El conflicto entre los poderes públicos de Venezuela, marcado por la acusación del presidente Hugo Chávez de que el Congreso y la Corte Suprema de Justicia son ilegítimas, cedía hoy con diálogo y acuerdos para entregar una ley de facultades extraordinarias al mandatario.
Una comisión del Ejecutivo, encabezada por el ministro de Planificación, Jorge Giordani, inició reuniones con otra del parlamento, donde los partidos de oposición reúnen mayoría, para acordar detalles de la Ley Habilitante, con la que Chávez decretará reformas fiscales y administrativas.
Ese hecho, absolutamente rutinario en el funcionamiento de cualquier democracia, adquirió un sesgo excpcional en Venezuela porque se produjo al cabo de una serie de emplazamientos al parlamento, sobre el que pende una amenaza de cierre o disolución.
Este martes, un millar de seguidores de Chávez, provenientes de los barrios populares del oeste de Caracas, rodearon la sede del Congreso en apoyo a la Ley Habilitante y exigiendo su disolución y la concentración de poderes en el Jefe del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles, de la oposición socialcristiana, acudió a las puertas del Congreso para explicar a los manifestantes que la ley se produciría esta misma semana, pero debió soportar agresiones verbales y empellones.
Cuando acudió a calmar los ánimos el presidente del Senado y del Congreso, el coronel retirado Luis Dávila, del oficialista Movimiento Quinta República (MVR), fue abucheado y acusado de traidor. Los guardias policiales y militares que custodian el Capitolio se abstenían de intervenir.
Puertas adentro, sin embargo, proseguían los diálogos para que los congresistas decidan si suministran la ley en los términos que pidió Chávez. Dávila invitó a una votación televisada para que "el pueblo pueda identificar quiénes apoyan las soluciones y quiénes no".
Ese otro hecho de apariencia rutinaria lleva a dos excepcionales: uno es el retiro del parlamento que estudian los partidos políticos que apoyan a Chávez -un tercio de escaños- y otro es que el presidente anunció que responderá decretando una emergencia económica.
El retiro se da como un hecho, por las fracciones del MVR y sus aliados izquierdistas, si el Congreso desaprueba la Ley Habilitante, que juzgan necesaria para atender urgencias económicas alrededor de un déficit fiscal, para 1999, de 9.000 millones de dólares (nueve puntos del producto bruto).
Ello dejaría al Congreso, que acumula años de críticas y desaprobación en los sondeos de opinión, como un foro exclusivamente opositor, frente a un presidente que impulsa una asamblea constituyente para "refundar la República" y reestructurar los poderes públicos.
"Sería muy fácil disolver el Congreso. Si se hiciera una encuesta en el país, 90 por ciento apoyaría esa disolución. El Congreso y la Corte Suprema carecen de legitimidad política", dijo Chávez este lunes.
La Corte replicó con un enérgico comunicado en el que pidió al presidente "cesar su actitud irrespetuosa y hostil", y los líderes de oposición en el parlamento denunciaron la actitud de Chávez como "típicamente golpista".
"Vivimos un golpe de estado en cámara lenta", aseveró el diputado Alberto Franceschi, del nuevo partido Proyecto Venezuela (centroderecha), en tanto el socialdemócrata Acción Democrática, con la mayor bancada, envió cartas de protestas a organismos internacionales.
"No me importa que envíen cartas a quien quieran. Son un nido de víboras", dijo Chávez, y se ofreció a participar "en un debate televisado ante el país, en un estadio, de los tres poderes, Ejecutivo, Congreso y Corte Suprema, en el que cada quien diga sus verdades".
Luego explicó: "Los poderes públicos tienen que ser reestructurados. La (asamblea) constituyente debe hacerlo con todo el poder judicial, que debe ser escogido de manera clara y transparente, y no como ahora, que lo escogen las cúpulas partidistas que han gobernado durante 40 años".
A quienes le enrostraron irrespetar la autoridad del Congreso, Chávez le espetó: "El Congreso no tiene autoridad moral", aunque "no estoy diciendo que todos sus miembros son inmorales: me refiero a la institución".
"Lo que ocurre es que los partidos tradicionales no han asimilado que la política cambió en Venezuela: han cesado los acuerdos entre cúpulas, ahora hay confrontación y eso es bueno", dijo este martes el canciller José Vicente Rangel a corresponsales extranjeros.
En favor de la Ley Habilitante han hablado líderes del sector económico privado. Luis Ball, dirigente del gremio de los industriales, opinó que "el presidente tiene más razón que el Congreso", y advirtió que "no conviene a la imagen ante inversionistas decretar una emergencia económica".
Rangel dio cuenta de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, desestimó las advertencias de que fraguaría un golpe de estado, como lo sugirió en una carta Acción Democrática.
Por su parte, el general Raúl Salazar, ministro de Defensa, aseguró que "hay calma en todos los cuarteles. Los conflictos son entre otros poderes, y si se declara una emergencia, obedeceremos las instrucciones del presidente para enrumbar lo mejor posible el destino económico".
Chávez, teniente coronel retirado, encabezó un cruento intento de golpe de estado en febrero de 1992, por el que estuvo dos años preso. Asumió la presidencia el 2 de febrero de este año, tras ser elegido en diciembre de 1998 con 56,2 por ciento de votos.
Dentro de 12 días se efectuará un referendo para que los venezolanos se pronuncien sobre su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, que no enfrenta oposición formal. (FIN/IPS/jz/la ip 99
