decretaba leyes conforme a la pauta del Congreso, el déficit fiscal se agravaría en vez de reducirse. En medios empresariales se le ha brindado apoyo, pues el sector privado quiere que mejoren las cuentas públicas para que se se recupere la producción y la inversión.
Los congresistas se enzarzaron en un debate acerca de los aciertos o fallas de los planificadores del gobierno al elaborar los soportes de la ley, e iniciaron un debate para desmenuzar las autorizaciones que darán, pero Chávez les emplazó a entregarle o no la habilitación como la pidió.
"Si no lo hacen, en cuestión de días, decretaré la emergencia económica", dijo Chávez y lo reiteró vigorosamente este sábado, durante un discurso en un escenario militar, y entre aplausos de la multitud que le sigue en cada acto público.
La emergencia puede decretarse en un estado de conmoción interna o externa, que incluye el ámbito económico, según la Constitución de 1961, que Chávez ha calificado de "moribunda".
La emergencia suele traer aparejadas la suspensión de libertades garantizadas por la Constitución, si éstas contradicen el estado de excepción.
En Venezuela se han aplicado tales medidas para luchar contra la insurrección comunista en los años 60, durante el Caracazo o sacudón social de 1989, y tras las dos cruentas asonadas golpistas de 1992, una de las cuales encabezó Chávez, entonces teniente- coronel en actividad.
Sin embargo, también estuvo suspendida durante tres décadas, entre 1962 y 1990, la libertad de actividad económica, en medio de períodos de paz y bonanza, para facilitar la conducta reguladora de un estado que se guiaba por recetas de inspiración keynesiana y cepalista.
Chávez no haría entonces nada absolutamente excepcional, si no fuese porque la emergencia asomaría apenas a días de que por primera vez en su historia democrática, Venezuela acuda a un referendo, el día 25, para decir si quiere o no la convocatoria de la asamblea constituyente que propone el presidente.
Según la nueva ley de partidos y participación política, el referendo no podría efectuarse con las garantías suspendidas, por lo que tanto Chávez como sus adversarios en el Congreso entran en una confrontación en forma de carrera contra-reloj.
Si la lucha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se agudiza, el mandatario podrá presentar al electorado el referendo como una oportunidad de sellar la suerte del actual Congreso, a partir de una matriz de opinión que desfavorece a los partidos y a la institución parlamentaria.
En el Congreso, el Polo Patriótico de Chávez (su Movimiento Quinta República, de militares retirados y viejos izquierdistas, más casi toda la izquierda tradicional) ocupa menos de 40 por ciento de escaños.
Mayoría, aunque no calificada (dos tercios) pueden reunir los partidos tradicionales Acción Democrática (socialdemócrata) y Copei (socialcristiano), más nuevas formaciones como Proyecto Venezuela (centro-derecha) y grupos menores. (FIN/IPS/jz-eg/la ip 99