Cinco chamanes (practicantes de ritos y medicina tradicional de las comunidades indígenas) de la región amazónica se encuentran en Estados Unidos para pedir al gobierno de ese país que revoque la patente del uso de la ayahuasca.
Esta planta, que puede producir efectos alucinógenos, es considerada sagrada por los aborígenes de la Amazonia y se le atribuyen poderes curativos.
La Oficina de Patentes de Estados Unidos concedió una licencia al estadounidense Loren Miller para realizar experimentos medicinales con la ayahuasca y comercializarla, lo que fue repudiado por los pueblos indígenas de los nueve países amazónicos.
La Amazonia incluye territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Venezuela y Suriname.
"Las plantas sagradas usadas en las prácticas culturales colectivas no se pueden patentar, porque su comercialización ofende a los pueblos indígenas", sostienen los chamanes.
El caso de la ayahuasca es uno de tantos de "biopiratería" (apropiación de recursos biológicos) de las riquezas naturales de la Amazonia.
En Ecuador, cuya diversidad biológica en relación con su área es la mayor de América Latina, se ha denunciado que muchas compañías extranjeras utilizan los recursos naturales para investigación genética.
Portavoces de la organización conservacionista Acción Ecológica señalaron que diversas empresas extranjeras organizan programas de investigación que emplean antropólogos y etnobiólogos para obtener recursos genéticos en la Amazonia.
Uno de los ejemplos es el de la Compañía Petrolera Maxus, que hace pocos meses inauguró la estación científica de Yasuní en la Amazonia ecuatoriana.
Según el convenio firmado con Ecuador, Maxus debería transferir a ese país su tecnología y repartir parte de las ganancias generadas con el Estado ecuatoriano y las comunidades indígenas que custodian la biodioversidad, pero no está cumpliendo ese compromiso.
Algunas revistas científicas internacionales denunciaron que los recursos biológicos extraídos por Maxus son utilizados en la industria farmacéutica.
Hace dos años se sacaron de Ecuador 750 ranas vivas, cuya piel sirvió para reproducir un analgésico 200 veces mayor que la morfina, sin beneficio alguno para el país.
Ese analgésico fue patentado en Estados Unidos por la compañía Shamán Pharmaceuticals, que según un informe del diario Wall Street Journal se fundó en 1989 sobre la premisa de que "el conocimiento de los chamanes acerca de las plantas medicinales podría ayudar a desentrañar compuestos curativos y ganancias".
Algo similar ocurrió con la quinua, una planta de la zona andina, de la cual se aislaron los genes que la hacen rica en proteínas, para incorporarlos a otras plantas.
La comunidad indígena awa, que habita la costa norte de Ecuador y algunas zonas de Colombia, colaboró con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos para la recolección e investigación de plantas que podrían emplearse en la producción de medicamentos contra el sida y el cáncer.
Más allá de la importancia de esas investigaciones, los indígenas ecuatorianos se preguntan qué beneficios obtendrán ellos y el Estado ecuatoriano por la entrega de sus recursos biológicos
De acuerdo con el Convenio sobre Biodiversidad firmado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Rio de Janeiro en 1992, los recursos biológicos son parte de la soberanía nacional.
Esto implica que tanto el Estado como las comunidades indígenas deben conocer la finalidad de las investigaciones que empleen sus recursos biológicos, y obtener beneficios de ellas. Sin embargo, es muy frecuente que esto no suceda.
El mismo Convenio establece que la investigación científica debe desarrollarse con los objetivos de conservar la diversidad biológica y promover su uso sustentable.
A su vez, el Acuerdo de Cartagena, que creó el Pacto Andino, exige que cuando los países que lo integran (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) establecen contratos con compañías que investigan los recursos genéticos, las comunidades indígenas afectadas deben ser consultadas previamente.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, también ha protestado porque al menos diez muestras de sangre de indígenas ecuatorianos se vendieron en las denominadas "Boutiques del Genoma" en Estados Unidos.
Los genes de indígenas amazónicos chachis, huaoranis, quichuas y tsáchilas salieron del país sin que esos pueblos dieran su consentimiento para que se experimentara con su sangre.
Las muestras ahora se emplean en investigaciones sobre el genoma humano que se desarrollan en Estados Unidos, y se ha descubierto que los chachis tienen una característica genética exclusiva de inmunidad.
Esto podría ser muy importante para el tratamiento del sida, pero los indígenas ecuatorianos no aceptan que se les tome como cobayas.
Los diputados indígenas de Colombia y Ecuador iniciaron el año pasado una acción judicial conjunta de carácter internacional para recuperar las muestras, al tiempo que impulsan en sus respectivos países la aprobación de leyes que protejan la biodiversidad.
El dirigente indígena Ricardo Ulcuango comentó que las investigaciones de la sangre de comunidades autóctonas no sólo atenta contra la diversidad biológica ecuatoriana, sino también contra los derechos humanos de esas comunidades.
"Sabíamos del robo de animales y de plantas sagradas como la ayahuasca, pero no se había llegado al límite de que se llevaran la sangre de nuestros hermanos", añadió.
Según el microbiólogo francés Albert Sasson, investigador de la Universidad de París, la investigación en biotecnología tiende a satisfacer las necesidades de los mercados internacionales y no las de los países en desarrollo.
"Así se corre el riesgo de que la brecha tecnológica entre los países ricos y pobres aumente aun más. Hay que definir una estrategia para que los beneficios de la biotecnología se distribuyan equitativamente", afirmó. (FIN/IPS/kl/mp/hd sc/99
