En polos opuestos y cada vez más lejanos, el gobierno de México y la guerrilla zapatista dejan para después del 2000, cuando asuma un nuevo presidente, la solución del conflicto en el estado de Chiapas.
Mientras la situación social de miles de indígenas empeora, se denuncia la formación de grupos paramilitares, permanecen impunes asesinatos de varios campesinos cercanos y opositores al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y se mantienen como desplazadas unas 15.000 personas.
Chiapas tuvo de 1994 a 1998 cinco gobernadores y recibió 6.500 millones de dólares, la partida más alta del presupuesto federal destinado a los estados para salud, educación, caminos, carreteras y proyectos productivos. Sin embargo, hoy sigue siendo la región más pobre y conflictiva del país.
El conflicto, que fue considerado en su inicio un parteaguas en la historia del sistema político mexicano, cumplió 64 meses sin que haya asomo de solución.
El diálogo está suspendido desde 1996, y aunque no no hay enfrentamientos directos entre el ejército y la guerrilla, la violencia en la zona es una constante.
De aquí al 2000 no hay ninguna posibilidad de arreglo, pues no existen condiciones ni alguien que esté dipuesto a generarlas, dijo Pablo Salazar, senador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien culpa sin ambages al Ejecutivo del "fracaso rotundo" en las negociaciones con el EZLN.
En una suerte de diálogo de sordos, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo repite periódicamente que es la guerrilla la que no quiere la paz y rehuye el diálogo, mientras el EZLN insiste que es el gobierno el que engaña, persigue e incumple sus compromisos.
Será el próximo gobierno, que asumiría en diciembre del 2000, quien cargue con el problema, pues el actual no tiene interés en negociar, "lo único que quiere es acabar a la guerrilla", dijo a IPS el diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática Gilberto Rivas.
Para el legislador, miembro de una comisión del Congreso creada para coadyuvar por la paz en Chiapas, el Ejecutivo busca que el tiempo desgaste al EZLN y lo lleve a la rendición y el descrédito.
Portavoces del gobierno dicen que el EZLN se cierra a dialogar, pues apuesta a reeditar su otrora importante proyección política en las próximas elecciones presidenciales, en las que la oposición cuenta con importantes posibilidades de triunfo, según coinciden en indicar diversas encuestas.
Los partidos de oposición al PRI, agrupación que gobierna México sin interrupciones desde 1929, sostienen que de llegar a la presidencia aceptarían las demandas de justicia y democracia de la guerrilla y darían suficientes niveles de autonomía a las etnias.
El diálogo de paz en Chiapas se interrumpió hace tres años por la negativa del gobierno a aceptar un proyecto de ley sobre derechos indígenas preparado por una comisión de diputados en base a los llamados acuerdos de San Andrés.
Esos acuerdos otorgan excesivos niveles de autonomía y pone en riesgo la unidad del país, son los argumentos del gobierno para oponerse al proyecto.
El EZLN, que según el actual gobernador de Chiapas, Roberto Albores, no merece ser llamado guerrilla pues se trata de un grupo "marginal y minoritario", demanda al gobierno de Zedillo aceptar el proyecto de ley preparado por los diputados.
Para refrendar su posición, la guerrilla organizó en marzo con apoyo de grupos civiles una consulta nacional en la que más de dos millones de personas respondieron un cuestionario que avala las demandas del grupo respecto a los derechos indígenas.
Pero el gobierno minimizó el pronunciamiento y repitió por enésima vez que la guerrilla es la culpable de que el conflicto continúe en Chiapas.
Con el fin de mostrar que la "guerrilla pierde seguidores" y que la paz regresa al estado sureño, Albores invitó la semana pasada a la prensa para atestiguar la entrega de armas de 14 supuestos insurgentes.
Tras el acto, se descubrió que los presuntos guerrilleros no eran tales y que a cambio de su participación en la entrega de armas recibieron como premio varias cabezas de ganado y un tractor.
El contexto en Chiapas es hoy peor, pues "hay muchas muertes no explicadas, la situación de la gente dentro y fuera de la zona del conflicto no ha mejorado, la sociedad se ha polarizado y ha perdido la esperanza de una solución inmediata", declaró el ex comisionado para la paz en la zona Manuel Camacho.
Camacho, quien concertó a nombre del ex presidente Carlos Salinas (1988-94) el cese al fuego con el EZLN en 1994, es actualmente opositor al gobierno y uno de los más duros críticos de la política oficial hacia Chiapas. (FIN/IPS/dc/dg/ip/99)
