La decisión entre la vida y la muerte de los condenados en Cuba a la pena capital no está en manos del presidente Fidel Castro, advirtió hoy el semanario sindical Trabajadores, en relación con el caso de dos salvadoreños que esperan su ejecución.
"El derecho de gracia no lo ejerce una persona", aseguró el diputado Lázaro Barredo en el semanario, órgano oficial de la Central (única) de Trabajadores de Cuba.
Barredo reconoció la "notable influencia" de Castro, pero consideró prueba de "desconocimiento" del sistema político de este país creer que el futuro de los condenados a muerte depende sólo del presidente.
La ley de Procedimiento Penal prevé la apelación de oficio de las sentencias a muerte ante el Tribunal Supremo Popular. En caso de confirmación de la condena, los 31 miembros del Consejo de Estado deben decidir si procede la ejecución.
Barredo citó declaraciones atribuidas al arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, sobre un pedido de clemencia enviado a Castro por la condena a muerte en Cuba de dos ciudadanos salvadoreños encontrados culpables de actos terroristas.
"No hemos recibido respuesta a nuestra petición" de perdón para los sentenciados, "pero la respuesta no es lo importante, sino la decisión que Fidel Castro pueda tomar cuando el caso llegue a sus manos", dijo Sáenz a la prensa salvadoreña.
El artículo de Barredo en Trabajadores insertó la polémica sobre la pena de muerte en la prensa cubana, que se mantiene ajena a todo cuestionamiento de ese castigo.
"La existencia de la pena capital en la legislación cubana actual conceptúa su aplicación de manera excepcional y es más que todo un medio disuasivo", señaló Barredo, miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).
La pena de muerte persiste en la legislación nacional como instrumento disuasivo "ante el recrudecimiento de las agresiones de Estados Unidos y de la existencia de grupos terroristas que operan contra Cuba", agregó.
La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana sentenció en marzo a morir ante el pelotón de fusilamiento a los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto Rodríguez Llerena.
Los condenados se reconocieron culpables de una serie de atentados contra la industria turística cubana en 1997, organizados por el exiliado cubano Luis Posada Carriles.
Cruz confesó ser el autor de seis explosiones en el verano de 1997. Rodríguez Llerena admitió su responsabilidad en un atentado contra el hotel Cohiba y en el ingreso en el país de 1.519 gramos de explosivos que, según un agente de la Seguridad del Estado, estaban destinados a volar sitios históricos.
Periódicos de Estados Unidos intentaron explicar los atentados por un supuesto aumento de la oposición interna contra el gobierno de Castro e insinuaron que los autores habrían sido oficiales desleales de las Fuerzas Armadas.
Barredo afirmó que la pena de muerte es "un medio legal de defensa de la sociedad contra los delitos de mayor gravedad", como el asesinato o la violación de niñas y niños.
Pero el aumento de la cantidad de fieles católios desde principios de esta década aumentó la oposición a la pena de muerte.
Esa pena "no resuelve" los problemas y "es siempre un recurso trágico", pues "un mal no puede remediar otro mal", advirtió el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana.
Pero Barredo opinó que "lo inhumano" sería no prevenir y castigar actos de extrema gravedad "con las más drásticas y ejemplarizantes penas, o enfrentarlos por vías extralegales".
Al respecto, observó que en Cuba, antes del triunfo en 1959 de la Revolución encabezada por Castro y actualmente "en varios países" en que la pena de muerte fue abolida, existen grupos paramilitares y escuadrones de la muerte y se cuentan casos de detenuidos-desaparecidos.
La pena de muerte fue suspendida en Cuba entre 1940-1958, aunque en los últimos seis años de ese período, durante la dictadura de Fulgencio Batista, fueron perpetrados más de 20.000 asesinatos por causas políticas, señaló Barredo.
El Código Penal impide la imposición de la pena de muerte a los menores de 20 años de edad y a las mujeres embarazadas. Fuentes oficiales indican que durante el gobierno de Fidel Castro esa sentencia no fue aplicada a ninguna mujer. (FIN/IPS/da/ff/ip hd/99
