Los donantes reanudaron la ayuda a Zambia, casi un año después suspender el apoyo financiero a este país, como forma de presión para que las autoridades respetaran los derechos humanos y privatizaran las minas de cobre.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) otorgaron 36 millones de dólares (13,6 y 22,4 millones, respectivamente) para contribuir al equilibrio de la balanza de pagos, informó el portavoz del Banco Central de Zambia, Kabinga Pande.
La decisión de reanudar la ayuda, suspendida en mayo de 1998, se produjo luego de que el gobierno firmó un memorando de acuerdo a principios de este mes para vender la empresa minera de cobre Zambia Consolidated (ZCCM) al gigante sudafricano Anglo-American Corporation.
La Anglo-American ofreció unos 73 millones de dólares por las minas de Nkana y Nchanga, que representan 65 por ciento del activo de la ZCCM.
Zambia es uno de los mayores productores de cobre del mundo, y esa industria aporta 80 por ciento de los ingresos en moneda extranjera del país, aunque la caída en el precio internacional de ese mineral afectó seriamente la rentabilidad de la explotación.
El Banco Mundial había aportado 65 millones de dólares a comienzos de este año, y se comprometió a dar 105 millones más si las autoridades cumplían estrictamente los programas de ajuste estructural de la institución.
La ministra de Finanzas, Edith Nawakwi, dijo la semana pasada que el Club de París, que agrupa a los países acreedores de deuda externa privada, había aceptado reducir y reestructurar 1.000 millones de dólares de la deuda externa de Zambia, que asciende a 7.140 millones.
Los integrantes del Club de París son Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Japón, Suecia y Suiza.
La deuda externa por habitante de Zambia supera los 700 dólares, una cifra considerablemente mayor que el ingreso anual per cápita.
En mayo del año pasado, el Club de París había decidido dejar en suspenso el otorgamiento de 530 millones de dólares al país, que depende de la asistencia extranjera para cubrir más de un tercio de su presupuesto.
Esta decisión buscó presionar al gobierno para que cumpliera sus promesas previas de privatizar la ZCCM, y se vinculó también con exigencias de mayor respeto por los derechos humanos.
En octubre de 1997, más de 70 soldados y civiles, incluido el ex presidente Kenneth Kaunda, fueron arrestados por el gobierno de Frederick Chiluba, bajo acusación de estar vinculados con un intento de golpe de Estado.
Algunos de los detenidos denunciaron que habían sido torturados durante los interrogatorios, y las acusaciones fueron confirmadas por la propia comisión gubernamental de derechos humanos, encabezada por Lombe Chibesakunda, juez de la Corte Suprema.
Diplomáticos occidentales opinaron que los donantes deben ser cautelosos. "Una cosa es un memorando y otra una venta confirmada. No hay forma de saber cuándo entrará en vigencia el acuerdo con la Anglo-American, y por esa razón debemos tener mucho cuidado", dijo un embajador europeo a IPS. (FIN/IPS/tra- en/am/mn/ego/mp/if hd/99)
