El caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet atrae la atención de los círculos relacionados con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su vinculación con la lucha universal contra la impunidad y la consiguiente creación de un tribunal penal internacional.
La decisión británica de abrir el proceso para la extradición del actual senador vitalicio chileno a España, anunciada este jueves, es "una etapa más en esta lucha contra la impunidad, personificada hoy por el caso Pinochet", opinó Alejandro Artucio, un experto que colabora con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión, el máximo organismo de derechos humanos en el foro internacional, no discute situaciones particulares y se ocupa de las violaciones en general o en países determinados.
Sin embargo, durante el actual periodo anual de sesiones de la Comisión, que concluye la semana venidera, el caso Pinochet fue mencionado en múltiples ocasiones como referencia, en especial por los representantes de las organizaciones no gubernamentales.
La detención de Pinochet en Londres, pedida por España, fue traida a colación como argumento para impulsar el establecimiento del tribunal penal internacional.
Uno de los razonamientos empleados alegaba que si el tribunal internacional estuviera ya funcionando, la mayoría de los problemas procesales planteados por el caso Pinochet se habrían superado, dijo Artucio, presidente de la Comisión Internacional de Juristas.
Apenas comenzaron en octubre pasado las primeras acciones judiciales británicas contra el ex dictador chileno, la máxima autoridad de la ONU en cuestiones de derechos humanos, Mary Robinson, dedujo que el caso confirmaba el creciente consenso internacional contra la impunidad.
La Alta Comisionada de la ONU estimó que esas medidas procesales y el pedido de extradición cursado por el juez español Baltasar Garzón "hubieran sido inimaginables hasta hace poco tiempo".
El hito jurídico que permitió la apertura del proceso fue, dijo Robinson, la inversión registrada en las tendencias del derecho internacional, como se evidenció a mediados de 1998 en Roma, con la aprobación del estatuto del Tribunal Penal Internacional.
El estatuto tiende a impedir la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, observó la Alta Comisionada.
Otro escenario de la ONU donde la mención del caso Pinochet ha sido frecuente es el Comité contra la Tortura, organismo que vigila la aplicación de la Convención contra la Tortura en los países que han ratificado el tratado.
Al examinar el cumplimiento británico de la Convención, el Comité recordó a Londres el año pasado que tenía dos caminos: enjuiciar a Pinochet en sus estrados por los delitos de tortura que se persiguen internacionalmente o extraditarlo para que lo haga la justicia española.
El chileno Hugo Gutiérrez, abogado de la parte actora en cuatro de las 19 querellas incoadas contra Pinochet en Chile, estimó que el proceso a Pinochet constituye un antecedente "relevante para toda la humanidad".
Este caso representa una amenaza para los violadores presentes de derechos humanos y una advertencia para el futuro, sintetizó Gutiérrez, quien viajó a Ginebra para participar de una reunión de letrados patrocinantes de juicios contra Pinochet que se tramitan en Chile, Argentina, Paraguay y en países europeos.
La resolución del ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, de dar curso al juicio de extradición de Pinochet a España, es una contribución a la defensa de los derechos humanos y al proceso de democratización en Chile, opinó Gutierrez.
El letrado sostuvo en rueda de prensa que el juzgamiento de Pinochet en Chile "es imposible". La actual institucionalidad de Chile, hecha por Pinochet, "no se va a poner contra del padre fundador de ese régimen", afirmó.
"Los poderes fácticos de Chile, las fuerzas armadas y la derecha, impedirían cualquier procesamiento de Pinochet", observó Gutiérrez. (FIN/IPS/pc/ff/hd/99
