El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, obtuvo del Congreso la ampliación exigida en los poderes especiales económicos que le fueron otorgados hace tres semanas, con lo que triunfó en el tenso pulso echado a la oposición.
Pero aún resta por saber si el mandatario aceptará las restricciones que permanecen en la Ley Habilitante para legislar por decreto, aprobada la noche del jueves por el parlamento, o la rechaza por segunda vez, como le permite la Constitución.
Chávez prometió que se pronunciará sobre ese punto en un plazo de 24 horas, tras recibir este mismo viernes el texto de la ley para reformar las áreas del financiamiento, tributos, administración pública y economía sectorial.
El presidente de la Cámara de Diputados, el opositor Henrique Capriles, afirmó este viernes que ahora se aprobó 90 por ciento de lo solicitado y que casí todo el resto fue pactado con el gobierno que se legisle por vía de urgencia en el parlamento.
Capriles subrayó que son los poderes legislativos más amplios concedidos a un gobierno y que su aprobación muestra la decisión del Poder Legislativo de cooperar con el gobierno en paliar una crisis socioeconómica "que también es una de las más amplias de toda la historia de Venezuela".
El ministro de Planificación del anterior gobierno y dirigente socialista crítico de Chávez, Teodoro Petkoff, dijo este viernes en el vespertino El Mundo que ahora dirige, que "el Congreso rectificó una postura a todas luces equivocada, al amarrar los brazos del Ejecutivo" para sortear la crisis.
Pero añadió que ahora hace falta que "el presidente comprenda su parte" y promulgue rápidamente la ley, para comenzar a actuar con urgencia en medidas económicas que no pueden esperar. "Presidente le llegó la hora (económica)", planteó Petkoff.
La concesión de poderes extraordinarios para solventar situaciones de crisis es una práctica habitual en la política venezolana y se ha convertido en una especie de "vía rápida" para saltar los muy farragosos mecanismos legislativos.
Pero el séptimo pedido de habilitación solicitado por un presidente para legislar por decreto durante seis meses en una serie de materias específicas, se transformó en una primera medición de fuerzas entre Chávez y el Congreso, donde la oposición controla dos terceras partes.
También se convirtió en un instrumento de "agitación de la calle" ante el primer referendo en la historia venezolana, para decidir si se instalará en julio una Asamblea Constituyente que transforme políticamente el país, en respuesta a la exigencia de cambios de más de 90 por ciento de la población.
Enfrentado a la falta de una oposición abierta de las fuerzas políticas al "NO" a su convocatoria a este referendo, cuando se estrenó en la presidencia el 2 de febrero, Chávez encontró en el rechazó a la restringida habilitación inicial, la vía para cohesionar a sus partidarios con vistas a la consulta.
Así lo reconoció expresamente el canciller y "voz política" del gobierno de Chávez, José Vicente Rangel, cuando la confrontación entre los dos poderes estaba en la cúspide y el presidente amenazaba con imponer un estado de emergencia, si el Congreso no le otorgaba sin modificaciones los poderes exigidos.
El Movimiento V República, el partido de Chávez, movilizó a cientos de manifestantes que rodearon por tres días el Congreso exigiendo poderes irrestrictos para el presidente y la disolución del Congreso, la institución más rechazada por la población aunque 43 por ciento se opone a su cierre.
Chávez, un teniente coronel retirado de 44 años, llegó al poder aupado por el resentimiento popular de un electorado que vió caer casi 40 por ciento su ingreso real en los últimos 10 años, y culpa del desmembramiento del país a los partidos y a instituciones que como al Congreso califican de corruptas.
Sectores de la oposición subrayan que detras de las propuestas de impulsar "una revolución pacífica y democrática" que transforme la agotada gobernabilidad partidocrática venezolana, la verdadera intención de Chávez es encabezar una autocracia, de derecha para unos, o de izquierda para otros.
El actual presidente irrumpió en la escena pública cuando en 1992 fracasó en el primero de los dos cruentos intentos de golpe de Estado de ese año y llegó a la presidencia apoyado por una alianza de casi toda la izquierda y antiguos oficiales golpistas.
Chávez replica que sus actos de gobernante han mostrado que sus actuaciones se apegan al hilo constitucional y que los hechos también evidenciarán que "con el instrumento de la vieja legalidad vamos a transformar profudamente las estructuras, para darle a los venezolanos una democracia humanista y verdadera".
Con ese contexto, resultó inevitable el uso político de la ley para solventar un déficit fiscal de 9.000 millones de dólares – equivalente a 47 por ciento del presupuesto-, reducir el gasto burocrático, impulsar el hundido aparato productivo y aumentar los recursos hacia el 80 por ciento de la población en pobreza.
El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Márquez, explicó que la ley habilitante es una de los tres frentes concebidos por el gobierno para enfrentar en lo inmediato los déficits políticos, económicos y sociales, que "en la práctica hacen imposible la gobernabilidad en Venezuela".
El frente político es la Asamblea Constituyente que en enero próximo deberá haber reordenado jurídicamente el país y haber redactado una Constitución que implante "una democracia social y participativa", según la convocatoria al referendo del domingo.
El frente social es atendido por el Programa Bolívar 2000, un plan cívico-militar con participación de unos 70.000 soldados y el trabajo voluntario de funcionarios y ciudadanos, destinado a mejorar los servicios y habitats públicos, promover el empleo e impulsar el adiestramiento laboral y las pequeñas empresas. (Fin/IPS/eg/if ip/99
