Con la denuncia de una nueva escalada de presiones del gobierno de México contra los pueblos indios de México, el Congreso Nacional Indígena (CNI) cumplió su quinta asamblea.
Reunidos los días 8 y 9, 270 delegados de 63 organizaciones indígenas de 16 estados mexicanos decidieron dotar de mayor poder de decisión a las representaciones regionales, por encima de las que operan en las ciudades.
El CNI fue constituido en 1996, dos años después de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declaró la guerra al gobierno, para enlazar al movimiento nacional indígena con el resto de los sectores sociales del país.
Los delegados reunidos en asamblea denunciaron el hostigamiento y la agudización de presiones en las comunidades desde el 21 de marzo.
En esa fecha, más de dos millones de mexicanos convocados por el EZLN, que sostiene no luchar por el poder, votaron en una consulta nacional sobre derechos y la cultura de los pueblos indios.
Para promover el voto, cerca de 5.000 zapatistas ataviados con pasamontañas y pañuelos rojos, pero sin armas, recorrieron el país conviviendo con estudiantes, sindicalistas, políticos, legisladores, amas de casa y empresarios, entre otros.
La asamblea escuchó y analizó el reporte sobre la consulta presentado por la privada Fundación Rosenblueth y según el cual se registró mayor participación en los pueblos que en las ciudades.
En Chiapas votaron 454.000 personas, en Oaxaca 246.000, en Guerrero 114.000 y en Veracruz 150.000. En los cuatro estados, la población es mayoritariamente indígena.
Más de 15.000 casillas fueron instaladas en todo el país, mientras en ciudades de Estados Unidos y capitales europeas como París y Madrid votaron cerca de 40.000 personas, según informaron los organizadores.
El CNI consideró la consulta como un éxito y, en respuesta a una invitación del subcomandante Marcos, el líder el EZLN, decidió realizar su próxima asamblea en la región de los Altos de Chiapas.
Los delegados señalaron como muestra del hostigamiento del gobierno a las comunidades la ocupación durante un día por parte de la fuerza pública de San Andrés Larráinzar, uno de los cinco municipios chipanecos declarados autónomos por los zapatistas.
Este miércoles, funcionarios estatales y militantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyados por un comando policiaco, ocuparon San Andrés, donde en 1996 firmaron un acuerdo el gobierno y los rebeldes.
Al día siguiente, cerca de 3.000 indígenas zapatistas reinstalaron el concejo municipal autónomo, luego de haber retomado el lugar en forma pacífica.
Hasta la noche del viernes, más de mil zapatistas se mantuvieron frente a la presidencia municipal para impedir un eventual nuevo intento de la policía y las autoridades por recuperar el municipio.
Las autoridades rebeldes argumentan que el concejo municipal autónomo no es ilegal, como acusa el gobierno, pues "su legitimidad se la dan el pueblo y los acuerdos de San Andrés".
El hecho ocurrió días después de que supuestos zapatistas arrepentidos entregaron sus armas al gobernador chiapaneco, Roberto Albores, en una ceremonia pública.
El subcomandante Marcos, cuyas huestes no volvieron a disparar un solo tiro desde hace cuatro años, denunció como una "farsa" la deserción de 14 zapatistas, a los que señaló como miembros del PRI y del paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista.
En una entrevista con el diario Reforma, los presuntos insurgentes afirmaron que entregaron sus armas por la promesa de las autoridades de regalarles 10 vacas, un tractor y cuatro becerros. (FIN/IPS/pf/dg/ip/99
