Organizaciones indígenas de Ecuador creen ver motivación racista en la citación recibida por un dirigente de ese movimiento para declarar ante la justicia en la causa abierta al ex presidente Fabián Alarcón por corrupción.
La diputada Nina Pacari, vicepresidenta del parlamento, advirtió que el movimiento indígena, al que ella pertenece, vigilará la actuación de la justicia en el caso.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hector Romero Parducci, resolvió investigar al ex diputado indígena Miguel Lluco y a los colaboradores de éste por depositar su salario en una misma cuenta bancaria, abierta a nombre de una asesora del antiguo legislador.
Lluco, del Movimiento Indígena de la provincia de Chimborazo (MICH), explicó que antes de ser elegido diputado convino con quienes serían sus colaboradores destinar los salarios a un fondo común para repartir luego el dinero de acuerdo con un promedio previamente establecido.
Ese acuerdo respondió a la tradición comunitaria de los indígenas de compartir los bienes, explicó Lluco, de origen quechua y que en el periodo 1996-1998 representó en el Congreso al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País.
"En la comunidad todo se comparte y nadie se enriquece a costa de los otros, entonces nuestros salarios del Congreso debían repartirse equitativamente y crear un fondo para necesidades de trabajo y del MICH", agregó.
Pero Romero Parducci cree posible que los colaboradores de Lluco depositaran sus salarios en la cuenta de Lourdes Rodríguez, dirigente del Movimiento de Mujeres de Ecuador, para pagar al entonces diputado el favor de haberlos contratado.
También podría tratarse de funcionarios "fantasma", que figuraban en la lista de pagos del Congreso pero no trabajaban, según las sospechas del juez.
Ese es el caso de algunos de los 1.119 funcionarios designados por el ex presidente interino Alarcón (1996-1998), que fue detenido y sometido a juicio.
La contratación de personal realizada por Alarcón para pagar favores políticos "significa una disposición arbitraria de dineros del Estado de no menos de 50.000 millones de sucres anuales (13 millones de dólares de la época)", según la acusación.
Para algunos analistas, el hecho de "involucrar a Lluco y a Rodríguez en el caso Alarcón es un intento de desviar la atención del delito por el que se acusa al ex presidente".
Javier Ponce, experto en asuntos indígenas, señaló que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, si ha obrado en realidad de buena fe, demuestra que "no entiende a los indígenas". El sistema judicial ecuatoriano "no acepta una práctica comunitaria diferente", comentó.
Lluco, que percibía como diputado un promedio mensual de 2.500 dólares, aportaba al fondo común 1.500, por lo que en la realidad cobraba solamente 1.000 dólares, según dijo.
"Queremos creer que es una equivocación de la justicia y que no se trata de una persecución a dirigentes de los movimientos sociales, por eso confiamos en que todo se aclare", declaró por su parte Rodríguez, titular de la cuenta bancaria investigada.
El ex diputado Napoleón Saltos, también del Movimiento Pachakutik, aseguró que todos los legisladores de su grupo se comprometieron a distribuir su paga con sus colaboradores y con organizaciones indígenas.
"Todos acordamos que aportaríamos parte de nuestros sueldos para las organizaciones y para el propio movimiento y cumplimos a medias, pero Lluco fue quien cumplió totalmente", dijo Saltos.
El malestar del movimiento indígena se debe a que este caso se suma a otro, que resultó en una falsa acusación a uno de sus representantes.
En diciembre, el diputado indígena Luis Macas, ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), fue acusado por un funcionario de haberle dado un cheque sin fondos y la justicia determinó su prisión inmediata.
Hechas las investigaciones, se comprobó que el cheque había sido robado del despacho de Macas y su firma había sido falsificada, por lo que fue declarado inocente.
En opinión del dirigente indígena Ricardo Ulcuango, estos casos demuestran racismo y persecución a los líderes de la CONAIE, que han luchado "contra la corrupción y (contra) las políticas económicas que afectan a nuestros pueblos". (FIN/IPS/kl/ff/ip/99
