El gobierno de Honduras defendió hoy los límites impuestos a las potestades del Comisionado de Derechos Humanos por considerar que "sobrepasó" sus límites, y pidió a la comunidad internacional que comprenda esta "decisión soberana".
El presidente del parlamento, Rafael Pineda Ponce, dijo este jueves que la decisión fue "legal", a pesar de las críticas entabladas aun en filas opositoras.
"No hay marcha atrás, fue consensuada entre los poderes del país y pedimos a la comunidad internacional respeto y comprensión a nuestras determinaciones", manifestó.
Ponce, junto con varios diputados afines al presidente Carlos Flores, asistió la noche del miércoles a reuniones reservadas para analizar la avalancha de críticas por la sorpresiva decisión.
El actual titular del Comisionado, Leo Valladares, había efectuado pocas semanas antes una auditoría social, a pedido del gobierno de Dinamarca, que denunciaba 17 casos de supuesta corrupción en el manejo de la ayuda externa para los damnificados del huracán Mitch, que asoló el país en octubre.
Grupos opositores calificaron el "cercenamiento" del Comisionado de acto de "venganza", pero los diputados del gobernante Partido Liberal sostienen que se trató de un "reordenamiento" de funciones para hacer más expedita la labor de ese organismo y otros de contralor.
"Nosotros estuvimos de acuerdo en reordenar las funciones del Comisionado de Derechos Humanos porque eran demasiado amplias. Su ámbito debe circunscribirse básicamente a los derechos humanos y no a la investigación de ilícitos que cometa la administración pública", afirmó Pineda.
Ante advertencias sobre la repercusión de la decisión en la comunidad internacional, Pineda dijo que "los cooperantes deben ser comprensivos, respetar las decisiones y aceptar que somos un país soberano como cualquier otra nación de la tierra".
Pero el canciller hondureño, Roberto Flores Bermúdez, dijo este jueves que la decisión tomada a iniciativa del Poder Ejecutivo por los legisladores traerá, sin duda, fuertes repercusiones para el país y puede perjudicar "la credibilidad en el exterior" del país.
"A nivel internacional, podría interpretarse la determinación del Congreso como un límite a los contrapesos que vigilan el buen manejo de la cooperación externa. Ojalá los diputados reflexionen y rectifiquen antes de la reunión en Estocolmo, el próximo mes", afirmó.
El parlamento hondureño acordó el martes limitar las funciones del Comisionado al refomar su ley orgánica para impedir que, además de velar por el respeto a los derechos humanos, investigue y haga un control social de los actos de administración pública.
Antes, sus denuncias en la materia debían ser trasladadas a los entes de contralor para su verificación, sanción y castigo correspondiente.
Hasta ahora, a excepción de la Fiscalía del Estado, ningún ente contralor ha enjuiciado a funcionarios por actos de corrupción. Los titulares de estos organismos son nombrados por el gobierno y su capacidad de acción se ha limita por el momento al archivo de las denuncias.
La auditoría a la cooperación a los damnificados por el huracán Mitch fue efectuada por el Comisionado el gobierno de Dinamarca, y sostiene que los 17 casos de corrupción encontrados apenas representan dos por ciento del total de la ayuda externa que ingresó al país.
Pero Flores consideró el informe el "peor daño" que se haya hecho a su gobierno y lanzó una campaña de desprestigio contra el Comisionado de Derechos Humanos.
La limitación de las funciones del Comisionado incluye el recorte de su período en funciones de seis a cuatro años.
José Angel Saavedra, diputado del gobernante Partido Liberal, dijo este miércoles que "todo lo sucedido al Comisionado es por orden del presidente Flores, que procura perpetuarse en el poder, aun sabiendo que la constitución se lo impide".
El Comisionado de los Derechos Humanos fue creado en 1992 como parte de los acuerdos de paz. (FIN/IPS/tm/mj/hd ip/99
