El presidente de Chile, Eduardo Frei, anunció que su gobierno impugnará en Londres la decisión adoptada por el ministro británico del Interior, Jack Straw, de dar curso al proceso de extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet.
El mandatario chileno, que inició el jueves una breve gira por Alemania y Polonia, señaló en Berlín que se planteará una apelación ante la corte divisional (de Bown Street) para impugnar la decisión de Straw mientras se determinan otros pasos a seguir.
En Santiago, el canciller José Miguel Insulza desechó las demandas de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y la Fundación Pinochet de que el gobierno adopte medidas políticas y diplomáticas contra Gran Bretaña.
"No habrá retiro de embajador ni ruptura de relaciones diplomáticas ni declaración de personas non gratas ni se llamará al embajador chileno (en Londres) a Santiago", dijo Insulza, al entregar el miércoles una declaración de cinco puntos sobre la decisión adoptada ese mismo día por Straw.
El gobierno insistirá en reclamar el "mejor derecho" de Chile para enjuiciar al ex dictador (1973-90), sobre la base de que en este caso se complementan los principios de soberanía y de justicia, indicó el canciller.
Las declaraciones de Frei en Berlín, la posición oficial entregada por Insulza y los pronunciamientos de los políticos oficialistas reflejaron moderación ante el dictamen del ministro británico, en contraste con las airadas reacciones derechistas.
Frei llamó a mantener la tranquilidad y normalidad, en tanto el diputado Enrique Krauss, presidente de la Democracia Cristiana, partido del mandatario, descartó que se genere inquietud en las Fuerzas Armadas.
Krauss opinó que el inicio del juicio de extradición a España de Pinochet no alterará ni los comicios primarios internos que la gobernante Concertación por la Democracia realizará el 30 de mayo ni las elecciones pesidenciales de diciembre próximo.
Insulza afirmó que Straw derivó los aspectos de fondo a los tribunales al ignorar la recomendación de la Cámara de los Lores, que en su fallo del 24 de marzo le sugirió revisar su anterior autorización del fallo de extradición, del 9 de diciembre.
La declaración oficial señala que el gobierno "examinará cuidadosamente con sus abogados las alternativas judiciales y políticas que aún estén disponibles, en la medida en que se trate de defender los principios (de justicia y soberana) que ha sustentado en este caso".
El texto agrega que se examinarán en profundidad las opiniones de Straw sobre la competencia española para juzgar a Pinochet y la posibilidad de que Chile pueda pedir la extradición del ex dictador para hacer valer su "mejor derecho" a procesarlo.
Con respecto a este último punto, Frei señaló en Berín que en el marco del Estado de derecho que impera en Chile, no corresponde al gobierno, sino a los tribunales, un eventual pedido de extradición de Pinochet, actual senador vitalicio.
Según la jurisdicción chilena, para extraditar a Pinochet se requerirá que los tribunales lo encausen por los delitos de que se le acusa en algunas de las 19 querellas presentadas en su contra y que luego sea despojado de su inmunidad como senador. (FIN/IPS/ggr/ag/ip-hd/99
