El presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, ordenó la intervención del ejército y la policía para enfrentar un clima de violencia social y la paralización de la actividad económica.
Un centenar de cooperativas y grupos de propietarios de ómnibus, taxis y camiones de carga se encuentran en huelga desde el jueves para reclamar la rebaja del precio de los combustibles.
Alemán afirmó la noche del jueves, por cadena de radio y televisión, que esta huelga es parte de "un plan desestabilizador" supuestamente "orquestado por dirigentes sin conciencia y sin patriotismo que han hecho de la violencia y del pandillerismo vandálico una forma de lucro personal".
Centenares de personas se habían lanzado a las calles y, armados de piedras, levantaron barricadas en puntos neurálgicos de la capital, donde viven un millón de personas.
A la huelga se sumó la Coordinadora Popular Contra la Corrupción del Gobierno, integrada por 25 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, cuyos integrantes participaron en los disturbios en Managua.
Orlando Baltodano, dirigente de la Coordinadora, dijo que la coalición apoya las demandas de los transportistas y reclama mayor presupuesto para las universidades estatales, la baja de los precios de la canasta básica y el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos.
Para Alemán, existen "claros indicios" de una "asonada" determinada por "intereses exógenos" a los manifestados por los transportistas. El mandatario no identificó esos intereses.
El ministro del Trabajo, Wilfredo Navarro, acusó al Frente Sandinista de Liberación Nacional, principal partido opositor, y su secretario general, el ex presidente Daniel Ortega, de encabezar una campaña para derribar al gobierno de Alemán.
El cardenal Miguel Obando y Bravo, arzobispo de Managua y próximo al gobierno, pidió a Ortega "que frene la violencia y la anarquía que reine en el país".
Radio Corporación, de tendencia oficialista, informó sobre el surgimiento en el norte del país de varios grupos de decenas de hombres con ropa militar y fusiles de guerra dedicados "a impedir el tránsito vehicular y quemar unidades de transporte que no se han sumado" a la huelga.
El sindicalista del transporte Rolando Chávez anunció que no se permitirá "que circule ningún vehículo de transporte colectivo en el país", al tiempo que denunció un supuesto "plan del gobierno para desestabilizar totalmente la huelga".
Al mediodía del jueves, piquetes de transportistas cumplieron su amenaza y empezaron a destruir taxis que desobedecieron la convocatoria a la huelga.
Alemán anunció la constitución de un "gabinete de crisis y seguridad en sesión continua", el cual aprobó un plan para controlar la situación.
El clima que vive Nicaragua responde a una "sincronizada escalada de la violencia" que empezó con las luchas estudiantiles, afirmó el mandatario.
El gabinete de crisis acordó "instruir a los jefes del Ejército y de la Policía" a poner "en ejecución el plan de coordinación de operaciones conjunto, a fin de que prevalezca el orden público y la seguridad nacional".
También se tomaron "medidas preventivas y de protección" que no detalló, y se instruyó al Procurador General de Justicia y al Departamento Legal de la Presidencia a tomar acciones legales consideradas "necesarias para hacer prevalecer la institucionalidad y el estado de derecho".
El gabinete de crisis también ordenó a los funcionarios del gobierno a "mantener abierta la negociación con los transportistas y los estudiantes, sin que los resultados impliquen el abandono de planes económicos de estabilidad".
"Estoy comprometido" en la continuidad de esos planes "para obtener la condonación de la deuda externa", reiteró Alemán.
El gobierno argumentó que ceder a las demandas estudiantiles y de los transportistas afectaría gravemente sus planes económicos.
Según Alemán, la situación actual y las protestas estudiantiles de las semanas precedentes son parte del plan contra su gobierno, "activado a inicios de este año mediante una campaña desinformativa y difamatoria" contra el propio presidente.
Alemán se refería así a las denuncias publicadas por medios de comunicación sobre supuestos actos de corrupción tanto del presidente como de ministros.
"Pido a la ciudadanía tranquilidad, y que tenga la seguridad (de) que con firmeza y prudencia me mantendré al frente de la nación manteniendo el sistema constitucional, dispuesto a hacer uso de todos los recursos que la ley me concede para que se mantenga el estado de derecho", aseguró Alemán.
Noventa y cinco por ciento del transporte de carga y pasajeros urbano e interurbano está en poder de cooperativas y pequeños propietarios.
Alemán había anunciado esta semana la liberalización del sector "para que haya libre competencia, que los empresarios mejoren el servicio y las tarifas se fijen de acuerdo a la ley de la oferte y la demanda".
Los transportistas también exigen reducir el impuesto al combustible dísel de 0,65 centavos de dólar a 0,20 centavos de dólar, lo que debería compensarse con una reducción de los "gastos suntuarios de los ministros y del presidente" Alemán.
El presidente del Banco Central, Noel Ramírez, dijo que, si reduce ese impuesto, "se estaría poniendo en riesgo los préstamos concesionales de los organismos internacionales". (FIN/IPS/wg/mj/ip lb/99
