Con la condena a muerte del ciudadano salvadoreño Otto Rodríguez Llerena son dos los acusados de terrorismo juzgados y sentenciados a la pena capital en marzo en Cuba.
Fuentes diplomáticas revelaron a IPS que la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana dictó sentencia el martes en el caso de Rodríguez Llerena
La pena de muerte ya había sido dictada contra el también salvadoreño Raúl Cruz León que, como Rodríguez Llerena, confesó haber participado en una ola de atentados contra la industria turística cubana en 1997.
En los dos casos, la población cubana pudo ver por la televisión estatal fragmentos de la vista oral, que fue abierta a la prensa, y la filmación de la reconstrucción de los hechos con la participación de los protagonistas.
La ley de Procedimiento Penal determina la apelación automática de las condenas ante el Tribunal Supremo Popular. En caso de ser confirmada la sentencia a muerte, el Consejo de Estado decidir si se ejecuta.
Rodríguez Llerena se declaró culpable de la detonación de una bomba el 4 de agosto de 1997 en el vestíbulo del hotel Melía Cohiba, una instalación estatal cubana administrada por el Grupo Sol de España.
También aseguró haber sido contratado en ambas ocasiones por el exiliado cubano Luis Posada Carriles, supuesto autor de un atentado contra un avión de la compañía Cubana de Aviación que provocó la muerte de 73 personas.
Posada Carriles provocó un escándalo periodístico el pasado año al afirmar al diario estadounidense The New York Times que mantenía vinculaciones con la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), la más influyente organización del exilio cubano en Estados Unidos.
Así mismo, se declaró responsable de la organización de atentados contra la industria turística cubana desde América Central y anunció que preparaba nuevos planes.
Rodríguez Llerena fue detenido el 10 de junio de 1998 cuando intentaba introducir en territorio cubano 1.519 gramos de explosivos que, según aseguró un testigo en el juicio oral, iban a ser utilizados para volar varios sitios históricos.
El testigo, Juan Francisco Fernández, un agente encubierto cubano, debía ser el receptor de los explosivos, destinados al mausoleo que contiene los restos del guerrillero Ernesto 'Che' Guevara, entre otros objetivos.
"Verdaderamente, estoy arrepentido de mis actos y quiero decir que de muchas cosas que se han hablado aquí no tenía conocimiento", dijo Rodríguez Llerena durante su alegato y pidió perdón "a la sociedad cubana, al mundo y a mi familia".
Pero el fiscal Enrique Nuñez Guillo consideró de "extrema gravedad" el fin con que se intentaron introducir los explosivos decomisados y modificó su pedido inicial de 30 años de prisión por la pena de muerte.
Observadores en la isla estiman que es probable que el Consejo de Estado, máximo órgano de gobierno presidido por Fidel Castro, conceda clemencia al menos a uno de los sentenciados a muerte, muy probablemente a Rodríguez Llerena.
En el caso de Cruz León, declarado culpable de atentados contra seis hoteles y el restaurante La Bodeguita del Medio, de La Habana, aparece como agravante la muerte del empresario italiano Favio Di Celmo.
Los juicios contra los dos salvadoreños reanimaron la polémica en torno de la pena de muerte que, según información extraoficial, se ha dictado 15 veces en los últimos 10 años.
Pero, al mismo tiempo, pusieron en entredicho la esencia político-pacífica de la FNCA y se convirtieron en una acusación contra el gobierno de Estados Unidos por tolerar la organización de acciones terroristas contra la isla en su territorio.
La denuncia fue presentada el día 24 por el vicepresidente Carlos Lage en el 55 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
A partir del caso de los salvadoreños, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre mercenarismo, Enrique Bernales Ballesteros, reconoció el sábado que Cuba ha sido afectada por la actividad de mercenarios.
Bernales Ballesteros señaló que se trata de un caso claro, ya que los dos salvadoreños reconocieron su responsabilidad material en los atentados investigados. También anunció que pronto visitará Cuba, invitado por el gobierno de Castro, para comprobar los daños causados.
El relator especial afirmó que la práctica de contratar a mercenarios para perpetrar atentados y para la guerra constituye una violación de los derechos humanos y es contraria a la libre determinación de los pueblos y a la paz.
Asimismo, consideró que los mercenarios son "asesinos", pues ni siquiera respetan las leyes de la guerra y quien los utiliza actúa de igual forma.
La Asamblea General de la ONU aprobó en 1989 la Convención Internacional contra el empleo de mercenarios, pero ese instrumento sólo fue ratificado por 16 países y es necesario que lo hagan al menos 22 para que entre en vigor. (FIN/IPS/da/ff/ip hd/99
