Las autoridades de la provincia de Xingiang, en el occidente de China, perpetran graves violaciones de derechos humanos contra la minoría más numerosa del territorio, los musulmanes uigur, informó Amnistía Internacional.
Miles de uigures fueron detenidos en los últimos años y muchos de ellos sufrieron crueles formas de tortura, denunció Amnistía en un informe dado a conocer esta semana en la capital de Estados Unidos.
Muchos fueron ejecutados por terrorismo y subversión, tras procesos cuestionables. Otros sufrieron ejecuciones sumarias, en general después de las manifestaciones independentistas que son covocadas en la provincia desde 1996.
Esas violaciones de derechos humanos fueron cometidas con la intención de contrarrestar una oleada de creciente malestar étnico, acicateada por la constante llegada de colonos chinos, el desempleo, la discriminación y la privación de derechos básicos como la libertad religiosa, según Amnistía.
El informe de 92 páginas apareció en momentos en que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, considera una resolución patrocinada por Estados Unidos que incluye una condena al desempeño de China en materia de derechos humanos, incluyendo su tratamiento a las minorías.
"Este nuevo informe sobre Xingiang contiene pruebas irrefutables para condenar la actitud china en materia de derechos humanos en la Comisión", declaro T. Kumar, directora de la sección asiatica de Amnistía Internacional.
"Las violaciones denunciadas en Xingiang, complementadas por la severa represión documentada hace tiempo en otras áreas de China y Tibet, deberían avergonzar a los miembros de la Comisión que aún no apoyaron la resolución", expreso.
"Tomamos debida nota de aquellos que están listos para ir a la guerra en Yugoslavia pero no tienen el coraje de desafiar a China", añadió.
Kumar se refería a los bombardeos aéreos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para obligar a Yugoslavia a detener las violaciones de derechos humanos contra la población albanesa de la provincia de Kosovo, tambien con mayoría musulmana.
China, que protestó con vehemencia por la acción de la OTAN, teme que se pueda establecer un peligroso precedente respecto del tratamiento que brinda sus propias minorías que, como los albaneses en Kosovo, están concentrados en un área particular llamada Región Autónoma Uigur de Xingiang.
La región, a la cual Beijing considera una fuente potencial de inestabilidad, cubre alrededor de 17 por ciento del área continental china y limita con varios países musulmanes de Asia central como Kazajstán, Afganistán y Pakistán, y con Mongolia y Rusia, al norte.
Los uigures y la etnia turkic representaban más de 90 por ciento de la población de la Región Autónoma Uigur cuando los comunistas tomaron el poder en Beijing en 1949.
Pero la constante afluencia de colonos de la etnia han, predominante en China, ha alterado el equilibrio demográfico, según el informe de Amnistía.
Los uigures constituían en 1997 cerca de 47 por ciento de la población de región autónoma, los han, 42 por ciento, y los kazajos y otras minorías, siete por ciento, según estadísticas del gobierno chino. La población total de la región es de 17 millones de habitantes.
Expertos extranjeros afirmaron que desde 1980 los han superaron en número a los uigures. La afluencia de chinos se acentuó en los últimos años debido, en parte, al aumento del desempleo en el resto del país por las reformas económicas dispuestas por Beijing.
"La población indígena se ha sentido cada vez más marginada en la que consideran la tierra de sus antepasados", señaló el informe.
La minoría uigur gozó de menos presión por parte de Beijing cuando se implementó la politica china de "puertas abiertas" a fines de los años 70. Las mezquitas fueron reabiertas y se construyeron otras nuevas. Se permitió a los uigures viajar al exterior y las trabas al clero musulmán disminuyeron.
La liberalización terminó abruptamente a fines de los 80, en medio de crecientes temores del gobierno, presionado por el movimiento "prodemocrático" en las grandes ciudades chinas, a perder el control del país.
Esos temores se robustecieron cuando alrededor de 50 personas resultaron muertas durante protestas y motines en la localidad uigur de Kashgar en abril de 1990.
La situación se agravó con la imposición china de control de la natalidad en la Región Autónoma Uigur, según la cual los funcionarios locales ejercen presión sobre las parejas para limitar el número de hijos de dos a uno.
Esta política generó violentos incidentes, incluso ataques contra oficinas de planificación familiar.
Desde entonces, la tensión étnica ha seguido en aumento, en ocasiones con demostraciones espontáneas, revueltas e incluso fatales atentados con bombas en la capital de la Región Autónoma, Urumqui.
El gobierno respondió con un aumento de la represión contra lo que llamó "separatistas nacionales", "terroristas" y "extremistas religiosos". El conflicto ha empeorado cada vez más desde 1996, indicó el informe.
Amnistía ha documentado alrededor de 210 sentencias de muerte y 190 ejecuciones. La mayoría de los uigures sentenciados desde 1997 en la Región Autónoma fueron condenados por subversión y actividades terroristas.
Se comprobo también que miles de personas fueron detenidos de forma arbitraria en los últimos años, muchas de las cuales son prisioneros políticos u objetores de conciencia.
Algunos fueron condenados a largos períodos de reclusión tras procesos injustos, y otros fueron encarcelados durante años sin juicio ni acusación, apuntó Amnistía.
El informe detalló los casos de 200 prisioneros políticos y objetores de conciencia arrestados a comienzos de los años 90 y que todavía siguen recluidos.
Se cree que muchos de los detenidos fueron torturados, algunos con métodos crueles no aplicados en ninguna otra parte de China. Esos metodos incluyen la aplicación de drogas inyectables que provocarían desequilibrio mental o la pérdida de la facultad de expresarse con coherencia.
El informe indica que obtener información fidedigna acerca de la provincia es una tarea dificultosa debido al escaso acceso al territorio de observadores independientes y a las intimidaciones de que son objeto las víctimas de las violaciones y sus familiares por parte de las autoridades chinas. (FIN/IPS/tra- en/jl/mk/ego/mj/hd ip/99
