La eventual privatización de las empresas públicas es una de las principales encrucijadas que enfrenta el nuevo gobierno de Paraguay, en el que coexisten fuerzas enfrentadas.
El Partido Colorado, al que pertenecen el presidente de la República Luis González Macchi y seis de los ministros, es contrario a las privatizaciones o como máximo partidario de una "privatización selectiva".
Los partidos de oposición, el Liberal Radical y el Encuentro Nacional, a los que pertenecen cuatro de los ministros del nuevo gabinete, opinan a su vez que la privatización de los entes del Estado es prioritaria a los efectos de combatir la corrupción.
Con ese punto de vista coinciden la mayor parte de los grandes empresarios del país.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Néstor Méndez, sostuvo que se debe privatizar todo lo que sea deficitario.
"El Estado no puede seguir siendo la vaca lechera de las empresas ineficientes", afirmó.
En la primera semana del nuevo gobierno ya se produjeron declaraciones contradictorias respecto de este tema.
El ministro de Hacienda, el colorado Federico Zayas, afirmó que serán traspasadas a manos privadas solamente aquellas empresas que den pérdidas al Estado.
"No debemos llegar a la situación de vender las prendas de la abuela. Eso no conviene", dijo ante consultas de la prensa.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, José Alberto Planás, también colorado, tomó partido en el mismo sentido y aseguró que se mantendrá el control de las empresas públicas estatales, se tercerizarán algunos servicios y se privatizará la construcción de rutas.
"Los entes que prestan servicios estratégicos a la población seguirán bajo el control del Estado", anunció.
En dirección contraria se manifestaron legisladores y funcionarios del nuevo gobierno pertenecientes a partidos de la antigua oposición.
El ministro de Industria y Comercio, Guillermo Caballero Vargas, del Encuentro Nacional, consideró que la venta de entes estatales deficitarios debe ser uno de los caminos para reducir los crónicos déficit públicos.
También para combatir la alta corrupción que situó a Paraguay como el segundo país más corrupto del mundo, de acuerdo a la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
El Parlamento debía estudiar próximamente un proyecto para el ingreso de capital privado a la empresa estatal de comunicaciones ANTELCO, pero el nuevo gobierno solicitó dejar sin efecto esa iniciativa.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) requiere urgentemente de 800 millones de dólares para evitar el colapso del sistema eléctrico nacional.
La Corporación de Aguas está en quiebra y con su capacidad de producción rebasada, por lo cual solicitó a la población que regule su consumo en las horas "pico".
ANTELCO, que presenta balances en rojo desde hace dos décadas, solicitó el alza urgente de las tarifas para hacer frente a su precaria situación.
Cañas Paraguayas, otro ente del Estado, registró a su vez pérdidas por tres años consecutivos, por lo cual sus balances correspondientes a los ejercicios 1996, 1997 y 1998 fueron rechazados por el Ejecutivo y serán objeto de una auditoría internacional.
El ferrocarril "Carlos Antonio López" presenta pérdidas crónicas. Sus empleados son mantenidos mediante subsidios del orden de 1,5 millones de dólares.
Aceros del Paraguay, si bien fue transferida a un consorcio obrero-patronal, necesita de capital fresco, al igual que la Industria Nacional del Cemento. (FIN/IPS/ct/dg/ip-if/99
