La crisis eléctrica de Chile entró hoy en una nueva fase de agravamiento, pocas horas después de que el presidente Eduardo Frei hiciera un duro emplazamiento a los consorcios privados que controlan este sector energético.
Los cortes del suministro programados en Santiago se ampliaron este martes de dos a tres horas, mientras en otras áreas se han registrado interrupciones de hasta ocho horas, con fuerte efecto sobre la actividad económica y la vida de la población.
Mientras los gremios empresariales y sectores laborales expresaban respaldo a la reacción del gobierno, las empresas eléctricas anunciaban que los cortes por tres horas se repetirán este miércoles y probablemente en los días siguientes.
Frei se dirigió en la noche del lunes a todos los chilenos por una red de televisión y radio para advertir que la crisis, vinculada a "la peor sequía del siglo", se prolongará aún varios meses.
La escasez de lluvias, que se arrastra desde 1998, agotó las reservas de los embalses de las centrales hidroeléctricas y las empresas no adoptaron las medidas necesarias para suplir la falta de oferta con plantas termoeléctricas o turbinas a gas.
El mandatario formuló duros juicios no sólo a la imprevisión de los consorcios, sino también a los recursos, generalmente judiciales, que emplean para sortear las normas vigentes y no pagar las multas, que son irrisorias.
La crisis eléctrica fue foco de atención de Frei y de su consejo de ministros durante el último fin de semana, relegando a segundo plano los conflictos en torno del juicio de extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet, arrestado en Londres.
El presidente se hizo eco del descontento de la población y anunció que el gobierno legislará con urgencia para compensar a los usuarios por los cortes con cargo a las empresas, las cuales deberán a su vez invertir sin esperar nuevos subsidios.
Frei se reunió este martes con el presidente de la Cámara de Diputados, el socalista Carlos Montes, para coordinar el despacho urgente de la ley que establece los mecanismos compensatorios y aumenta sustantivamente las multas a los consorcios.
El incumplimiento de los contratos con el Estado les significa hasta ahora a las empresas multas por sólo unos 27.000 dólares, las que aumentarían con la nueva ley a unos seis millones de dólares.
Con las actuales normas, que no incluyen compensaciones a los usuarios, a los consorcios les resulta más ventajoso pagar las multas que comprar energía a terceros para garantizar el suministro.
Frei señaló igualmente que las empresas privadas deben invertir para sumar 500 megavatios a la actual oferta, a través de plantas a petróleo o gas, pero no puntualizó los plazos al respecto.
Los consorcios, que en los últimos años proyectaron una dinámica imagen al exterior en contraste con la crisis que dejaron gestarse en Chile, no contarán con subsidios estatales para nuevas inversiones, según puntualizó el presidente.
El mandatario anunció igualmente un programa de ahorro de 10 por ciento del consumo de electricidad en el sector público y exhortó a la población a hacer otro tanto, evitando el gasto innecesario y el despilfarro en cada hogar.
Las empresas eléctricas reaccionaron con cautela y algunos ejecutivos sostuvieron que "hoy no hay condiciones para invertir en el sector", aludiendo así a la baja rentabilidad.
El senador Alejandro Foxley, de las oficialista Democracia Cristiana, fustigó esa reacción empresarial, que revela, según dijo, una visión exclusivamente comercial, incompatible con la administración de un servicio público.
El senador Sergio Bitar, presidente del cogobernante Partido Por la Democracia, señaló que más allá de las acciones de contingencia, hay que corregir el origen de la crisis, que identificó con privatizaciones llevadas a cabo sin un adecuado marco regulatorio del Estado.
El sector eléctrico fue privatizado en 1987, en la fase final de la dictadura de Pinochet (1973-1990), bajo un esquema inicial de "capitalismo popular", que pronto dio paso a la creación de los actuales consorcios empresariales.
La compañía Endesa-España controla desde 1997 a Enersis, el mayor holding eléctrico, que es socio mayoritario de Chilectra, la principal distribuidora, y tiene una participación minoritaria en Endesa-Chile, la mayor generadora del país.
Enersis hizo la semana anterior una generosa oferta pública a los accionistas de Endesa-Chile, para asegurarse así la propiedad mayoritaria de la generadora en una subasta bursátil programada para este jueves.
La Fiscalía Nacional Económica, con el apoyo de diputados de diversos sectores políticos, solicitó a la Comisión Resolutiva Antimonopolios que paralice la subasta e impida así el control vertical del sector eléctrico por parte de Endesa-España.
La misma comisión rechazó una demanda similar hace una semana, en tanto la Superintendencia de Valores y Sociedades Anónimas sostiene que la operación impulsada por los españoles se ajusta a la ley, pese a las advertencias de monopolización del sector eléctrico. (FIN/IPS/ggr/ff/if/99
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