Nuevas turbulencias, ahora institucionales, amenazan la estabilidad en Brasil, cuando se considera que el país superó lo peor de la crisis financiera.
Una requisa de documentos por la Policía Federal el viernes en la residencia del ex presidente del Banco Central, Francisco Lopes, hizo más concreto el temor de que las investigaciones parlamentarias sobre irregularidades en el sistema financiero y en el Poder Judicial desaten procesos incontrolables.
El presidente Fernando Henrique Cardoso, en visita a Portugal, calificó de "arbitrariedad" la operación, realizada por orden judicial del Ministerio Público (fiscalía), y llegó a compararla con acciones de la última dictadura militar (1964-1985).
Fue una acción "abominable" que supone la condena sin juicio de una autoridad que no está bajo sospecha de haber cometido delitos, criticó el legislador José Roberto Arruda, vicepresidente de una comisión parlamentaria de investigación (CPI) instalada esta semana en el Senado.
Arruda acusó a la Policía Federal y al Ministerio Público de competir con la CPI y actuar por eso con precipitación.
En realidad, el mismo presidente Cardoso estimuló la acción policial en la aclaración de los escándalos que motivaron la CPI, involucrando el Banco Central.
La investigación se refiere a la venta de dólares a precios favorables a dos bancos en quiebra, luego de la devaluación del real del 13 de enero, y un supuesto soborno de uno de sus directivos.
Cardoso ordenó a sus ministros de Justicia, Renán Calheiros, y de Hacienda, Pedro Malán, una rápida investigación del caso para detener a los responsables en caso de que se compruebe la comisión de delitos.
El principal acusado es el propietario del Banco Marka, el italiano Salvatore Cacciola, que consiguió el 14 de enero dólares a 1,27 reales, cuando la cotización oficial era de 1,32 y en el mercado financiero ya alcanzaba 1,55 reales.
Su banco había vendido para liquidación futura una cantidad de dólares equivalente a 20 veces su patrimonio. Con la devaluación, la quiebra era inevitable. "Una aberración", según el nuevo presidente del Banco Central, Arminio Fraga.
La ayuda que supuso la oferta de dólares más baratos que los del mercado procuró evitar un colapso del sistema financiero, por la deuda incumplida del Banco Marka y el FonteCindam, en medio de la tensión provocada por la devaluación del real.
Pese a la quiebra, Cacciola remitió unos 12 millones de dólares al exterior algunos días después, generando mayores sospechas de delitos financieros.
La revista Veja reveló la semana pasada que cuatro bancos privados, entre ellos el Marka y el FonteCindam, obtenían secretos del Banco Central a través de un alto funcionario de la entidad al que habían.
Informaciones equivocadas habrían estimulado su juego de riesgo y el consecuente desastre de enero.
En esas condiciones, el Banco Central pasó a ser el principal blanco de la CPI, como temían las autoridades económicas.
Restar importancia y repercusión a la investigación parlamentaria se convirtió en la alternativa del gobierno, que con ese motivo promovió la agresiva actuación de la Policía Federal.
Todo el problema empezó con la decisión del presidente del Senado y del Congreso legislativo, Antonio Carlos Magalhaes, de crear otra CPI para averiguar irregularidades en el Poder Judicial.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño, socio en el gobierno pero adversario electoral del liberal Magalhaes, trató de impulsar la CPI de los bancos para tener una bandera propia y mantener o mejorar su presencia en la opinión pblica .
La investigación del sistema financiero, que empezó con una audiencia al actual presidente del Banco Central, obtuvo ahora mucho mayor audiencia, generando la disputa con la Policía Federal y el Ministerio Público, además de alarma en los ministros económicos.
Su labor puede debilitar el Banco Central y generar una crisis institucional, asustando de nuevo a los inversionistas, advirtió el ministro Malán.
Pero la CPI del Poder Judicial también ofrece riesgos. Muchos jueces la consideran inconstitucional y se manifestaron por un boicoteo de sus actividades. Paralelamente, la Cámara de Diputados discute una reforma de la Justicia, generando otras tensiones.
El presidente Cardoso declaró que la reforma es más importante que la CPI, agravando la disputa entre diputados y senadores y provocando la insatisfacción de Magalhaes, principal aliado del gobierno en el Congreso legislativo. (FIN/IPS/mo/mj/ip if/99
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