El Banco Central y la Justicia son los blancos más claros, pero no los únicos, de la nueva operación de "limpieza" institucional que vive Brasil.
El nepotismo, indicios de corrupción de varias autoridades judiciales y el descubrimiento de que el ex presidente del Banco Central Francisco Lopes tenía una cuenta en el exterior de 1.675.000 dólares, son las primeras revelaciones de dos Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) del Senado.
Pero en las últimas semanas se multiplicaron las CPI de gran impacto también en la Cámara de Diputados y en los órganos legislativos de estados y municipios.
En Sao Paulo, una comisión reveló una corrupción generalizada en la administración municipal, generando la detención de más de 30 funcionarios, incluyendo un concejal, y la posible inhabilitación del alcalde Celso Pitta.
El descubrimiento de 33 kilos de cocaína en un avión militar, el domingo en Recife, una capital estadual del Nordeste de Brasil, dio repentina visibilidad a la CPI del Narcotráfico, instalada hace una semana en la Cámara de Diputados.
El avión se dirigía a Francia, con escala en Palmas, España. Dos oficiales son sospechosos de comandar la operación, que estaría vinculada al cartel colombiano de Cali.
La CPI convocó el ministro de Aeronáutica, brigadier Walter Brauer, y busca conocer el nivel de "contaminación" de la Fuerza Aérea por el narcotráfico.
El hecho pone en duda la seguridad de las fronteras, en gran parte a cargo de esa rama militar, según el relator de la investigación, el diputado Moroni Torgan.
Las CPI se convirtieron en instrumento clave de la limpieza en las instituciones brasileñas en esta década.
La de mayor impacto investigó la red de corrupción en el gobierno federal, provocando el derrocamiento del ex presidente Fernando Collor de Mello en 1992.
En el año siguiente, el Congreso Nacional expurgó a media docena de sus miembros, tras investigar la corrupción practicada en los confusos mecanismos de aprobación del presupuesto nacional, que desde entonces pasan por reformas.
La tolerancia de los parlamentarios hacia delitos cometidos por sus colegas disminuyó en los últimos años.
En marzo, el diputado Talvane Albuquerque fue la última víctima de esas proscripciones, tras ser acusado de ordenar la muerte de la legisladora Ceci Cunha para ocupar su lugar en la Cámara.
Pero el Congreso aún no se ha resuelto a aprobar el fin de la inmunidad parlamentaria de legisladores acusados de delitos comunes.
Numerosos legisladores sospechosos de crímenes graves, como intento de homicidio, no han podido ser sometidos a juicio en razón del cargo que ostentan.
Las dos nuevas comisiones para investigar irregularidades en el sistema financiero y el Poder Judicial colocan en el banquillo de los acusados a dos insituciones cuya independencia es históricamente defendida o reclamada.
Los dólares de Lopes inquietaron el presidente Fernando Henrique Cardoso, que defendía firmemente la honradez del ex presidente del Banco Central, cuyo testimonio ante la CPI es esperado con ansiedad para el lunes.
Investigaciones paralelas de la prensa, de la Policía Federal y del Ministerio Público, usualmente estimuladas por las CPI, revelaron indicios de otras irregularidades de Lopes, alimentando sospechas de contactos ilícitos entre la autoridad monetaria y los bancos.
Será muy difícil ahora, y por largo tiempo, que el parlamento apruebe la independencia del Banco Central en relación al Poder Ejecutivo, un persistente reclamo de economistas como medida indispensable para la estabilidad económica del país.
En relación al Poder Judicial, los numerosos escándalos reunidos en la investigación parlamentaria componen un conjunto acusatorio devastador para una institución que goza de muy escasa credibilidad entre la población.
Los primeros casos examinados por la CPI destacan la corrupción y el nepotismo reinantes en los tribunales laborales, cuya supresión es reclamada por el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes.
El ex presidente del Tribunal Regional del Trabajo en Sao Paulo Nicolau dos Santos Neto es acusado de desviar gran parte de los 230 millones de reales (135 millones de dólares) gastados en la construcción de la sede de ese organismo, aún no finalizada.
Un departamento en Miami de 800.000 dólares, la compra de diez automóviles importados, incluyendo un Porsche de 70.000 dólares, y pagos injustificados a la constructora Incal son los indicios de corrupción del juez, que ganaba un sueldo equivalente a 3.600 dólares.
El Tribunal Regional del Trabajo de Paraiba, un estado del Nordeste, es el "campeón del nepotismo" en Brasil, denunció el técnico judicial Antonio de Padua Ferreira Leite a la CPI del Poder Judicial, mencionando la contratacin de más de 50 familiares por los jueces, además de irregularidades financieras.
La decisión de un juez de condenar al estatal Banco de la Amazonia a pagar 81.000 millones de reales (nueve por ciento del producto interno bruto del país) a una empresa maderera se convirtió en otra acusación contra la justicia. (FIN/IPS/mo/dg/ip/99
