El Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda fuerza guerrillera de Colombia, se negó hoy a liberar a 32 personas secuestradas en un avión comercial y se complica su anunciado diálogo de paz con el gobierno.
El ELN dijo, en un comunicado distribuido a la prensa este miércoles, que "ante la opinión nacional e internacional" quedó clara "la negativa del presidente Andrés Pastrana a brindar las condiciones mínimas de seguridad que faciliten la liberación del grupo de retenidos".
La guerrilla criticó la política de "resolución de conflictos" de Pastrana, a la que comparó con la adoptada por el presidente Belisario Betancur, quien se negó en 1985 a negociar con el entonces insurgente Momivimiento 19 de Abril (M-19) la liberación de rehenes del Palacio de Justicia.
Betancur (1984-1988), del Partido Conservador al igual que Pastrana, ordenó el 6 de noviembre de 1985 la entrada violenta del Ejército a la sede judicial, que había sido ocupado por el M-19 para denunciar el incumplimiento de acuerdos para su desmovilización.
El desalojo por la fuerza dejó como saldo la muerte de los 35 guerrilleros ocupantes y de otras 53 pesonas, entre magistrados y otros civiles.
Según el ELN, la negativa del gobierno los llevará a "buscar otros mecanismos" para liberar a los rehenes y a esperar "la próxima campaña electoral" para encontrar mejores condiciones en las negociaciones de paz.
La afirmación de que se buscarán "otros mecanismos" fue interpretada por Sabas Pretelt, miembro de la no gubernamental Comisión de Paz, que lidera la Iglesia Católica, como una insinuación de que "acudiría a la mediación internacional para este conflicto".
Pretelt señaló que el comunicado del ELN, que finaliza con la consigna "ni un paso atrás, liberación o muerte", muestra una radicalización de los insurgentes. Sin embargo, acepta "la disponibilidad que tiene de estudiar la liberación de los rehenes".
Explicó, por otra parte, que con el comunicado del ELN "las cosas se complican". No obstante, si se dialoga "y se utiliza una adecuada intermediación o facilitación, se puede llegar a entendimientos".
La comunicación de la guerrilla responde al pedido hecho este miércoles por el gobierno de liberar a todos los retenidos "sin hacer exigencias".
El ELN había pedido previamente el retiro del Ejército de la localidad de Monterrey, en el departamento norteño de Bolivar, para liberar un grupo de los retenidos, que serían portadores de una nueva propuesta de paz.
Según el gobierno es "una contradicción inaceptable" que se quiera utilizar la toma de rehenes y la "lesión de los derechos de la población civil como instrumento para formular propuestas de paz".
El secuestro del avión que cumplía un vuelo comercial entre Bucaramanda, al noreste del país, y Bogotá y la retención de sus pasajeros, el 12 de abril, fue interpretada por algunos analistas como un acto de presión para forzar al gobierno a una negociación de paz.
El acercamiento entre el ELN y el gobierno se vio dificultado en febrero por la negativa de Pastrana a retirar el Ejército de cuatro municipios del departamento de Bolivar.
El grupo insurgente pide la desmilitarización de la zona para realizar una Convención Nacional, que incluye a representantes de organizaciones sociales, en la que se definiría una agenda de negociación.
Pastrana se negó a dejar los cuatro departamentos bajo control guerrillero y ofreció otros lugares alternativos para realizar la Convención, los que fueron rechazadas por los insurgentes.
El comunicado de este miércoles del ELN produjo temor entre los familiares de los 32 secuestrados, por considerar que éstos están atrapados en una "zona de alto riesgo".
Informes de inteligencia indican que el lugar donde se encuentran los retenidos (sur del departamento de Bolivar) es un corredor estratégico que está bajo el fuego cruzado de guerrilleros, paramilitares de derecha y el Ejército.
Algunos expertos sostienen que la zona es clave para el ELN, porque allí se concentra 40 por ciento de la producción de oro del país.
También lo es para los paramilitares y narcotraficantes, que utilizan la zona para el embarque de drogas y el desembarque de armas.
La población civil ha sido la principal víctima de este fuego cruzado, ya que unas 35.000 personas han optado por abandonar sus hogares el último año. (FIN/IPS/yf/dm/ip/99
