El Comité de Derechos Humanos de la ONU pretende que el gobierno de Trinidad y Tobago deje en libertad a seis presos condenados a muerte y que les pague una indemnización por las condiciones deplorables en que estuvieron recluidos.
Robinson Le Vende, de 47 años, fue condenado a muerte en 1977 por asesinar a un comerciante. Ahora, la pena acaba de ser conmutada a cadena perpetua, y quedaría libre si el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) logra su objetivo.
Si el gobierno acata la recomendación del Comité, 10 asesinos convictos más podrían beneficiarse con el antecedente.
Trinidad y Tobago se cuestiona si debe continuar con las ejecuciones, y el gobierno anunció su intención de retirarse del Comité de la ONU y del Comité Interamericano de Derechos Humanos por el asunto de la pena de muerte.
Los seis asesinos convictos, entre los cuales figura un ciudadano de Guyana, ya tienen a su favor la ley que aprobó el Consejo Privado del Reino en 1993 para el caso de los jamaiquinos Pratt y Morgan, cuyas penas de muerte fueron conmutadas por cadena perpetua en 1994.
El Consejo Privado del Reino es un organismo británico que oficia de máxima corte de apelaciones para casi toda la Comunidad Británica de naciones.
Los seis asesinos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se propone dejar en libertad fueron convictos entre 1975 y 1995, y desde entonces perdieron sus apelaciones ante el Consejo Privado del Reino.
Sin embargo, el primer ministro Basdeo Panday no prestó atención hasta ahora a la declaración del Comité de que las condiciones de las celdas donde están recluidos los condenados son deplorables.
El fiscal general, Ramesh Lawrence Maharaj, que a principios de mes discutió en la sede de la ONU en Nueva York las recomendaciones, rechazó el pedido y alegó que, en su opinión, las decisiones del Comité eran poco razonables.
Maharaj señaló que según las condiciones del acuerdo por el cual Trinidad y Tobago se unió a la organización internacional de derechos humanos, y en virtud del fallo reciente del Consejo Privado del Reino sobre las condiciones de reclusión, el gobierno no tiene obligación legal de aceptar la recomendación del Comité.
El Consejo Privado del Reino rechazó el 17 de marzo la defensa de los abogados de Darrin Thomas y Haniff Hillaire, que alegaron que sus clientes habían sido "detenidos en celdas estrechas y malolientes, que además se les prohibió hacer ejercicio y salir al aire libre durante largos períodos de tiempo".
El Consejo decidió que, si bien las condiciones descritas contradicen la legislación carcelaria, no se trató de castigos crueles o inusuales.
Maharaj anunció que ahora el gobierno tendrá la última palabra sobre la suerte de los seis asesinos convictos.
"Decidiremos qué hacer con esas seis personas. El gobierno no tiene intenciones de liberarlos o de pagar compensaciones", advirtió Maharaj.
Pero el activista contra la pena de muerte, Ishmael Samad, dijo que la declaración del Comité de Derechos Humanos debería unificar a la región para formular una Carta de Derechos Humanos del Caribe en la que quede abolida la pena de muerte.
"Sin embargo, en lugar de eso apoyamos la barbarie, y apoyamos una cultura de la muerte en lugar de una que fomente la vida y el respeto por los derechos humanos", dijo Samad a IPS.
El Comité de Justicia del Caribe, con sede en Gran Bretaña, señaló que la respuesta del gobierno de Trinidad y Tobago "debería preocupar a todo el mundo".
El coordinador de dicho Comité, Sheelagh Simmons, declaró a los medios de comunicación que Maharaj, al desdeñar tan explícitamente la recomendación del comité de la ONU, "dice abiertamente que el gobierno puede amenazar a los ciudadanos siempre que se le antoje".
"Trinidad y Tobago demuestra una lamentable falta de buena fe y vuelve a ganarse la condena de la comunidad internacional, por ignorar las recomendaciones de la ONU", observó Simmons.
"Es evidente que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene en cuenta la situación del gobierno, que recibe una lluvia de protestas de los presos, que descubrieron los beneficios de quejarse ante dicho Comité", retrucó Dana Seetahal, columnista de un diario y docente en la Facultad de Derecho de Hugh Wooding.
"Para los ciudadanos de Trinidad y Tobago, la decisión del Comité de la ONU es una farsa que no tiene ninguna relación con la realidad de nuestra sociedad, lo cual fue reconocido hasta por el Consejo Privado del Reino", agregó, en referencia al fallo de Haniff y Thomas.
"Deberíamos rechazar la decisión del Comité de la ONU y ver como reacciona la comunidad internacional", sugirió.
Seetahal alegó que, de rechazar la recomendación de la ONU, Trinidad y Tobago tendría la "buena compañía" de países como Gran Bretaña y Estados Unidos, que nunca adhirieron al Protocolo Opcional del Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
"De hecho, Estados Unidos ni siquiera suscribió el Acuerdo y hoy los estados se rigen sin estar limitados por las normas declaradas por la ONU", agregó.
En relación a las posibles sanciones de la ONU, Seetahal señaló que Washington no cumplió sus obligaciones financieras con la organización internacional, pero "aún no padeció sanción alguna y sigue obteniendo el apoyo del foro munidal para sus iniciativas".
Pero el Comité de Justicia del Caribe y Samad insisten que el gobierno de Trinidad y Tobago tiene un "fuerte deber moral para cumplir las obligaciones que aceptó solemnemente cuando ratificó el Primer Protocolo al Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
"Asumimos obligaciones cuando nos comprometimos a firmar estos tratados", dijo Samad.
Entre las obligaciones se encuentra la presentación de informes periódicos sobre varias convenciones internacionales. Trinidad y Tobago no lo hizo en el lapso de 1990 a 1995, pero Maharaj indicó que el gabinete acordó crear una unidad de derechos humanos en la fiscalía para completar los informes.
"Maharaj no merece elogios por aceptar entregar los informes periódicos que exige la ONU porque se trata sólo de un intento para evitar un mayor escrutinio de los antecedentes de derechos humanos de Trinidad y Tobago", aseguró Simmons.
Si no se entregan los informes la ONU investigaría a Trinidad y Tobago, confirmó Maharaj. (FIN/IPS/tra-en/pr/cb/ceb-aq/hd/99
