Argentina y Brasil sabotean la democracia en Paraguay al conceder asilo al general Lino Oviedo, al ex presidente Raúl Cubas y al ex dictador Alfredo Stroessner, afirmó el abogado Martín Almada, militante humanitario de ese país.
Descubridor de los "Archivos del Terror", documentos secretos sobre la Operación Cóndor de concertación represiva entre las dictaduras que dominaban el Cono Sur latinoamericano en los años 70 y 80, Almada reclama que Oviedo y Cubas sean juzgados en su país .
El asilo para "prófugos de la justicia convierte el Mercosur en un espacio de protección a los que cometieron crímenes de lesa humanidad", afirmó.
Almada rechazó las explicaciones de los gobiernos argentino y brasileño de que contribuyeron a la preservación del proceso democrático paraguayo al acoger a Oviedo y Cubas, respectivamente, como exiliados políticos.
Oviedo, condenado a diez años de prisión por un intento de golpe de Estado en 1996, y el ex presidente son acusados de haber ideado el asesinato del vicepresidente Luís Maria Argaña el 23 de marzo y de estar detrás de los francotiradores que mataron a por lo menos cinco personas e hirieron a varias decenas el día 27.
La extradición de Oviedo y Cubas fue planteada por el nuevo presidente de Paraguay Luis González Macchi.
Almada lucha además por incluir a Stroessner en el juicio que intenta realizar en España el juez Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, actualmente detenido en Londres.
En Rio de Janeiro, donde recibió el martes la condecoración Chico Mendes de Resistencia otorgada por el Grupo Tortura Nunca Más, Almada defendió la creación de un Tribunal de Derechos Humanos del Mercosur "para evitar que se repitan" los crímenes cometidos por gobernantes de la región.
En la próxima semana el militante humanitario participará en Ginebra de una reunión de abogados europeos y latinoamericanos que buscan formas de someter a juicios internacionales a los dictadores que violaron los derechos humanos y promovieron la Operación Cóndor.
En esos juicios deberían comparecer no sólo Pinochet sino también Stroessner, los dictadores argentinos, el ex presidente brasileño Joao Figueiredo, el actual jefe de Estado electo y ex dictador de Bolivia Hugo Banzer y uniformados uruguayos.
Acompañado del escritor Augusto Roa Bastos, también paraguayo, Almada entregará al juez Garzón nuevos documentos que comprueban crímenes cometidos por Stroessner, reforzando el pedido de juzgarlo junto con Pinochet.
Uno de los documentos consiste en la sentencia de un juez paraguayo en la que se considera a Stroessner como "reo prófugo" y responsable de la muerte de Celestina Pérez, esposa de Almada, en diciembre de 1974.
Pérez murió tras sufrir un infarto como consecuencia de las torturas a las que era sometido su marido.
El abogado y maestro fue detenido em noviembre de 1974 y permaneció preso tres años. Luego se exilió en Panamá y París, ciudad donde trabajó como consultor de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
En prisión fue testigo de la estrecha colaboración entre los organismos de represión política de los países del Cono Sur. Desde entonces se dedicó a investigar el asunto y defender los derechos humanos.
En diciembre de 1992, casi cuatro años después del fin de la dictadura de Stroessner, logró descubrir los llamados "Archivos del Terror", cinco toneladas de documentos que revelan detalladamente hechos de la Operación Cóndor.
Su temor es que se pierda o se destruya tal documentación, conservada en el Palacio de Justicia de Asunción, ya que, según afirma Almada, tras la caída de las dictaduras militares siguió operando un "Cóndor 2", de carácter privado.
Hasta el año pasado esa organización poseía un banco en Asunción dirigido por el brasileño Carlos Barbieri Filho. la institución fue cerrada tras una quiebra fraudulenta.
Para poder enjuiciar en España a Stroessner como "lugarteniente de Pinochet" en la Operación Cóndor el ex dictador debe dejar de gozar del estatuto de refugiado en Brasil, una hipótesis más que improbable. (FIN/IPS/mo/dg/ip-hd/99
