Analistas independientes de Perú cuestionan las estadísticas del gobierno y del Banco Mundial según las cuales la pobreza se redujo en el país en la presente década.
María Cristina Rizo Patrón, ministra de la Presidencia hasta la semana pasada, dijo que los programas del gobierno y el respaldo de las agencias extranjeras de cooperación lograron reducir el segmento de población en extrema pobreza en Perú, que bajó de 22 a 17 por ciento en los últimos años.
Esta versión es objetada por informes no gubernamentales, como el efectuado por el Instituto Apoyo, cuyos directivos admiten el incremento de los gastos oficiales en inversión social pero señalan que esa inversión se caracteriza por una concentración inadecuada de los programas.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, son pobres las familias cuyos ingresos son menores a los 180 dólares mensuales. Actualmente, 48 por ciento de la población se encuentra en ese nivel.
La extrema pobreza corresponde al segmento de pobreza en donde los ingresos por hogar familia son menores a cien dólares mensuales, suma que no alcanza para cubrir los gastos de la canasta alimentaria mínima y no deja margen para pagar servicios de ningún otro tipo.
Patrón anunció en esa oportunidad que el gobierno del que formaba parte obtuvo recientemente varios créditos externos, del Banco Mundial y de otras fuentes, por 400 millones de dólares, para la ejecución de programas de saneamiento y de asistencia social en las zonas rurales mas deprimidas.
Esos recursos se sumarán a los mil millones de dólares destinados en el presupuesto fiscal del presente año para aliviar la situación alimentaria y de salud de los peruanos en condición de pobreza extrema, tanto en las ciudades como en el campo.
En 1998, la inversión social del Estado fue similar, aunque gran parte de los recursos debieron orientarse a obras de reconstrucción y rehabilitación de viviendas, carreteras, puentes y canales de regadío destruidos por las inundaciones provocadas por el fenómeno climático de El Niño.
"La deficiente distribución del gasto social hace que los beneficios se concentren en sectores de mayores ingresos, y que lleguen en menor medida a los mas pobres", dice el informe de Apoyo.
Según ese estudio, sólo 35,2 por ciento de los beneficios de los gastos sociales llegan al sector de extrema pobreza.
Precisa que esa tendencia se manifiesta en mayor grado en el campo de la salud, en que el gasto beneficia en 52 por ciento al estrato pobre alto, y en educación, en el que 30 por ciento de los gastos es aprovechado por los sectores medios y pobres altos.
También señala Apoyo que la población de las comunidades indígenas, que radican en las zonas más altas y deprimidas de la sierra, han sufrido un grave retroceso económico en los últimos cinco años.
"Mientras que en 1994 una familia indígena tenía 24 por ciento de posibilidades de ser mas pobre que una familia no nativa, en 1998 ese porcentaje se incrementó a casi 30 por ciento", indica el informe.
Pero no sólo se critica la inadecuada distribución de los recursos empleados para reducir la pobreza sino también los resultados reales del programa.
"Más allá de las cifras, la reducción de 22 a 17 por ciento de la pobreza extrema significa que vamos a ingresar al nuevo milenio con más de cuatro millones de peruanos viviendo en condiciones de extrema pobreza", asegura Eduardo Lastra, editor de la revista especializada Avance Económico.
"Los funcionarios que diseñan y exhiben los resultados de la política económica fiscal mencionan ese resultado sin rubor, sin tomar en cuenta que significa bolsones de pobreza, desnutrición, rebrote de tuberculosis y deserción escolar en aumento", añade.
Otro experto no gubernamental, Pedro Francke expresa que "más de 12 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza y considerando optimistamente que se mantenga el ritmo anunciado de reducción de pobreza, estaríamos eliminando la pobreza en el año 2050".
"Lo más probable es que la pobreza no se reduzca sino que, por el contrario, se incremente, tomando en cuenta que hemos entrado en una grave crisis recesiva, caracterizada por un acelerado aumento del desempleo", observa.
Francke vincula la evaluación de la lucha contra la pobreza a los resultados del modelo económico puesto en practica por el presidente Alberto Fujimori, del que señala que "ha generado crecimiento pero pocos empleos, lo que ha incrementado las distancias sociales".
"La apuesta por la inversión extranjera privilegia sectores como el primario-exportador (minas y pesca) y servicios modernos (telecomunicaciones) que generan poco empleo, en tanto que la rebaja de los aranceles de importación significó el cierre de fábricas y el crecimiento del desempleo", expresa.
Cuando arribó al gobierno, en 1990, Fujimori puso en práctica un duro programa de ajuste para revertir la hiperinflación que encontró.
La implementación de esos planes originó el despido de más de 200.000 trabajadores públicos y privados, eliminó los subsidios a medicinas, alimentos y servicios básicos, impacto que el gobierno trató de conjurar con los programas de ayuda alimentaria y el incremento del gasto social.
"La economía creció a un ritmo acelerado entre 1993 y 1995, luego a un ritmo irregular pero menor entre 1996 y 1997, para entrar en 1998 a una recesión y estancamiento", dice Francke.
"Una proyección para el conjunto de la década arroja un crecimiento anual promedio de apenas dos por ciento en el producto bruto interno, lo que significa que al fin del siglo el producto per cápita será 10 por ciento inferior al de 1987", sostiene.
También destaca que "el modelo abierto adoptado por Fujimori ha aumentado la vulnerabilidad externa y Perú ha sido sacudido por los impactos de la crisis iniciada en Tailandia y Malasia, contagiada a todo el sudeste asiático y seguida por Rusia y la impredecible situación de Brasil". (FIN/IPS/al/dg/if-pr/99
