Representantes negros del sur de Estados Unidos viajarán a Ginebra la próxima semana para comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y buscar ayuda contra el "racismo ambiental".
El grupo, que representa a organizaciones comunitarias y ambientalistas, sostiene que Estados Unidos es cómplice de violar los derechos humanos.
Los representantes aseguran que el gobierno permite que los vertederos de tóxicos y las fábricas contaminantes se instalen en mayor número en comunidades de minorías étnicas y de bajos ingresos.
Los delegados atestiguarán ante la Comisión sobre los problemas de salud y el daño ambiental que sus comunidades padecen como consecuencia de vivir cerca de numerosas fábricas químicas tóxicas.
A pesar de que existe una orden ejecutiva del presidente Bill Clinton para combatir el racismo ambiental, funcionarios estadounidenses sólo aplicaron las leyes ambientales en estas comunidades por la gran presión que ejercen las organizaciones, asegura el grupo.
"Vamos a llamar la atención del mundo al patrón de racismo ambiental que existe en Estados Unidos", dijo Damu Smith, coordinador de la Campaña contra los Tóxicos de (la organización ecologista) Greenpeace en Estados Unidos.
"Con esta delegación sin precedentes, esperamos obligar a Estados Unidos a cumplir las leyes existentes y lograr la justicia ambiental", explicó.
Monique Haren, abogada con el grupo Earthjustice Defence Fund (Fondo de Defensa Justicia de la Tierra), quien ha representado a varias comunidades en litigios contra compañías acusadas de contaminación, también integra la delegación.
"La presión por los derechos humanos por lo general se ejerce sobre los países en desarrollo, pero nosotros queremos dirigir la atención a Estados Unidos", señaló.
La mayoría de los delegados proceden de comunidades junto al río Mississippi, en el estado de Louisiana, conocido como el Callejón del Cáncer. El corredor industrial que se extiende desde Baton Rouge hasta Nueva Orleans en el sur junto al río alberga a más de 140 refinerías de petróleo y fábricas químicas.
En 1993, el Comité asesor del Estado de Louisiana ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos concluyó que "muchas comunidades negras situadas junto al corredor industrial… sufren efectos adversos en forma desproporcionada porque el sistema de gobierno actual permite la expansión de las fábricas de residuos y químicos peligrosos".
Organismos de salud y ambientales confirmaron que varios estuarios y cursos de agua en la zona están contaminados con químicos industriales altamente tóxicos conocidos como contaminantes orgánicos persistentes, o COP. Estos químicos incluyen la aldrina, el DDT, dioxinas y PCB.
Algunos de estos químicos son pesticidas y productos industriales. Otros son derivados químicos del proceso de manufactura o incineración.
Los científicos hallaron un vínculo entre los COP y el sistema inmunológico, defectos neurológicos, anormalidades reproductivas, baja cantidad de esperma y cáncer. En la actualidad se está negociando un tratado internacional para eliminar estos químicos ya que pueden viajar largas distancias por el viento y el agua.
Los funcionarios "no impusieron reglas o garantías para asegurar que comunidades (minoritarias) estén razonablemente protegidas de la alta concentración de residuos peligrosos e instalaciones industriales", declaró el Comité Asesor del Estado de Louisiana.
Ultimamente hubo varias batallas legales contra el cloruro de polivinilo (PVC), o contra las instalaciones de vinilo en las comunidades negras en Louisiana. La producción de PVC genera la emisión de químicos tóxicos, incluso de dioxinas, que la oficial Agencia de Protección Ambiental advierte puede causar cáncer.
La compañía japonesa Shintech Inc. desató una controversia nacional sobre el racismo ambiental con su plan de construir una fábrica de PVC de 700 millones de dólares en la comunidad pobre y mayoritariamente negra de Convent, Louisiana.
La firma argumentó que la fábrica generaría muchos empleos para la comunidad, pero activistas, con ayuda de la Agencia de Protección Ambiental, impidieron el año pasado que se realizara la obra.
Pero, apenas los activistas cantaron victoria en Convent, la batalla contra Shintech se trasladó a otra zona de Louisiana, donde la empresa ahora pretende construir una fábrica menor de PVC en la localidad de Plaquemine.
"Ahora estamos preparados para luchar junto con los ciudadanos de Plaquemine para detener a Shintech", aseguró Smith.
En la zona sudoccidental del estado, las comunidades rurales negras también padecen el racismo ambiental, según Haki Vincent, delegado del pueblo negro de Mossville.
"La capacidad de los residentes de Mossville para sostenerse a sí mismos y a sus familias con la agricultura, la pesca y la caza está disminuyendo a medida que crecen las fábricas petroquímicas que siguen ampliándose", informó.
Rodeado de tanques de depósitos, chimeneas y drenajes subterráneos, Mossville también alberga a varias fábricas de PVC que, según Vincent, contaminaron el aire y el agua. Cerca de 25 por ciento de los 800 habitantes debieron mudarse por la contaminación ambiental, señaló.
Fuera de Nueva Orleans, una comunidad negra de bajos ingresos que habita en los vecindarios de Press Park y Gordon Plaza notó un incremento en los problemas de salud y el misterioso deterioro de los cimientos de sus casas.
En esta década, los habitantes descubrieron que sus casas están construidas sobre un vertedero tóxico tapado con tierra que fue clausurado en 1965.
El vertedero, que contiene sustancias que incluyen el pesticida tóxico DDT y dioxinas, fue usado por la ciudad y diversas industrias durante más de 50 años.
La alta incidencia de cáncer, tumores cerebrales y enfermedades respiratorias fue documentada por las autoridades de la salud. Según funcionarios de la salud, el pueblo tiene la mayor cantidad de casos de cáncer de mama en Louisiana.
La mayoría de los habitantes del vecindario exigieron asistencia financiera para mudarse. Pero la Agencia de Protección Ambiental se limitó a limpiar los primeros metros de tierra, y los residentes tendrán que vivir en la zona mientras continúa la limpieza.
Margie Richard, presidente de una organización comunitaria en Norco, Louisiana, un pueblo de 5.000 personas, dijo que mucha gente sufre problemas de salud debido a la contaminación causada por refinerías de petróleo y compañías químicas operadas por la anglo-holandesa Shell.
Casi la mitad de los habitantes de Norco son negros. Varias personas murieron en los últimos años debido a explosiones químicas, agregó.
Parte de Norco, como otras zonas industriales de Louisiana, se encuentran sobre terrenos que otrora fueron plantaciones esclavistas, explicó Harden, de Earthjustice.
"Hemos pasado de las plantaciones a las fábricas tóxicas, y la gente aún no se ha liberado", reflexionó. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/aq/en-hd/99
