El prolongado arresto en Londres del general retirado Augusto Pinochet reabrió esta semana en Chile el debate sobre propuestas para ubicar los restos de las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura (1973-1990).
El gobierno reiteró estar dispuesto a buscar soluciones en la materia, pero el socialista Ricardo Lagos, precandidato presidencial favorito en el oficialismo, negó que el tema se vincule al caso del ex dictador Pinochet.
En oportunidad de la pasada Semana Santa, la Iglesia Católica insistió en la necesidad de que el país se reconcilie, sobre la base de la verdad en cuanto a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Pinochet.
En medios políticos se intercambian igualmente consultas para legislar sobre mecanismos que faciliten la entrega de informes sobre el paradero de restos de detenidos-desaparecidos.
La discusión está instalada en Chile desde el restablecimiento de la democracia y en particular desde la difusión, en abril de 1991, del llamado Informe Rettig de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
Allí se estableció, a partir de casos documentados judicialmente, que en los casi 17 años de dictadura hubo 3.190 crímenes contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos políticos, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Los desaparecidos son 1.198 y siguen constituyendo un elemento de acusación contra Pinochet, según el juez español Baltasar Garzón, quien pidió la extradición del ex dictador a España para juzgarlo por crímenes contra la humanidad.
Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre y desde el 15 de este mes enfrentaría el juicio de extradición, pese a que un fallo de la Cámara de los Lores del 24 de marzo redujo considerablemente los cargos en su contra.
El máximo tribunal inglés determinó que Pinochet puede ser extraditado a España sólo por delitos de tortura cometidos a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que Gran Bretaña ratificó la convención de Naciones Unidas contra la tortura.
Garzón insistirá ante los tribunales británicos en que la desaparición forzada constituye una forma de tortura y es un delito permanente, asociado al secuestro, en tanto no aparezca la víctima con vida o su cadáver.
Más allá de este debate, el arresto de Pinochet fue una evidencia para el gobierno de Eduardo Frei de la visión crítica de la comunidad internacional sobre el tratamiento de los derechos humanos en la transición chilena.
Al restablecerse la democracia, en marzo de 1990, siguieron su curso judicial varias causas por crímenes represivos, pero la justicia militar absolvió a la mayoría de los acusados, invocando la ley de amnistía de marzo de 1978.
No obstante, la citación a militares a los tribunales causó malestar en el Ejército, que tuvo a Pinochet como su comandante en jefe hasta el 10 de marzo de 1998, fecha en que éste dejó el cargo para jurar al día siguiente como senador vitalicio.
El gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) hizo dos intentos legislativos para cerrar los procesos pendientes, sobre la base de facilitar la búsqueda de los restos de desaparecidos y de mantener en reserva la identidad de los responsables.
Tales iniciativas en fueron impugnadas por organismos humanitarios, que las calificaron de "punto final encubierto" y tampici las aceptaron los sectores socialistas incorporados a la coalición gobernante.
El gobierno necesita ahora demostrar que en Chile "se puede y se debe" hacer justicia en materia de los delitos que se imputan a Pinochet, para impedir así que se ponga en marcha el juicio de extradició a España del ex dictador.
Para esos efectos, el gobierno espera que el juez Juan Guzmán avance en la tramitación de unas 20 querellas criminales presentadas contra el senador vitalicio desde enero de 1998, de las cuales ha acogido 14 a trámite.
Pero a la vez, algunos sectores señalan que para hacer justicia se debe completar la transicin, removiendo leyes e instituciones que crean un marco de impunidad a favor de Pinochet y de los demás violadores de derechos humanos.
Es en este contexto que se reanudaron los llamamientos de la Iglesia y que el derechista Partido Renovación Nacional (PRN) sugirió un acuerdo para cerrar en el plazo de un año los procesos pendientes por desapariciones forzadas.
"El plazo de término de un proceso es cuando se conoce la verdad. Si no, eso tiene otro carácter", comentó Lagos, quien señaló que "es malo vincular el tema de los derechos humanos a un hecho de la coyuntura (como el caso Pinochet)".
Lagos, líder de las corrientes socialistas, es el favorito de las encuestas para las elecciones presidenciales de diciembre de este año, pero el 30 de mayo debe disputar la candidatura oficialista en comicios primarios con el democristiano Andrés Zaldvar.
El precandidato socialista recalcó que el el tema debe abordarse sin presión del tiempo, e insistió en la cooperación de las Fuerzas Armadas. "Hay chilenos que saben donde están los cuerpos (de los desaparecidos). Lo grave es que no lo digan", advirtió.
El vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, exhortó al ministro del Interior, Raúl Troncoso, a abstenerse de iniciativas que lo expongan "a pasar a la historia como uno más que intentó el punto final".
Troncoso aclaró que, hasta ahora, la situación es "muy incipiente" y que no hay ninguna propuesta concreta para que él actúe como articulador. No obstante, subrayó que "todos tenemos que estar disponibles". (FIN/IPS/ggr/ff/ip hd/99
