La situación de los derechos humanos en Colombia ha empeorado y es una de las más difíciles y complejas del continente, según el informe presentado hoy en esta capital por el organismo especializado de la Organización de Estados Americanos.
El informe, tercero que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CJDH) sobre Colombia, describe un panorama caracterizado por "atrocidades y actos de violencia cometidos por los grupos armados disidentes (guerrilla), los traficantes de droga y otros actores privados (paramilitares)".
En un foro convocado por la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, el presidente de la CIDH, Robert Goldman, afirmó que el Estado no es institucionalmente responsable de la situación.
Pero en casos como el paramilitarismo de derecha, el Estado "no ha podido tomar las acciones necesarias para desarticular a estos grupos que tanto daño estan haciendo a la población civil", agregó Goldman.
El informe incluye aquellos actos ya sea reconocidos "o presuntamente atribuibles" a la guerrilla como masacres de civiles, uso indiscriminado de minas antipersonales, coches-bomba y ejecución de combatientes fuera de combate.
Goldman consideró estos hechos de "las violaciones más emblemáticas, serias y claras a las normas del derecho internacional humanitario".
Entre estos episodios se destacan el ataque del rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) a un tramo del Oleoducto Central el año pasado en la localidad de Machuca, en el departamento de Antioquia (noroeste), que originó un incendio en el que murieron 70 personas .
Según el documento, la guerrilla ha cometido "matanzas selectivas de civiles que mantienen alguna conexión real o aparente con grupos militares o paramilitares o que presuntamente los proveen de alimentos, albergue, o información".
Otros informes de organismos internacionales atribuyen a la guerrilla cerca de 20 por ciento de las masacres ocurridas en 1998. A los paramilitares corresponde el restante 80 por ciento.
El documento indica que, a pesar de que en los últimos años el Estado ha proclamado su interés en combatir a los paramilitares, la CIDH encontró y recopilado información que "refleja los variados grados de cooperación entre estos grupos y las fuerzas de seguridad oficiales en ciertas áreas del país".
Goldman dijo que la CIDH jamás afirmó que exista vinculación institucional entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas con estos grupos paramilitares, "pero si ha comprobado incidentes en que, según la ley, el Estado debe responder por el daño causado", porque tenía la capacidad de prevenirlos y no lo hizo.
Así mismo, el informe de la CIDH indica que en la visita que se realizó para su elaboración se recogieron testimonios "que revelan que miembros del Ejército y paramilitares llevan a cabo operaciones conjuntas" y que en esos casos estos grupos deben ser considerados "agentes del Estado"
Los grupos paramilitares fueron creados como núcleos de autodefensa por hacendados con el apoyo del Estado a comienzos de la década del 80 para combatir a la guerrilla.
Luego se convirtieron en aliados poderosos y violentos de traficantes de droga y en aniquiladores de activistas sociales y sindicalistas a los que acusaban de apoyar a la guerrilla, lo que llevó al gobierno a declararlos ilegales.
Una fuente de la Comisión Colombiama de Juristas que pidió el anonimato por razones de seguridad dijo a IPS que, en sus dos informas anteriores, la CIDH se había referido a la crítica situación de Colombia.
Pero, agregó, en este tercer informe la preocupapción se refiere en concreto al aumento del número de personas que sufren el desplazamiento forzado a causa de la violencia y a los ataques a defensores de los derechos humanos, que también se han agravado.
El informe de la CIDH "da cuenta de la realidad y presenta un análisis muy importante", dijo.
Organizaciones de derechos humanos señalan en diversos informes que cerca de 1,3 millones de personas (dos por ciento de la población) han sido desplazadas de sus hogares en los últimos cinco años a causa de la guerra civil.
El informe de la CIDH fue aprobado en su 102 período de sesiones celebrado entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, sobre la base de información y documentación recogida por sus delegados durante una visita que realizaron a Colombia del 1 al 18 de diciembre, por invitación del gobierno colombiano.
En el documento, la CIDH reconoce los esfuerzos del presidente Andrés Pastrana en procura de un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros, gestiones a las que considera cruciales "para el futuro del país".
El informe concide con el presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en Ginebra el día 15.
Según la comisionada, las violaciones de derechos humanos en Colombia fueron en 1998 "sistemáticas y progresivas", de lo que responsabiliza a grupos paramilitares y guerrilleros que "buscan consolidar y ampliar sus respectivas zonas d einfluencia utilizando el terror". (FIN/IPS/yf/mj/hd ip/99
