Organizaciones humanitarias de Guatemala criticaron el bajo monto de las indemnizaciones que el gobierno comenzará a entregar el 3 de mayo a las víctimas del conflicto armado interno concluido en 1996.
Raquel Zelaya, directora de la gubernamental Secretaría de la Paz (SEPAZ), manifestó a su vez su confianza de que prosperen gestiones ante organismos internacionales para duplicar los fondos actuales del Programa Nacional de Resarcimiento, hoy dotado de tres millones de dólares.
Mario Polanco, dirigente de la asociación Grupo de Apoyo Mutuo, dijo a IPS que el gobierno debe facilitar muchos más recursos para otorgar "una indemnización digna y decorosa a las víctimas"
Polanco recordó que la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) evaluó en más de 200.000 los afectados por los 36 años de guerra interna, por lo que se debería contar con unos 15 millones de dólares "sólo para arrancar".
"Lo que pretenden hacer es cualquier cosa menos resarcimiento", dijo Polanco, y agregó que su grupo hará un llamado a la población para que no se deje engañar con los ofrecimientos del gobierno.
Según Zelaya, el porgrama está dirigido a la población más afectada por las violaciones a los derechos humanos.
En las indemnizaciones se dará prioridad a las áreas más afectadas por la violencia y que actualmente se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, precisó.
Manifestó también que la intención del Ejecutivo es otorgar un reconocimiento social, político, moral y espiritual a los damnificados, sin que eso implique dejar a un lado el aspecto financiero.
Según la funcionaria existe una amplia gama de posibilidades para la concreción de las ayudas, como la concesión de becas a los huérfanos menores de edad y asistencia psicosocial, entre otros.
Se privilegiará los casos colectivos de municipios, aldeas, caseríos que coincidan con las regiones de pobreza extrema y que fueron escenario del enfrentamiento, señaló.
Cerca de 80 por ciento de los 11 millones de habitantes de Guatemala vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, mientras el analfabetismo llega a 33 por ciento de la población.
El conflicto armado interno, que duró 36 años, dejó un saldo de más de 150.000 muertos, 50.000 desaparecidos y un millón de desplazados.
La ejecución del proyecto estará coordinada por la SEPAZ, y contará con apoyo de las gubernamentales Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Fondo Nacional para la Paz.
Tras casi una década de diálogo entre el gobierno y los grupos insurgentes se firmó la paz el 29 de diciembre de 1996.
Aldo Morales, dirigente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, dijo que el gobierno ha desestimado el informe de la CEH.
"El tema del resarcimiento a las víctimas es concebido por el gobierno como un programa de infraestructura social pero no tiene nada que ver con la reparación del daño causado a las víctimas", observó.
La CEH, también conocida como Comisión de la Verdad, presentó su informe el 25 de febrero.
En él concluye que "las fuerzas del Estado y grupos paramilitares fueron responsables del 93 por ciento de las violaciones documentadas" y los insurgentes de izquierda del tres por ciento.
"En el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya", agrega. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/99
