El ministro de Gobierno (Interior) de Ecuador insinuó hoy, por primera vez, que el gobierno podría hacer concesiones a los grupos empresariales de la rica provincia de Guayas, que reclaman su autonomía económica y política.
Guayas está ubicada en la región de la Costa, sobre el Océano Pacífico, y su capital es el puerto de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y su principal centro comercial. Hay una hostilidad histórica en la Costa contra el centralismo de la región de la Sierra, donde se encuentra la capital.
Este sentimiento se ha visto exacerbado en las últimas semanas, a raíz del descontento popular por las severas medidas de ajuste económico del gobierno, y estimulado por grupos económicos y políticos enfrentados al gobierno del presidente Jamil Mahuad.
Las movilizaciones que reivindican la autonomía comenzaron el 22 de marzo, tras la quiebra del Banco Progreso, el más importante de Guayaquil.
El principal accionista de ese banco, Fernando Aspiazu, y el alcalde de la ciudad, León Febres Cordero (quien fue presidente enter 1984 y 1988, y es abogado de las empresas de Aspiazu), acusaron de la quiebra al centralismo de Quito.
Ambos sostuvieron que la institución financiera se había visto perjudicada porque el gobierno prefiere depositar fondos públicos en los bancos de la Sierra, y reclamaron que las autoridades brindaran asistencia para salvar el Progreso, lo que finalmente ocurrió.
Las Cámaras de Industria y Comercio de Guayaquil se sumaron al reclamo, reivindicando además, como parte de un "mejor trato" a la región, que no se les cobraran impuestos a la renta y al patrimonio.
A convocatoria de estos grupos económicos, unas 8.000 personas marcharon por las calles de Guayaquil portando banderas de la ciudad y pancartas que pedían la autonomía de Guayas.
Los dirigentes de las Cámaras de Industria y Comercio de Guayaquil enviaron a Mahuad un documento con siete reivindicaciones que denominaron "las siete coherencias".
Además de la autonomía de Guayas, las Cámaras exigen que se destine parte de los ingresos petroleros a recomprar títulos de deuda externa, muchos de cuyos actuales poseedores son afiliados a esos gremios empresariales.
También demandan que, en vez de crear nuevos impuestos, se recauden los actuales de modo más eficiente, que se agiliten los procesos de privatización de empresas estatales y que se reconstruyan las carreteras de la Costa, destruidas por los desastres causados por el fenómeno climático de El Niño.
Los empresarios costeños pidieron a Mahuad que viajara a Guayaquil para conversar con ellos sobre las propuestas, pero hasta ahora el gobierno había rechazado tajantamente esa solicitud.
Roberto Illingworth, vocero de las Cámaras, declaró que "no se puede vivir la realidad desde un sitio lejano", y que viajar a Guayaquil era "una obligación" de Mahuad.
Las Cámaras iniciaron una campaña de movilizaciones denominada "Para la defensa del país y una salida digna", y anunciaron que si el presidente no se trasladaba a discutir con ellos recolectarían un millón de firmas de respaldo a un plebiscito sobre la autonomía provincial.
El presidente de la Cámara de Comercio de Guayas, Joaquín Zevallos, lanzó la consigna: "Que cambie Jamil o lo cambia Guayaquil".
El jueves fueron 50.000 los guayaquileños que participaron en una manifestación que reclamó la autonomía política y económica, coreando la consigna "Con la Costa no se juega".
"Las manifestaciones de Guayaquil recogen un sentimiento que anida en algunas provincias", reconoció el ministro de Gobierno (Interior) Valdimiro Alvarez, que es guayaquileño.
Alvarez admitió la necesidad de "trabajar intensamente en el análisis de sistemas alternativos a la actual división político- administrativa del país", que "ha fracasado", pero agregó que esto no debía hacerse "con el ánimo de lograr independencias o autonomías".
El ministro había declarado que Mahuad jamás iría a dialogar a Guayas, y que eran los empresarios quienes debían viajar a Quito, pero este martes en la mañana dijo que el presidente está pensando en realizar una serie de actividades en Guayaquil entre el miércoles y el viernes de esta semana.
Según dijo Alvarez, entre esas actividades podría incluirse una reunión con los dirigentes de las Cámaras guayaquileñas. El ministro añadió que muchas de las propuestas de los empresarios son "bien vistas por el gobierno" y que ambas partes "tienen que conversar".
Para el guayaquileño Raúl Vallejo, ex ministro de Educación durante el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), el interés de las Cámaras costeñas es presionar para que el gobierno retome su alianza con el derechista Partido Social Cristiano (PSC), que es el de Febres Cordero y predomina en la Costa.
"Los empresarios y banqueros de Guayaquil presionan al gobierno porque temen que las privatizaciones se escapen de sus manos y sean usufructuadas por los grupos económicos de la Sierra. Esto quedó demostrado en el enfrentamiento entre banqueros de Quito y Guayaquil", aseguró Vallejo.
Para no dar sustento a interpretaciones de ese tenor, Febres decidió no hacerse presente en las manifestaciones. "Estoy de acuerdo con los planteamientos, pero no participo para evitar que los diarios de Quito me acusen de politizar la movilización y de avivar el regionalismo", dijo el alcalde de Guayaquil.
Mahuad fue elegido con el apoyo del PSC, y cogobernó con él hasta hace tres semanas, cuando el país fue paralizado durante cuatro días por protestas contra medidas económicas de ajuste.
En esa ocasión Mahuad declaró estado de emergencia nacional para enfrentar las protestas, decretó el aumento de los combustibles en 163 por ciento, congeló los depósitos bancarios mayores de 200 dólares y envió al parlamento leyes que agilitaban la privatización de empresas públicas.
Puesto en jaque por las movilizaciones, resolvió luego, sin embargo, derogar parte de las medidas de ajuste, retirar los proyectos privatizadores, rebajar el precio del combustible y admitir propuestas de los partidos de centroizquierda en materia tributaria.
El gobierno llegó a un acuerdo con esos sectores para eliminar exoneraciones al Impuesto al Valor Agregado y crear tributos que gravan las utilidades bancarias, los vehículos de lujo y el patrimonio de las empresas. El PSC no estuvo de acuerdo y abandonó la alianza de gobierno.
Según el general Paco Moncayo, jefe del bloque de Izquierda Democrática en el parlamento, "las Cámaras de Guayaquil utilizan el tema regional para imponer el neoliberalismo brutal que está destruyendo a los pueblos latinoamericanos". (FIN/IPS/kl/mp/ip/99
