El sistema judicial de Canadá envía a la cárcel a demasiados indígenas y crea "un triste y apremiante problema social" en este país, dictaminó la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados del tribunal aprovecharon un recurso de apelación a una condena por homicidio contra una mujer aborigen para fustigar la manera en que los tribunales de primera instancia encarcelan a una desproporcionada cantidad de nativos canadienses.
La Corte observó que "la prisión se ha convertido en un medio de vida para una asombrosa cantidad de aborígenes".
Por esa razón, instó a los jueces a usar cláusulas especiales para emitir sus sentencias en delitos cometidos por aborígenes, porque la cantidad de nativos entre rejas representa una grave crisis en el sistema penitenciario y es inconducente.
Por lo general, un aborigen es admitido 25 veces más a una cárcel provincial que los demás canadienses, y la proporción entre mujeres indígenas y el resto es de 131 veces más, reveló la Corte. "Esta realidad resulta tan abrumadora que la magnitud del problema no puede ser mal comprendida o interpretada", agregó.
"Lo que resulta más abrumador es que la desproporción está aumentando. Cabe esperar que, ante la falta de un cambio radical, el problema se intensificará debido al alto índice de natalidad en las comunidades nativas", explicó la Corte.
En su fallo, los jueces Frank Iacobucci y Peter Cory dijeron que una comisión federal concluyó que el sistema judicial le está fallando a los aborígenes. "Estas pruebas piden a gritos un reconocimiento de la magnitud y gravedad del problema, y respuestas para subsanarlo", expresaron.
La pobreza, el abuso de estupefacientes y la falta de educación de los indígenas, así como de oportunidades de empleo, son algunos de los factores detrás de la crisis.
Deben tomarse todas las medidas necesarias para alejar a los aborígenes de las cárceles y sancionarlos con otras alternativas, especialmente las vinculadas a su herencia étnica, recomendaron los jueces.
Estas deben incluir sentencias de los propios aborígenes y la solidaridad de los círculos familiares, así como proyectos dirigidos por los consejos de comunidades indígenas.
Esas alternativas no constituyen necesariamente castigos más "ligeros" que la cárcel, adujo la Corte, porque asumir la responsabilidad y enfrentar a la propia comunidad puede ser aun más atemorizante.
La Corte señaló que las 600 comunidades nativas de Canadá no tienen la misma idea de justicia y algunas, como la población no indígena, creen en el principio de la denuncia y la disuasión.
Por otra parte, el hecho de ser aborigen no debe considerarse un salvoconducto automático para evitar la cárcel, dijeron los magistrados. Cuánto más serio y violento sea el delito, habrá menos probabilidad de que las sanciones difieran entre nativos y no nativos.
La Corte expresó que los jueces deben buscar información sobre la vida del inculpado, y alternativas a la cárcel en sus propias regiones.
"El sistema judicial canadiense le falló a la sociedad en general porque envía demasiada gente, nativos y quienes no lo son, a las cárceles. El índice de encarcelamiento, de 130 reclusos por cada 100.000 habitantes, es segundo en magnitud detrás de Estados Unidos entre los países industrializados".
"En los últimos años, las condenas a prisión han aumentado en forma alarmante. Si la tendencia exagerada a la encarcelación constituye un problema con la generalidad de la población, es todavía más preocupante en el caso de aborígenes canadienses", declaró la Corte.
El tribunal expresó que la cárcel no rehabilita. Cuesta mucho dinero, hace poco para disuadir a los delincuentes y convierte a aquellos que estan recluidos en un peligro mayor para la sociedad.
"Muchos delincuentes no son ni violentos ni peligrosos", apuntaron los magistrados. "No es probable que su conducta mejore con la experiencia carcelaria".
Los comentarios de la Corte tuvieron lugar luego de que rechazara un recurso de apelación de una mujer que apuñaló a muerte a su marido en 1995, durante una fiesta en Nanaimo, Columbia Británica.
El incidente ocurrió cuando la mujer, Jamie Tanis Gladue, celebraba su 19 cumpleaños y bebía con su marido. En aquel momento estaba embarazada de cinco meses.
Condenada a tres años de prisión, Gladue apeló sobre la base de que el juez instructor no consideró adecuadamente el origen aborigen de la acusada.
La Corte Suprema no modificó el fallo original, y señaló que Gladue fue excarcelada tras cumplir sólo seis meses con un programa controlado electrónicamente. Pese a que el tribunal debió haber considerado las circunstancias, la sentencia fue razonable, dictaminó. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/ego/aq/hd/99)
