Una encuesta divulgada hoy en Brasil reveló que 76 por ciento de la población está a favor de una urgente reforma del Poder Judicial.
La consulta, hecha por el Instituto Vox Populi, conocido por sus encuestas electorales, indica además que para 94 por ciento de los brasileños la justicia es demasiado lenta, 81 por ciento que es muy cara, 77 por ciento que es poco accesible y 68 por ciento sostiene que es ineficiente.
La imagen del Poder Judicial es positiva sólo para 20 por ciento de los entrevistados y negativa para el doble, mientras 37 por ciento opta por la neutralidad en la cuestión.
El presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, anunció para este jueves la instalación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), destinada a averiguar numerosas denuncias de irregularidades en distintos ámbitos judiciales.
Además de la reforma reclamada por 76 por ciento, la CPI es apoyada totalmente por 50 por ciento de los entrevistados y parcialmente por 32 por ciento.
La encuesta fue encomendada por el Partido del Frente Liberal (PFL), del cual Magalhaes es el principal lider, y comprendió entrevistas por teléfono a 500 personas en 115 de los 5.500 municipios de Brasil, realizadas hace una semana.
Su resultado revela un gran apoyo popular a la CPI, la cual buscará que la justicia deje de ser símbolo de "corrupción, nepotismo y lentitud", dijo el presidente del Senado, que denunció más de un centenar de irregularidades cometidas por tribunales y jueces, especialmente en la justicia laboral.
La investigación del Senado obtuvo el respaldo de casi dos tercios de los 81 senadores, pero enfrenta resistencias en varios sectores políticos y entre los jueces.
Algunos políticos, como el senador Roberto Freire, del Partido Popular Socialista (ex comunista), temen que la CPI provoque conflictos institucionales, en desmedro de la democracia.
El presidente de la Asociacin Nacional de los Jueces Federales, Fernando Tourinho Neto, calificó de inconstitucional la iniciativa de Magalhaes y recomendó a sus colegas negar testimonios e informaciones a la CPI.
Ese movimiento de resistencia preocupa el presidente Fernando Henrique Cardoso, por apuntar a una confrontación de poderes que puede poner en riesgo la superación en marcha de la crisis financiera en el país.
Magalhaes restó importancia a las manifestaciones de jueces y adelantó que recurrirá a todos los "instrumentos legales" posibles para hacer que los miembros del Poder Judicial colaboren con las investigaciones.
Los jueces "son responsables de la ley y no pueden infringirla", argumentó.
Otro temor de Cardoso y sus ministros es que una investigación tan polémica acapare las atención del Congreso Nacional, retardando los trámites de medidas importantes para la economía, como la reforma tributaria. (FIN/IPS/mo/dm/ip/99
