Una polémica decisión del gobierno de Colombia, que asignó la responsabilidad del sistema carcelario a la Policía Nacional, buscó enfrentar una larga sucesión de fugas, hechos de violencia y escándalos.
En la noche del lunes 5 el presidente Andrés Pastrana dispuso el relevo en la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario de la abogada Eugenia Aguilar Rueda, y su sustitución por Laureano Antonio Villamizar, coronel de la Policía Nacional.
El sábado anterior, último de la Semana Santa católica, un grupo de encapuchados irrumpió en el patio número 5 de la Cárcel Modelo de la capital y atacó a puñaladas a seis reclusos.
Apenas una hora después, se oyó en el patio número 1 el estampido de dos disparos certeros, que mataron a otros tantos presos.
Ese mismo día, en el patio número 9 de la cárcel La Picaleña, de Ibagué, capital del central departamento de Tolima, dos presos armados encerraron a otros tres en una celda y los asesinaron.
Hechos tan graves como éstos estuvieron dentro de la "normalidad" de las cárceles colombianas. Según declaró un detenido en la Modelo, allí "diariamente muere un preso por ajuste de cuentas".
Pero los acontecimientos del fin de semana resultaron ser la gota que rebasó la copa, al cabo de un trimestre que se inició el 1 de enero con la fuga del pabellón de alta seguridad de la penitenciaría La Picota, en Bogotá, de Hugo Antonio Toro y Fredy Llanos,que escaparon escondidos entre recipientes de basura.
Toro, jefe del grupo guerrillero Jorge Eliecer Gaitán, estaba preso, entre otras causas, por la autoría intelectual del secuestro de un hermano del ex presidente (1990-1994) César Gaviria, actualmente Secretario General de la Organización de Estados Americanos.
Las 11 víctimas recientes de los enfrentamientos entre reclusos, atribuidos a venganzas de organizaciones criminales, se sumaron a los 149 muertos y 259 heridos que dejaron los conflictos carcelarios en 1998.
El año pasado se descubrieron, además, túneles de hasta 10 metros excavados por los presos en las cárceles La Picota y Modelo. De esta última, se evadieron, en mayo de 1998, 20 presuntos miembros de grupos paramilitares, por conductos que conducen a las alcantarillas.
En dos ocasiones, ambas en el sureño departamento de Cauca, las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomaron cárceles para liberar a detenidos de su organización y delincuentes comunes.
En abril, más de un centenar de integrantes de las FARC irrumpieron en la cárcel de Santander de Qulichao, poblado de mayoría indígena, y liberaron a 54 presos.
En mayo otro centenar de guerrilleros puso en libertad a 324 reclusos de la cárcel de San Isidro, en Popayán, capital de Cauca, de los cuales sólo se ha capturado nuevamente a 54.
La crisis del sistema carcelario no comenzó el año pasado. Durante 1997 se produjeron 34 motines en los penales, y muchos de ellos se prolongaron varias semanas.
Las movilizaciones de protesta tampoco son exclusivamente de los reclusos.
El domingo 21 de marzo de este año, víspera de un feriado local, en ocho cárceles de distintas ciudades los familiares que acudieron a la visita se quedaron a pernoctar, apoyando a los presos en una jornada de desobedeciencia civil para reclamar el cese del sistema de "justicia sin rostro" regional.
La "justicia sin rostro" (ocultando la identidad de los jueces) fue establecida de modo transitorio en la Constitución de 1991, para proteger de represalias a los magistrados que actuaran contra el narcotráfico.
Las causas de la crisis del sistema carcelario, que el gobierno intentó enfrentar con la designación de Villamizar, son numerosas y complejas.
Entre ellas deben incluirse las condiciones de hacinamiento y la consecuente insalubridad de los penales, que afectan a 43.000 presos en las 168 cárceles del país, en espacios proyectados para una cuarta o quinta parte de esa población.
Según estudios de la Defensoría del Pueblo, en enero de este año había 20.406 reclusos (aproximadamente la mitad del total) a la espera de un proceso penal, otros 12.558 (más de la cuarta parte) eran condenados en primera instancia, y sólo a otros 12.268 se les había ratificado la condena en segunda instancia .
El Defensor del Pueblo, José Fernando Castro, dijo que "no es justo que por falta de decisiones (judicales) se siga violentando el derecho a la vida".
También se vincula con la cuestión de las cárceles el incipiente proceso de negociaciones de paz entre el gobierno de Pastrana y los insurgentes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional.
Aunque no figura en la agenda formal de las negociaciones de paz, uno de los puntos cruciales en el proceso es la posibilidad de que el gobierno libere a entre 400 y 500 presos políticos, a cambio de que las guerrillas hagan lo mismo con más de 200 soldados que han capturado.
De hecho, la destitución de Aguilar fue rechazada por el Comité de Presos de las FARC, en un comunicado en el que negó además la versión de que las muertes más recientes en las cárceles se debieron a conflictos entre paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda.
"Las informaciones falsas y tendenciosas en nada contribuyen a la tan anhelada paz carcelaria", señaló el comunicado.
Yesid Arteta, miembro de las FARC y líder visible de las mesas de trabajo en la Cárcel Modelo, opinó que el nombramiento de Villamizar es "un baldazo de agua fría al proceso de concertación que se viene realizando en los penales".
Ya Aguilar había declarado que su relevo ponía fin al proceso de democratización en las cárceles, desarrollado mediante mesas de concertación y diálogos con el objetivo de aumentar el respeto por los derechos humanos.
La Guardia Carcelaria, institución civil dependiente del Ministerio de Justicia (y no del de Defensa, como la policía), venía desarrollando una intensa participación en los intentos de supera la crisis del sistema.
"Las muertes podrían haber sido más si no hubiéramos desarrollado programas de pacificación en la Cárcel Modelo", aseguró Aguilar.
"Yo soy una mujer demócrata y no comparto la idea de que la policía maneje las cárceles, pues con esto los reclusos van a perder la fe en el sistema carcelario", añadió.
Las polémicas públicas sobre lo que ocurre en las cárceles se extienden bastante más allá del problema de la violencia física.
Gran controversia causó que el 8 de marzo, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la hija del Ministro de Justicia, Parmenio Cuellar, programara como homenaje a las reclusas de la cárcel El Buen Pastor, de la capital, un espectáculo de "strip tease" (desnudamiento) masculino. (FIN/IPS/HR/mig/mp/hd ip/99
