El ímpetu de la integración de América podría dotar a inversores extranjeros de armas legales para influir en los gobiernos, la economía, la seguridad, la salud y el ambiente de los países, advirtieron expertos y activistas.
Este alerta fue presentada en una conferencia a los representantes de 35 países reunidos en Miami para la tercera ronda de negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en la que se considerará una propuesta de acuerdo multilateral en materia de inversiones.
Seis demandas introducidas por empresas de Estados Unidos y Canadá, amparadas en las reglas de inversión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), ilustran cómo la apertura comercial puede emplearse para desafiar leyes nacionales y de estados y provincias federados.
Canadá, donde rigen fuertes leyes de protección ambiental, fue el país más afectado por las normas de libre comercio regional, explicó Michelle Swenarchuk, de la Asociación de Derecho Ambiental con sede en Toronto.
"Bajo el paraguas del TLC, varias empresas intentan lograr con sus demandas ciertos permisos y beneficios que no han podido obtener ante los tribunales nacionales", comentó Swenarchuk en Miami.
La activista recordó que el capítulo 11 del TLC requiere a Canadá, Estados Unidos y Mexico el otorgamiento de garantías de protección a los inversionistas de cada uno de esos países, entre ellas un tratamiento favorable e igual al que se le concede a las empresas nacionales.
El capítulo 11 también exige para los inversionistas libertad absoluta a los efectos de la administración de sus bienes y empleados de la manera que les sea más beneficiosa.
"Si un inversionista cree que el gobierno ha violado las reglas de inversión del TLC, puede iniciar una disputa contra el gobierno para exigirle compensación por los daños", dijo Swenarchuk.
Fue así como la demanda por 250 millones de dólares de la empresa estadounidense Ethyl logro que Canadá levantara el veto a la importación de MMT, un aditivo tóxico de la gasolina cuyo alto contenido de manganeso es considerado un riesgo para la salud pública.
Canadá debió también revocar la prohibición temporal a la exportación de PCB, un tipo de desecho tóxico, luego de que la empresa procesadora S. D. Myers, del estado estadounidense de Ohio, amenazara con demandar al país ante un tribunal del TLC.
Sin embargo, la compañía reclamó luego ante la justicia una compensación por las pérdidas que sufrió durante la vigencia del embargo.
Otros juicios fueron iniciados por el conglomerado de funerarias canadieneses Lowen contra leyes del estado de Massachussets, con reclamos que totalizan 750 millones de dólares.
A su vez, la corporación Metalclad, de California, entabló proceso contra el estado mexicano de San Luis de Potosí, en torno al uso de un área de depósito de desechos tóxicos.
En vista de esas demandas, el gobierno canadiense presiona a Estados Unidos y México para que se produzcan cambios en la interpretación del TLC, de modo que se garantice la soberanía de los gobiernos dentro de las fronteras de cada país.
Pero para el director del Preamble Center de Washington, Mark Weisbrot, el problema radica en que las negociaciones de los acuerdos sobre inversión del ALCA "se están basando justamente en el marco de pactos que han demostrado sus riesgos con creces".
Weisbrot indicó en una conferencia auspiciada por el Centro de Derecho Ambiental Internacional en Miami que la carencia de control a la inversión extranjera no solo amenaza la soberanía de los gobiernos, sino que juega un papel fundamental en la estabilidad financiera de los países en desarrollo.
"Los colapsos monetarios de Asia, México y Brasil fueron precedidos por entradas masivas de capitales y su salida abrupta, sin que hubiera regulaciones que pudieran impedirlo", sostuvo.
Además, recordó que la crisis enfrió el ansia integrador y alimentó el proteccionismo en Estados Unidos, dificultando la viabilidad política del ALCA al impedir que el presidente Bill Clinton obtuviera del Congreso legislativo autorización para negociar sin interferencias por la llamada "vía rapida".
El panorama político en Washington es tan poco favorable que los sectores empresariales que presionan a favor de la "vía rápida" ya piensan hacer concesiones, permitiendo que la negociación del ALCA incluya cláusulas de defensa de los derechos de los trabajadores y del ambiente.
Pero la mayoría de los países de América Latina rechaza estas condiciones, por considerar que solo entorpecerían las negociaciones inauguradas en Santiago de Chile por los jefes de Estado del hemisferio en abril de 1998, con miras a culminar en el 2005.
Para Paulo Almeida, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, las regulaciones implican menos capacidad de los países para atraer inversiones, acceder a la transferencia tecnológica y generar oportunidades de empleo.
Pero Almeida reconoció que cada país debe estar en disposición de decidir si otorga o no prferencias a los inversionistas y que ese aspecto es discutido por los negociadores del ALCA.
"Estamos apenas en una fase preliminar. En agosto debemos tener preparado un informe fáctico con los puntos debatidos por lo países para el caso de las inversiones", dijo a Almeida a IPS.
Las negociaciones cubren un amplio espectro de asuntos comerciales que incluye además las políticas de competencia, acceso a los mercados, derechos de propiedad intelectual, la solución de disputas, servicios, subsidios, y agricultura, entre otros. (FIN/IPS/lhr/mj/ip if/99
