Cuando resta menos de una semana para el inicio en Londres del juicio de extradición de Augusto Pinochet a España, en Chile la sombra de la DINA vuelve a cubrir al ex dictador y al Poder Judicial, por su actuación en el régimen militar.
El encarcelado general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, que fue jefe de la disuelta DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), desautorizó declaraciones de su hijo Manuel Contreras Valdebenito, publicadas este viernes por la revista Cosas.
Contreras Valdebenito dijo que su padre está dispuesto a asumir la responsabilidad que le cabe en la muerte de más de un millar de desaparecidos durante la dictadura (1973-1990), pero espera que también lo hagan las Fuerzas Armadas y el propio Pinochet.
El ex jefe de la DINA habría dicho a su hijo que Pinochet "debiera pararse frente a Chile y decir que él no responde (legalmente) por esas muertes, pero sí asume la responsabilidad histórica, ya que ocurrió bajo su mando".
En la misma entrevista, Contreras Valdebenito involucró con la DINA y la Central Nacional de Informaciones (CNI) a seis jueces, incluyendo al actual presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, quien tuvo, según dijo, una estrecha amistad con su padre.
Contreras Sepúlveda, condenado a prisión por el asesinato en 1976 en Washington de Orlando Letelier, ex canciller del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), se siente abandonado por el Ejército, según su hijo.
El general retirado encabezó la DINA desde la creación de ese servicio a principios de la dictadura hasta que Pinochet lo disolvió en 1977 para sustituirlo por la CNI, que también tuvo a Contreras como su primer jefe por casi un año.
A través de su abogado, Humberto Neumann, el ex jefe represivo desautorizó a su hijo, quien "no sabe distinguir ni apreciar el daño que le causa con sus declaraciones", y además le prohibió que lo visite en el penal de Punta Peuco.
Contreras Valdebenito involucró a otras personalidades con su padre y los cuerpos represivos de la dictadura y anunció a Cosas el próximo lanzamiento de un libro escrito por él, en el cual amplía sus explosivas declaraciones a la revista.
La Corte Suprema de Justicia fue puesta también en tela de juicio en los últimos días por "El libro negro de la justicia chilena", de la periodista Alejandra Matus, censurado y requisado por orden de un tribunal cuando fue puesto a la venta, el día 14.
La medida contra el libro de Matus se originó en una querella presentada por Servando Jordán, ex presidente del máximo tribunal, quien fue promovido por la DINA a la Corte Suprema de Justicia durante la dictadura, según asegyró Contreras Valdebenito a Cosas.
Pero esta misma semana, el propio general Contreras provocó otro revuelo judicial, al afirmar que el recientemente destituido auditor general (fiscal) del Ejército, Fernando Torres Silva, perteneció a la DINA y la CNI.
Abogados de derechos humanos dijeron que este antecedente obligaría a revisar casos de desapariciones forzadas que la Corte Suprema sobreseyó (cerró) con el voto de Torres Silva, quien integró el tribunal en su condición de auditor castrense.
Neumann, defensor de Contreras Sepúlveda, señaló que el ex jefe de la DINA "está conmocionado" por las declaraciones de su hijo, quien también admitió, ante una pregunta, que su padre tuvo "contactos informales" con el juez español Baltasar Garzón.
El magistrado español pidió la detención de Pinochet en Londres, materializada el 16 de octubre de 1998, y fue quien inició el juicio de extradición del ex dictador chileno, a quien acusa de crímenes contra la humanidad.
El juicio de extradición del ex gobernante y actual senador vitalicio de 83 años tendrá su primera audiencia el día 30 en la corte londinense de Bown Street y podría prolongarse por unos dos años, según las características de estos procesos.
El gobierno de Eduardo Frei, que reclama el "mejor derecho" de Chile para procesar al ex dictador, anunció este viernes que pedirá un arbitraje internacional para dirimir la contienda de competencia planteada con España y Gran Bretaña.
La Iglesia Católica, organizaciones humanitarias y el propio gobierno han propuesto a Pinochet y el Ejército que contribuyan a aportar información para ubicar los restos de los 1.198 detenidos- desaparecidos, como un gesto de reconciliación.
El ex dictador, sin embargo, se ha negado sistemáticamente a asumir su responsabilidad política sobre las desapariciones forzadas en los términos señalados por el hijo del ex jefe de la DINA. (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/99
