El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, rechazó hoy las afirmaciones de un funcionario estadounidense que se refirió a las Fuerzas Armadas como "un agente más de la violencia que vive el país" y las acusó de vínculos con paramilitares.
"Es inaceptable que a las Fuerzas Armadas se les coloque en la misma categoría que a grupos ilegales como el paramilitarismo (de derecha) y la guerrilla", dijo Pastrana al concluir una reunión extraordinaria de seguridad con altos mandos militares.
Pastrana respaldó la labor que cumple la comandancia militar para procurar el desmantelamiento de los grupos paramilitares, que operan principalmente en el norte y el noroeste de Colombia.
La respuesta gubernamental se conoció luego del pronunciamiento que sobre la situación de derechos fundamentales en Colombia hizo el secretario de Estado Adjunto para los Derechos Humanos de Estados Unidos, Harold Koh, en un seminario celebrado este domingo en la noroccidental ciudad de Medellín.
Koh dijo que Estados Unidos apoyan el proceso de paz en Colombia, pero que el gobierno debería "procurar cortar los evidentes vínculos que hay entre militares y paramilitares".
El ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, calificó de "apresuradas" las declaraciones del funcionario estadounidens y las atribuyó a desconocimiento de la realidad de Colombia.
El comandante del ejército, general Fernando Tapias, invitó públicamente a Koh a permanecer unos días en Colombia para apreciar la lucha que se lleva adelante y negó que "el Estado no esté entregando al mundo pruebas concretas en la lucha contra el paramilitarismo".
La Fiscalía General de la Nación vinculó este lunes al comandante de la segunda división del ejército, general Jaime Uscátegui, por su presunta vinculación con la masacre de 40 personas efectuada en 1997 por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el oriental municipio de Mapiripán.
Organismos defensores de los derechos humanos avalaron la posición del gobierno estadounidense.
Jorge Rojas, director de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo a IPS que aplaude la declaración de Koh y llama al gobierno a implementar sus recomendaciones para que los actores del conflicto respondan a las preocupaciones de la comunidad internacional.
Para el director de Codhes es «altamente significativo» que sea el gobierno de Estados Unidos el que haya variado su posición frente a América Latina en materia de derechos humanos, asumiendo "actitudes de cuestionamiento y crítica».
Según un estudio del Codhes, desde 1985 el conflicto interno armado en Colombia dejó un total de 1,5 millones de personas desplazadas. «En Colombia aproximadamente ocho hogares fueron desplazados cada hora durante 1998», indicó Rojas. (FIN/IPS/mjll/ag/hd/99
