El cadáver de Yamila apareció oculto debajo de una montaña de escombros en un barrio marginal de la capital de Uruguay. La niña tenía 11 años y había sido violada y estrangulada.
Pocos días después, en la localidad de Chuy, en la frontera oriental de Uruguay con Brasil, la policía detuvo a un fotógrafo que registraba desde hacía diez años imágenes de niñas y adolescentes desnudas.
Ambos hechos, que sacudieron a la opinión pública, quebraron un muro de silencio sobre el tema de la prostitución de niños y niñas, derivado de la ausencia de políticas oficiales y privadas.
Yamila, cuya cadáver fue hallado a fines de marzo, era una más de las decenas de niñas que deambulan por la ciudad de día y de noche mendigando. Muchas de ellas se prostituyen.
"El dinero que traía Yamila diariamente era muchas veces el único sustento de la familia", dijo su madre poco después que la justicia la procesara por el delito de "omisión inherente a los deberes de la patria potestad". La mujer negó que obligara a su hija a prostituirse.
Pocos días más tarde, un menor de 17 años de edad, también mendigo y amigo de la niña, confesó ser el autor del homicidio. Arguyó que Yamila se negó a mantener relaciones sexuales anales con él, lo cual generó su violenta reacción.
"Soy un voyeur, un mirón", declaró a su vez el fotógrafo de 42 años que fotografiaba desnudas a niñas y adolescentes a cambio de remuneración para ellas o personas que oficiaban de intermediarios.
Los investigadores presumen que el hombre es parte de una red de pornografía infantil, pese a que el fotógrafo negó haber comercializado las imágenes y se justificó diciendo que su único objetivo era "el placer personal".
Una estadística del estatal Instituto Nacional del Menor (Iname) señala que a través de un nuevo servicio telefónico gratuito puesto en marcha el 17 de febrero se recibieron en un mes casi 300 llamadas para denunciar diversas irregularidades en el trato doméstico a menores.
La habilitación de esta línea telefónica es hasta ahora la única acción oficial y privada destinada a desentrañar la realidad de los menores abandonados.
Según la consultora del Instituto Interamericano del Niño (IIN) Mariana González, la explotación sexual con fines comerciales de niñas, niños y adolescentes es un tema poco estudiado en Uruguay.
Al realizar en marzo un informe al que accedió IPS González constató que casi no existen antecedentes de investigaciones o estudios cuantitativos en el país y que la sociedad desestima la importancia de la problemática.
"A nivel oficial se trata de un fenómeno relativamente oculto y silenciado", mientras que en la justicia penal y de menores son muy pocos los casos tratados, señaló.
La única encuesta sobre el fenómeno fue una realizada en octubre por la empresa Sybila Consultores, según la cual la prostitución infantil es un hecho admitido por los ciudadanos.
Sólo 14 por ciento de los consultados en el sondeo expresó que no hay prostitución infantil en Uruguay, mientras 22 por ciento atribuyó su existencia a las carencias económicas de los menores.
Al Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, realizado en 1996 en Estocolmo, Uruguay envió a funcionarios de la embajada en ese país, lo cual "implicó una cobertura más formal que sustantiva", dijo la consultora.
González agregó que ese congreso no tuvo repercusión de relevancia en los medios de comunicación uruguayos, no provocó movilizaciones públicas ni se reflejó en declaraciones o planes de acción concretos.
El resultado de esa cumbre mundial "es desconocido en varias de las instituciones nacionales que trabajan en el tema de la infancia y la adolescencia", añadió.
Pero el escaso interés en la problemática no se limita al ámbito gubernamental.
"En las organizaciones no gubernamentales también se registra cierta reticencia" a calificar determinadas situaciones como de explotación sexual con fines comerciales, indicó la consultora del IIN.
Por otra parte, entre los especialistas entrevistados por González (funcionarios del Iname, jueces, médicos forenses, periodistas y políticos) existe la percepción mayoritaria de que aunque la pobreza y la marginalidad operan como vehículos para este tipo de prostitución ésta no es la única causa.
Al fenómeno contribuye igualmente una intrincada trama "de aspectos vinculados a las relaciones de género, la concepción de infancia, la violencia intrafamiliar, las condiciones de vida, las experiencias de vida y la falta de cobertura familiar", destacó la especialista.
Según datos del Ministerio del Interior, 78 por ciento de los casos de detención de menores en Uruguay se origina en la mendicidad.
En un período de casi tres años, en Montevideo, donde vive 45 por ciento de la población, la Comisaría de Menores detuvo sólo a 54 menores por casos de prostitución. (FIN/IPS/rr/dg/pr-hd/99)
