El inicio del proceso de extradición a España del ex dictador de Chile Augusto Pinochet, autorizado por el gobierno de Gran Bretaña, es una prueba más del fin de la guerra fría, coincidieron activistas de derechos humanos en la capital española.
Joan Garcés, director del equipo jurídico acusador en España, sostuvo que una coalición internacional liderada por Henry Kissinger y Margaret Thatcher que intentaba politizar el caso Pinochet para impedir su extradición fue la derrotada.
El ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, autorizó el jueves el inicio del proceso de extradición a España de Pinochet, detenido en Londres desde el 16 de octubre.
Kissinger fue secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos (1973-1977) y defendió el golpe de Estado encabezado por Pinochet, que derrocó al gobierno constitucional del socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Gobernantes como Kissinger, dijo Garcés, "se empeñaban en castigar a los pueblos que votaban distinto de lo que ellos pretendían", dijo Garcés a IPS minutos después de conocerse la decisión de Straw.
La posición de la justicia de España y de Gran Bretaña, así como la decisión de Straw, "demuestran que la guerra fría terminó y que sus guerreros ya no son los que hoy dirigen el mundo", prosiguió.
El fallo de Straw "marca un antes y un después en la historia de los derechos humanos, de la ética y de la Justicia", dijo la argentina Matilde Artés, conocida como "abuela Sacha", quien recuperó a su nieta, arrebatada por la dictadura de su país (1976- 1983) a su hija desaparecida y entregada a un represores.
"Aun a la distancia, yo en Madrid y ella en Santiago, en estos momentos me encuentro junto a Sola Sierra, la presidenta de la asociación de familiares y víctimas de la dictadura chilena y con ella con todos los hermanos de dolor y lucha", puntualizó Artés.
El jurista español y diputado de la coalición Izquierda Unida Pablo Castellanos manifestó su convicción de que Pinochet recurrirá a los tribunales británicos para que el pedido de extradición no prospere.
De esa manera, "estaremos en presencia de un antejuicio sobre su actividad criminal", dijo.
Garcés explicó a IPS que a partir de la decisión de Straw comienza un proceso que puede durar meses y en el cual la justicia británica deberá analizar una a una las 1.240 acusaciones por torturas presentadas por el juez Garzón "y las que se puedan agregar en los próximos días".
Además, se podrá ampliar la tipificación de los delitos. Si para Gran Bretaña esos casos constituyen simples torturas y por lo tanto sus autores son extraditables si fueron cometidas después de diciembre de 1988, en España son también consideradas genocidio.
"La limitación es por tortura y conspiración para torturar después de 1988, pero no por otros delitos, contemplados además en el Convenio Europeo de Extradición", sostuvo Garcés.
Por otro lado, el director del Centro Salvador Allende de Barcelona, José Luis Vergara, se alegró de la resolución de Straw pero, agregó, es "necesario trabajar para que estas acciones judiciales dejen de tener caminos excepcionales y que funcione un Tribunal Penal Internacional".
Ese tribunal, cuya constitución se aprobó en julio último en una conferencia internacional celebrada en Roma, debe contar "con el necesario reconocimiento y apoyo de todos los países, para que sea el instrumento para hacer justicia en casos similares a los de Pinochet".
Garcés, fue, con 26 años, el más cercano asesor de Allende y estuvo a su lado, en el presidencial Palacio de La Moneda, de Santiago, durante el golpe de Estado perpetrado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
De regreso a España, creó la Fundación Presidente Allende y desde entonces investiga, aporta documentos, escribe libros sobre Chile y otros temas internacionales y dirige la acusación popular que inició el juicio contra Pinochet en 1997. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/99
