La batalla entre los grupos que luchan para prevenir los embarazos no deseados y los que rechazan la práctica la interrupción del embarazo recrudece en México, donde se realizan por año unos 300.000 abortos clandestinos.
La pelea llegó esta semana al terreno legal, cuando el conservador grupo Pro-Vida denunció ante las autoridades a la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) por ofrecer anticonceptivos "de emergencia" a adolescentes.
Mexfam denomina así a las altas dosis anticonceptivas orales prescriptas antes de las 72 horas posteriores al contacto sexual, conocido en algunos países como método "del día después".
Este mécanismo "detiene la liberación del óvulo e impide la fecundación, lo que representa la última oportunidad de evitar el inicio del embarazo", explicó el director general de la organización, Alfonso López.
Según una denuncia presentada ante la Procuraduría de Justicia de la capital mexicana, las 15 clínicas y 200 consultorios de Mexfam, organización privada fundada en 1965, asisten a las mujeres en materia de anticonceptivos mediante métodos a los que considera abortivos e ilegales.
Mexfam replicó que sus acciones concuerdan con las de un "movimiento mundial que pretende abatir el índice de embarazos no deseados en la población adolescente", declaró López este jueves a IPS.
En México "se registran al año 380.000 nacimientos de madres menores de 20 años, mientras más de 500.000 jóvenes se embarazan", aunque no todos los casos son de concepciones no deseadas, explicó.
"Nosotros actuamos dentro del marco de la prevención para evitar que las mujeres se enfrenten a la disyuntiva de practicarse un aborto" y "entregamos anticonceptivos a las adolescentes por una sencilla razón: porque lo necesitan", afirmó López.
Entre 15 y 26 por ciento de los recién nacidos en América Latina y el Caribe son hijos de adolescentes. De los 13 millones de partos registrados cada año en la región, dos millones corresponden a madres de entre los 15 y 19 años, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El derecho a la salud "está por encima de cualquier otra consideración" y Mexfam "seguirá luchando para frenar el número de embarazos no deseados, incluido el método de anticoncepción de emergencia" al que Pro-Vida considera abortivo.
"La anticoncepción de emergencia no es equivalente a aborto", como afirma Pro-vida, que recomienda la abstinencia como "único método para evitar el embarazo, que es buena para los ángeles y no para los seres humanos", declaró el director de Mexfam.
"Aunque es difícil calcular la cifra, se estima que en México ocurren entre 300.000 y 600.000 abortos clandestinos al año", agregó.
Organizaciones no gubernamentales mexicanas señalan que cada año mueren en el país unas 20.000 mujeres que se someten a abortos, práctica prohibida por la ley.
Las clínicas de Mexfam atienden uno o dos casos diarios de "complicaciones de abortos mal practicados", dijo López.
Mexfam trabaja ofreciendo educación sexual a las mujeres, "así como creando conciencia en la urgencia de prevenir los embarazos no deseados, al margen de las luchas legales por la despenalización de aborto, que respetamos", concluyó López.
En su campaña contra el aborto, Pro-Vida se ha enfrentado incluso con el secretaría (ministro) de Salud, Juan Ramón de la Fuente, quien se había limitado a proponer una consulta popular sobre el asunto.
Grupos feministas y organizaciones no gubernamentales dan la batalla para que el parlamento realice una amplia consulta.
La Asamblea Legislativa de la capital de México, que analiza el código penal capitalino, es escenario casi permanente de manifestaciones de organizaciones religiosas y de Pro-Vida, que protestan contra las propuestas de despenalizar el aborto.
Unas 40 organizaciones no gubernamentales han dialogado durante los últimos meses con los diputados capitalinos, con el fin de ampliar las causales para interrumpir un embarazo, como en los casos de riesgos para la salud de la madre o cuando se detectan malformaciones en el bebé.
El cuerpo legislativo es dominado desde diciembre de 1997 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que propone someter la despenalización del aborto a referéndum.
La Agrupación Política Feminista Diversa exhortó al PRD a "no ceder a los chantajes, presiones y amenazas de grupos conservadores como Pro-Vida, que pretenden impedir que se abra una discusión sobre el aborto".
Para el Grupo de Información y Reproducción Elegida, la despenalización del aborto reduciría más de 20 millones de dólares los gastos anuales que ocasiona el uso de 1.500 camas de hospital para atender a mujeres con complicaciones por abortos ilegales.
Según una encuesta, 83 por ciento de los mexicanos considera que la decisión de abortar corresponde a la mujer o a la pareja, no a la Iglesia ni al Estado. (FIN/IPS/pf/mj/hd pr he/99
