Bélgica, Estados Unidos y Francia podrían haber impedido el genocidio perpetrado en Ruanda en 1994, aseguraron dos organizaciones de derechos humanos.
Un informe de 800 páginas divulgado el miércoles por Human Rights Watch, con sede en Nueva York, y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, de París, sostiene que los gobiernos de Bélgica, Estados Unidos y Francia fueron los grandes responsables de impedir acciones para detener la masacre.
Los tres gobiernos habían sido advertidos y tenían conocimiento del alcance de las matanzas que comenzaron el 6 abril de 1994 cuando el avión en que viajaba el presidente Juvenal Habyarimana fue derribado en las afueras de Kigali.
Los dos grupos también culpan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por minimizar la magnitud de la violencia en los informes dirigidos a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que no contaban con otra forma de evaluar lo que estaba sucediendo.
Al final, fueron los miembros no permanentes, sobre todo Argentina, República Checa, España y Nueva Zelanda, que reconocieron la matanza como un genocidio. Washington ordenó a sus funcionarios que no usaran ese término en público hasta que se habían perpetrado gran parte de las matanzas.
Esos miembros luego exhortaron a la ONU a enviar con urgencia a Ruanda a una misión de paz.
El actual secretario general de la ONU, Kofi Annan, era entonces el principal colaborador en misiones de paz del anterior líder del foro mundial, Boutros Boutros Ghali.
La semana pasada, Annan inició una investigación independiente de las acciones de la ONU antes y después del genocidio.
Cuando el avión de Habyarimana fue derribado, el coronel Theonaste Bagosora, alto oficial del círculo de asesores del presidente que había preparado la organización del ataque a la minoría tutsi desde comienzos de 1993, asumió el control del Estado y lo transformó en un instrumento de genocidio, según el informe "Que no quede nadie para contar la historia".
La matanza posterior no fue una expresión espontánea de violencia étnica a gran escala, afirma la investigación, sino la forma en que un grupo pequeño de hombres, entre ellos Bagosora, llevó a cabo sus planes a través de amenazas e incentivos en nombre del Estado que la comunidad internacional se negó a condenar hasta que fue demasiado tarde.
"Los estadounidenses tenían interés en ahorrar su dinero, los belgas en salvar las apariencias, y los franceses en salvar a su aliado, el gobierno genocida. Todo eso tuvo prioridad sobre el salvamento de las vidas", dijo Alison des Forges, principal redactora del informe.
El informe fue el producto de más de cuatro años de investigación por un equipo internacional de más de 20 expertos.
La publicación coincide con la ofensiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra fuerzas yugoslavas, acusadas por gobernantes occidentales de perpetrar ataques genocidas contra la población albanesa de la provincia separatista de Kosovo.
El informe calcula que al menos 500.000 personas fueron asesinadas en el genocidio, incluso 75 por ciento de la población tutsi del país, que antes de la violencia representaba 8,5 por ciento del total de los habitantes de Ruanda.
La violencia duró 13 semanas, hasta que el tutsi Frente Patriótico Ruandés (RPF), que acataba un cese del fuego supervisado por la ONU cuando comenzó el genocidio, derrotó a las fuerzas del gobierno y las expulsó del país hacia Zaire (actual República Democrática de Congo).
Casi todas las matanzas tuvieron lugar en las cinco semanas iniciales.
El RPF también fue responsable de matanzas, incluso de civiles, durante y después de su ofensiva, pero la cantidad de sus víctimas asciende a lo sumo a la décima parte del genocidio, concluyó el informe.
El estudio asegura que el genocidio no se debió a un estado demencial ni a "otro ciclo de violencia tribal", como lo calificaron los medios de comunicación y varios gobiernos occidentales.
"Este genocidio fue la consecuencia de la opción intencional de una elite para fomentar el odio y el temor para mantenerse en el poder", declara.
La elite, que incluyó a Habyaramina y otros hutus radicales, exageró la amenaza que representaba el RPF luego de que este atacara desde Uganda por primera vez en 1990.
Empleando medios de propaganda política y ataques físicos, la elite pretendió persuadir a los hutus que todos los tutsis, incluso los habitantes en Ruanda, eran agentes del RPF.
A la vez, el grupo organizó y armó a milicias, como los Interahamwe, que serían activadas en 1994.
No obstante, muchos hutus no cooperaron y algunos se resistieron a cooperar con las matanzas y debieron ser amenazados o forzados a hacerlo. El genocidio se irradió desde Kigali, donde comenzó cuando los extremistas hutus consolidaron su poder en el aparato estatal altamente centralizado.
Las matanzas tuvieron tres etapas, que comenzaron con la persecución casa por casa de tutsis y dirigentes hutus opuestos a Habyarimana.
En la segunda etapa, comenzada pocos días después, los tutsis fueron expulsados de sus casas y concentrados en centros comunitarios, como escuelas e iglesias, donde fueron masacrados en operativos de gran escala.
La tercera fase de "pacificación" intentó limitar las matanzas a gran escala como reacción a las primeras señales de oposición extranjera a fines de abril.
La etapa final se ordenó a mediados de mayo de 1994, y significó la muerte de los tutsis sobrevivientes, sobre todo mujeres y niños, y otros testigos que podrían hablar de las masacres.
El genocidio también dependió de la ausencia de acciones extranjeras efectivas, señala el informe.
Los gobiernos occidentales fueron advertidos del plan genocida. Un analista de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) pronosticó en enero de 1994 que podrían ser asesinadas hasta medio millón de personas.
El comandante de Unamir, la misión de paz de la ONU en Ruanda, el general canadiense Romeo Dallaire, también advirtió a sus superiores lo que iba a suceder y solicitó sin éxito en varias ocasiones mayor autoridad y más fuerzas.
Finalmente, la misión fue evacuada por tropas occidentales luego de que 10 soldados belgas fueron ejecutados.
Dallaire, junto con otros analistas militares, afirmaron que una fuerza ampliada de Unamir, o el conjunto de Unamir y los soldados enviados a evacuarla, o la fuerza combinada de Unamir, el RPF y oficiales del ejército ruandés opuestos a las masacres podrían haber detenido el genocidio en Kigali e impedido su expansión al resto del país.
La débil reacción internacional permitió que el nuevo gobierno consolidara su posición, lo que reforzó su legitimidad y su poder dentro de Ruanda, según el informe. La consecuencia fueron más muertes. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/hd-ip/99
