Los promotores de la campaña internacional por la abolición de la pena de muerte confían obtener mayor apoyo a la iniciativa durante la presente sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La tendencia hacia la abolición ya es irreversible, estimó el italiano Sergio d'Elia, secretario de la organización No toquen a Caín (Hands off Cain), una liga de personalidades internacionales que abogan por la eliminación de la pena capital.
La campaña se inició en 1993, cuando "nos consideraban un club de soñadores", recordó D'Elia. En la actualidad, los países abolicionistas suman 60 y pertenecen a todas las regiones del mundo, aunque prevalece una mayoría de europeos.
Otros 15 estados limitan la abolición sólo a los delitos comunes, mientras que 27 han suprimido de hecho la pena capital, dado que en los últimos 10 años nunca han ejecutado sentencias a muerte dictadas por tribunales.
Al cuadro se agregan siete países que se comprometieron a borrar esa pena de su legislación para asegurar su ingreso al Consejo de Europa, mientras que otros cuatro (Argelia, Kirguistán, Malawi y Turkmenistán) mantienen el castigo, pero declararon una moratoria de las ejecuciones.
La composición del bloque de 72 estados opositores a la abolición es heterogénea. Figuran Estados Unidos y Japón junto a China, India, Cuba y la República Federal de Yugoslavia, además de la mayoría de los países de religión islámica y de los caribeños anglófonos.
El proyecto de resolución a favor de la abolición, que la Comisión de Derechos Humanos discutirá esta semana, fue presentado por Alemania, en representación de la Unión Europea.
El texto de la resolución de este año tiene un tono más enérgico que el dictamen de 1998, aseguró Elisabetta Zamparutti, representante de los abolicionistas.
En contraste, el Partido Radical Transnacional sostuvo, en una declaración distribuida este martes en Ginebra, que la propuesta de la Unión Europea representa un paso atrás significativo comparada con las resoluciones aprobadas en 1997 y 1998.
Zamparutti precisó que al grupo de países coauspiciantes se han sumado este año Albania, Belarús, Camboya, El Salvador, Mauricio, Mónaco, Turkmenistán y Santo Tomé y Príncipe.
En un principio, la tendencia abolicionista se consolidó entre las organizaciones internacionales, mientras resultaba menos evidente, pero igualmente significativa, su penetración en el derecho de los estados a nivel nacional.
Los avances internacionales se reflejaron en la exclusión de la pena de muerte de los tribunales especiales previstos por el Consejo de Seguridad de la ONU para los delitos cometidos en la ex Yugoslavia y en Ruanda.
Tampoco se incorporó la pena capital en el estatuto del Tribunal Penal Internacional para los delitos contra la humanidad que se discutió en 1998 en Roma.
"Todo esto nos permite afirmar que la pena de muerte ha sido definitivamente excluida del derecho internacional", dijo el secretario de la organización que se identifica por la frase bíblica "No toquen a Caín".
En la actualidad se observa una tendencia también irreversible en el interior de los estados, dijo D'Elia.
Ya se puede asegurar que la supresión de la pena de muerte no es más solo una demanda del movimiento abolicionista, sino un punto de vista compartido por la comunidad internacional.
Un grupo de personalidades internacionales, que incluye a ganadores del Premio Nobel, dirigió esta semana un mensaje a la ONU para solicitar la eliminación de "este anacronismo intolerable" mediante una moratoria universal de las ejecuciones con miras a su desaparición.
La abolición de la pena capital "es la última meta del siglo XX, el punto de encuentro de civilizaciones diferentes", se dijo en el mensaje depositado en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Mientras la tendencia mundial se orienta a la suspensión y la abolición de la pena de muerte, Estados Unidos marcha en sentido opuesto, advirtió la abogada estadounidense Melodee Smith en una rueda de prensa, en Ginebra.
En Estados Unidos, la pena de muerte castiga a los pobres sin recursos, que no tienen respaldo de los gobiernos ni de los servicios sociales, a la gente marginada de la sociedad que no puede afrontar el pago de abogados defensores ni los costos inalcanzables de investigaciones, afirmó Smith.
En 1998 fueron ejecutadas 68 personas en Estados Unidos. Este año ya 34 condenados murieron a manos de los verdugos oficiales. El estado de Texas encabeza las estadísticas, con 20 ejecuciones en 1998 y nueve en lo que va de este año.
Pero un informe de Amnistía Internacional, citado en la rueda de prensa por el disidente chino Harry Wu, asegura que el mayor número de ejecuciones se realiza cada año en China.
En 1996, de unas 6.000 ejecuciones en todo el mundo, 4.367 se efectuaron en China, lo que equivale a 79 por ciento, consignó Wu durante la reunión organizada por No toquen a Caín.
El disidente sostuvo que el gobierno chino organiza la extracción de los órganos de los cadáveres de los prisioneros ejecutados para venderlos posteriormente con fines de transplante a pacientes chinos e internacionales. (FIN/IPS/pc/ff/hd/99
