El gobierno de Chile anunció que pedirá un arbitraje internacional para dirimir una contienda de competencia con España y Gran Bretaña, en el juzgamiento del ex dictador Augusto Pinochet según la Convención contra la Tortura.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, señaló el viernes que si en un plazo de seis meses no se llega a un acuerdo con los dos países, Chile llevará el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La decisión del gobierno de Eduardo Frei fue anunciada una semana antes de que se inicie en la corte de Bown Street de Londres el juicio de extradición a España contra el ex dictador de 83 años.
Pinochet, actual senador vitalicio, está arrestado desde el 16 de octubre de 1998 en Londres, a requerimiento del juez español Baltasar Garzón, quien instruye un proceso por crímenes contra la humanidad a las antiguas dictaduras de Chile (1973-90) y de Argentina (1976-83).
El 24 de marzo, la Cámara de los Lores determinó que el ex gobernante de facto sólo puede ser extraditado por delitos establecidos en la Convención Internacional contra la Tortura, que el Reino Unido ratificó en diciembre de 1988.
De acuerdo a este instrumento y su fecha de vigencia, se redujeron sustancialmente los cargos que Garzón presentó contra Pinochet, no obstante lo cual el ministro británico del Interior, Jack Straw, ratificó el juicio de extradión el día 15.
Insulza dijo que de acuerdo a la propia convención, que Chile ratificó también en 1988, este país debe juzgar a Pinochet, por lo cual se crea la contienda con España, que se "autoasigna" competencia para procesarlo.
A su vez, agregó el canciller chileno, Gran Bretaña le está reconociendo competencia a España, al tenor del último dictamen de Straw, por lo cual corresponde buscar un arbitraje con los dos países.
Insulza adelantó igualmente que el gobierno de Eduardo Frei hará una presentación por escrito impugnando el dictamen de Straw, cuando se trate el recurso presentado por la defensa de Pinochet.
La fórmula del arbitraje representa una novedad en la estrategia que el gobierno chileno mantuvo hasta ahora, de cuestionar el arresto y probable extradición de Pinochet en presentaciones directas ante los tribunales ingleses.
Pese a que el canciller reiteró el propósito de conseguir el regreso del ex dictador "lo más pronto posible", lo cierto es que este nuevo camino no da ninguna garantía de resolución rápida, según las indicaciones del propio Insulza.
En la perspectiva de que el caso llegue finalmente a la Corte de La Haya, Chile tendrá que renunciar a la reserva que específicamente en este aspecto formuló al suscribir la Convención sobre la Tortura, durante el régimen dictatorial.
El presidente Frei ya autorizó a Insulza para que gestione ante la Organización de las Naciones Unidas el retiro de las reservas, relativas al artículo 30 de la Convención, que posibilitaría el recurrir a la corte internacional.
No obstante, añadió Insulza, Chile es partidario de un arbitraje directo con españoles y británicos, ya que el tribunal de La Haya representa "un proceso más largo y menos expedito".
Mientras el gobierno daba a conocer sus nuevos pasos en el caso Pinochet, el tama era también analizado en una prolongada reunión del cuerpo de generales del Ejército, que se realizó durante todo este viernes a puertas cerradas.
En este encuentro, el comandante del arma, general Ricardo Izurieta, entregó al alto mando castrense un detallado informe de la visita que, "a título personal", le hizo a Pinochet en Londres para llevarle la solidaridad del arma.
Izurieta, quien regresó el jueves de su viaje de una semana, recibió la comandancia del Ejército el 10 de marzo de 1998 de manos del ex dictador, quien ejerció el cargo desde el 23 de agosto de 1973. (FIN/IPS/ggr/dm/ip hd/99
